César Arenas

  / jueves 21 de marzo de 2019

La advertencia

En semanas pasadas varios mensajes fueron lanzados con suficiente claridad por los grandes administradores del dinero del país. AMLO podrá crear nuevas políticas públicas, destruir instituciones, equivocarse, reconsiderar y con ello generar cuantiosas pérdidas económicas a los inversionistas, pero existe una sola cosa que parece no estar sujeta a cambios ni errores en la economía: la política fiscal.

Adelantamos este asunto cuando nos preguntábamos si en la 4T habría en México una nueva postura fiscal (14 de febrero, El Sol de Cuernavaca). El Fondo Monetario Internacional ya había advertido sobre la incertidumbre generada por las decisiones económicas tomadas (cancelación del NAICM y el plan de inversión de Pemex presentado en Nueva York), de ahí que lanzara como advertencia que ante esta situación era crucial para el país alcanzar el 1 por ciento del PIB como superávit primario, mantener el coeficiente de deuda pública y cumplir con los principios de la responsabilidad fiscal.

Como si no hubiera sido suficiente, los administradores del dinero en México replicaron esta advertencia la semana pasada, lo cual nos hace pensar que no había sido suficientemente comprendida, asimilada o considerada por la 4T. Los responsables de hacerlo fueron los directores de Citibanamex (El Universal, 14 de marzo) y HSBC (El Universal, 15 de marzo).

Para Citibanamex, “incumplir la disciplina fiscal puede cambiar la certidumbre macroeconómica”, lo cual implica un “riesgo por encima de las alertas de las calificadoras”. De acuerdo con el directivo, “este asunto sí es importante porque cambia la perspectiva de certidumbre macroeconómica de México.” Por su parte, HSBC considera que el gobierno de México debe “cumplir la promesa de alcanzar el superávit primario” y definir con claridad cual será el nuevo “rol del sector privado, sobre todo en Pemex”.

Este asunto siempre ha estado en el debate público, ya sea de forma explícita o entre velada, dentro o fuera del sector empresarial. Recordemos que el año pasado, en medio del proceso electoral varios personajes públicos presentaron el “Manifiesto México” (3 de abril de 2018) con 7 demandas ciudadanas, ocupando un espacio importante el “mantener finanzas sanas y competitividad fiscal, la política de deuda y gasto público controlado”.

Durante el episodio de confrontación con los empresarios, se publicó el desplegado “Así No” (3 de mayo de 2018) del Consejo Mexicano de Negocios, alertando que “las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo”. En la misma sintonía, el Consejo Coordinador Empresarial publicó “Trabajamos por México” (7 de mayo de 2018) llamando a la unidad, respeto a lo diverso, a la libertad para disentir y pensar diferente.

Para el sector financiero, las reformas estructurales (laboral, competencia económica, hacendaria, telecomunicaciones, financiera, energética, electoral, transparencia, penal, educativa y seguridad social) aprobadas durante el gobierno anterior, no fueron suficientes para eliminar los factores que siguen limitando el crecimiento. Muchos concluyen que hubo una sobreestimación de las reformas estructurales, porque no se produjo el crecimiento económico prometido; de hecho, a pesar de dichas reformas persisten muchos de los factores que limitan el desarrollo del potencial productivo.

Ahora bien, si AMLO busca una transformación en el plano económico deberá valorar seriamente el enfrentarse o no a las advertencias del sector financiero. No todo se resuelve acabando la corrupción, ni tampoco con una política fiscal restrictiva en la que los principales beneficiarios son los empresarios del sector financiero. Los críticos del gobierno consideran que la excesiva centralización administrativa, así como el desconocer los avances e instituciones creadas en el pasado llevará al país inevitablemente a un falso progreso. Muchos de los cambios eran necesarios y urgentes, pero hay otros que no lo eran tanto.

En materia de política fiscal, la 4T debería reflexionar profundamente su posición ya que sería una herramienta poderosa para transformar verdaderamente al país y generar un entorno de mayor productividad, inversión y desarrollo.

