Las pensiones excesivas, muchas de ellas irregulares, que paga el gobierno del estado a ex burócratas resultan en una sangría al erario de alrededor de 500 millones de pesos al año, según cálculos de Morelos Rinde Cuentas.
Si la mitad de esas pensiones resultaran irregulares, y se revocaran el ahorro superaría los mil millones de pesos en seis años y permitiría redirigir esos montos a necesidades urgentes para el estado como la infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo económico. Las pensiones excesivas, sin embargo, están toleradas por la ley, y salvo en los casos que se han detectado prácticas ilegales para adquirir los beneficios del retiro, podrían ser inmorales, pero su revocación resultará imposible.
Entonces la autoridad tendría que fijarse dos objetivos urgentes, primero la reforma a la norma que permite a los burócratas pensionarse con altos salarios después de tiempos relativamente cortos de servicio, modificación que operaría sobre todas las futuras solicitudes de jubilación del gobierno estatal (lo que explica el escaso eco que tiene esta idea en la esfera política); y segundo, la investigación y sanción a los responsables del otorgamiento de beneficios de retiro de forma irregular, lo que pasa por la cancelación de las pensiones ilegales, pero también por el castigo administrativo y penal a quienes participaron en la falsificación de documentos y autorización de los beneficios.
Por lo pronto, de acuerdo a lo observado por la Secretaría de Hacienda a este respecto, se puede iniciar la investigación sobre funcionarios municipales de Puente de Ixtla y Huiztilac que habrían producido y entregado documentación apócrifa para demostrar una antigüedad mayor a la real en el servicio público.
Aparentemente, la ruta era que el funcionario que buscaba pensionarse y no cumplía los requisitos acudía a alguien dentro del gobierno estatal que lo canalizaba con funcionarios municipales (entre 2012 y 2015 en Huiztilac, y entre 2015 y 2018 en Puente de Ixtla), que le producían una antigüedad ficticia con documentos de esos ayuntamientos; luego la solicitud llegaba al Congreso del Estado donde las comisiones responsables de la revisión pasaban por alto las inconsistencias –que no soportaron ni la primera revisión-, y se autorizaban las pensiones a los funcionarios. Es decir, habría funcionarios del Ejecutivo, el Congreso y los Ayuntamientos citados, que incurrieron en responsabilidad comprobable en un fraude al erario público que deberá castigarse en caso de que se encuentren los elementos suficientes para llevar a juicio a los responsables.
Sin embargo, sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de las conductas que se han identificado, será insuficiente si no se toman medidas adicionales para que este tipo de abusos no vuelvan a cometerse; para ello se requiere modificar también el protocolo que usa el Congreso para la revisión de expedientes y, por supuesto, también los que operan en los ayuntamientos para la entrega de documentación; del mismo modo.
Eliminar la corrupción, cierto, podría generar un ahorro enorme a las arcas del gobierno estatal; pero la optimización de recursos será mucho mayor si se logran transformar leyes y normas que presionan las finanzas públicas al grado de colapso, como se ha visto ya en muchos municipios, en el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, y en breve en el Ejecutivo.
Aunque resulte en un costo político alto, tendrá que trabajarse una propuesta menos onerosa en materia de jubilaciones y pensiones para los gobiernos, de otra forma, el resultado será desastroso en muy poco tiempo. Ya se está viendo.
