La formalidad en México tiene un costo alto y así lo saben los empresarios y los trabajadores que tributan al fisco. El estímulo a la actividad económica legal y respetuosa de la ley es exclusivamente moral en un modelo de Estado que acostumbra encajarse con quienes tributan y poco o nada hace por regularizar a la actividad económica al margen de la ley.
La crisis del financiamiento al modelo de desarrollo en México, que se percibe por todos lados, deriva ciertamente del mal uso que se da a los escasos fondos con que se cuenta, pero también, y probablemente en mayor medida, a la escasa capacidad recaudatoria del Estado que permite márgenes de informalidad económica enormes (52% en el plano nacional, en Morelos 63.7%), y asfixia con altas tarifas impositivas a las empresas y trabajadores que ejercen en el sector formal.
Elevar las tarifas impositivas, como está ocurriendo en Morelos, es una forma injusta de enfrentar el problema en tanto castiga a quienes realmente los pagan y permite que sigan siendo omisos el amplísimo margen de informalidad. La tolerancia excesiva que se ha ofrecido a comercios y a otros contribuyentes reiteradamente omisos genera el agravio diario de empresarios y trabajadores que tributan miles de millones de pesos y reciben a cambio servicios deficientes, incapacidad de respuesta de las autoridades gubernamentales y otras omisiones que son enfrentadas con aumento en las cargas fiscales. El modelo es injusto y, dadas las tecnologías actuales, hasta parece deliberadamente sostenido por autoridades municipales, estatales y federales que encuentran en la discrecionalidad un bien económico o político.
No existe una disyuntiva entre justicia y desarrollo económico, de hecho, ambos términos deben ir de la mano para ser reales. Considerar, como hacen algunos funcionarios de gobierno que el crecimiento del empleo informal es una solución real al desempleo es un enorme absurdo que sólo funciona para ocultar una colección de omisiones en políticas públicas de fomento al desarrollo, y para mantener un esquema que somete a miles de personas (alrededor de 600 mil sólo en Morelos) a los controles del gobierno o peor, de grupos amafiados que protegen la ilegalidad.
Ampliar la base de recaudación es una premisa básica para aumentar los ingresos del gobierno por contribuciones; hacerlo por la vía del incremento de impuestos a la renta, el trabajo y hasta el consumo, es una medida excesiva que, adicionalmente, no genera ni por asomo los beneficios prometidos. Una política inteligente de fomento económico es necesariamente integral, atiende la atracción de inversiones, la generación de fuentes de empleo, la dinamización del consumo, el incentivo al ahorro, la certidumbre jurídica, la seguridad pública, la formación de recursos humanos, la sustentabilidad, y por supuesto, la equidad fiscal. Contar con un plan de desarrollo real y ejecutarlo es deber de los gobiernos federal, estatal y municipales, la irresponsabilidad en ello es una omisión grave con afectaciones económicas para toda la sociedad. Es irresponsable pensar que no hay alternativa.
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