Justicia electoral autónoma

Si tomamos como estudio de caso una institución del orden judicial (un tribunal judicial electoral, por ejemplo), partimos de que las reglas del juego interno y operatividad, así como su impacto en los grupos sociales –partidos políticos- como en los individuos –los electores- son diferentes.

Mientras un Congreso se ocupa de legislar y sus integrantes recurren al establecimiento de reglas para alcanzar acuerdos en torno al contenido de las leyes, un órgano de justicia electoral ya dispone de reglas establecidas y le corresponde ejecutarlas.

Naturalmente, dado que en muchos casos los integrantes de esos órganos de justicia electoral son electos por congresos, con base en tendencias e ideologías, así como intereses partidistas, y que su número es impar para evitar la votación de empate, se impone también la necesidad de negociar y el establecimiento de reglas –incluso no escritas, sino determinadas sobre la marcha para la generación de acuerdos- como expone Shepsle en sus ejemplos de niños jugando un determinado juego.

En nuestro caso, reflexionamos en torno a que si bien las causas y consecuencias de las prácticas y características institucionales son diferentes, toda teoría que pretenda estudiar el comportamiento de las instituciones tendría que partir de una teoría que aplicara en todos los casos, ciertamente atendiendo a las particularidades de caso.

En el estudio del Congreso norteamericano y sus planteamientos del funcionamiento teorizado para determinar el comportamiento de quienes lo integran, al margen de si lo consigue o no, Shepsle, no aborda el impacto en la sociedad de ese determinado comportamiento, aunque sí nos ofrece referentes sobre el equilibrio derivado de las reglas escritas y las que se van adoptando a lo largo del juego.

Partiendo de que el objeto de estudio del autor analizado está centrado, esencialmente, en las instituciones y que se detiene en el hecho de que “si uno tiene una teoría evolutiva en mente, entonces debe especificar el proceso o mecanismo por el cual la evolución tiene lugar”, insistimos en enfatizar que dejó hueco el vacío en torno a su impacto en la sociedad.

Cuando hablamos de su teoría del equilibrio estructuralmente inducido para que una institución funcione, ¿lo hacemos pensando en que una institución sea funcional y capaz de llegar a acuerdos a pesar de las diferencias y la falta de reglas, que se van construyendo a lo largo del camino, o nuestro análisis debe ir más a fondo para poder valorar el funcionamiento de esa institución?

Y ejemplificamos: en el caso de un Congreso, como es el estudio de caso de Shepsle, produce leyes que impactan en la vida de grupos sociales e individuos. El autor nos habla del funcionamiento de la institución y de los mecanismos de que echa mano para ser operativamente funcional y cumplir su cometido, pero eso no necesariamente redunda en que la sociedad esté satisfecha del producto de sus acuerdos, funcionamiento y resultados –las leyes mismas-.

Y lo mismo hablamos al recurrir a nuestra caracterización, que recae en una institución responsable de impartir justicia electoral, porque procedimentalmente puede ajustarse a las reglas del juego escritas –la normatividad para su funcionamiento interno- lo mismo que resolver cualquier controversia que a lo largo del camino surja.

El problema en México de que una institución de justicia electoral (El TEPJF) recurra a reglas no escritas con el propósito de lograr acuerdos entre sus miembros, es (por desgracia) un vehículo del que echa mano el estilo personal de gobernar del presidente, López Obrador para ejercer (entre otros órganos) el control de la máxima autoridad de justicia electoral federal.

Se trata de una nociva intervención de cara a un proceso electoral que disputará mucho más que la abundancia de cargos públicos. Al final, 2021 es un grito abierto para todos a fin de defender la democracia y su diseño institucional.

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