En semanas pasadas varios mensajes fueron lanzados con suficiente claridad por los grandes administradores del dinero del país. AMLO podrá crear nuevas políticas públicas, destruir instituciones, equivocarse, reconsiderar y con ello generar cuantiosas pérdidas económicas a los inversionistas, pero existe una sola cosa que parece no estar sujeta a cambios ni errores en la economía: la política fiscal.

Adelantamos este asunto cuando nos preguntábamos si en la 4T habría en México una nueva postura fiscal (14 de febrero, El Sol de Cuernavaca). El Fondo Monetario Internacional ya había advertido sobre la incertidumbre generada por las decisiones económicas tomadas (cancelación del NAICM y el plan de inversión de Pemex presentado en Nueva York), de ahí que lanzara como advertencia que ante esta situación era crucial para el país alcanzar el 1 por ciento del PIB como superávit primario, mantener el coeficiente de deuda pública y cumplir con los principios de la responsabilidad fiscal.

Como si no hubiera sido suficiente, los administradores del dinero en México replicaron esta advertencia la semana pasada, lo cual nos hace pensar que no había sido suficientemente comprendida, asimilada o considerada por la 4T. Los responsables de hacerlo fueron los directores de Citibanamex (El Universal, 14 de marzo) y HSBC (El Universal, 15 de marzo).

Para Citibanamex, “incumplir la disciplina fiscal puede cambiar la certidumbre macroeconómica”, lo cual implica un “riesgo por encima de las alertas de las calificadoras”. De acuerdo con el directivo, “este asunto sí es importante porque cambia la perspectiva de certidumbre macroeconómica de México.” Por su parte, HSBC considera que el gobierno de México debe “cumplir la promesa de alcanzar el superávit primario” y definir con claridad cual será el nuevo “rol del sector privado, sobre todo en Pemex”.

Este asunto siempre ha estado en el debate público, ya sea de forma explícita o entre velada, dentro o fuera del sector empresarial. Recordemos que el año pasado, en medio del proceso electoral varios personajes públicos presentaron el “Manifiesto México” (3 de abril de 2018) con 7 demandas ciudadanas, ocupando un espacio importante el “mantener finanzas sanas y competitividad fiscal, la política de deuda y gasto público controlado”.

Durante el episodio de confrontación con los empresarios, se publicó el desplegado “Así No” (3 de mayo de 2018) del Consejo Mexicano de Negocios, alertando que “las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo”. En la misma sintonía, el Consejo Coordinador Empresarial publicó “Trabajamos por México” (7 de mayo de 2018) llamando a la unidad, respeto a lo diverso, a la libertad para disentir y pensar diferente.

Para el sector financiero, las reformas estructurales (laboral, competencia económica, hacendaria, telecomunicaciones, financiera, energética, electoral, transparencia, penal, educativa y seguridad social) aprobadas durante el gobierno anterior, no fueron suficientes para eliminar los factores que siguen limitando el crecimiento. Muchos concluyen que hubo una sobreestimación de las reformas estructurales, porque no se produjo el crecimiento económico prometido; de hecho, a pesar de dichas reformas persisten muchos de los factores que limitan el desarrollo del potencial productivo.

Ahora bien, si AMLO busca una transformación en el plano económico deberá valorar seriamente el enfrentarse o no a las advertencias del sector financiero. No todo se resuelve acabando la corrupción, ni tampoco con una política fiscal restrictiva en la que los principales beneficiarios son los empresarios del sector financiero. Los críticos del gobierno consideran que la excesiva centralización administrativa, así como el desconocer los avances e instituciones creadas en el pasado llevará al país inevitablemente a un falso progreso. Muchos de los cambios eran necesarios y urgentes, pero hay otros que no lo eran tanto.

En materia de política fiscal, la 4T debería reflexionar profundamente su posición ya que sería una herramienta poderosa para transformar verdaderamente al país y generar un entorno de mayor productividad, inversión y desarrollo.

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