El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 fue aprobado "sin cambiarle una coma" a pesar de las múltiples evidencias de sus fallas y errores. Entre estas, algunas que van a tener profundas consecuencias en el sector de la educación superior y la investigación.
De acuerdo a la ANUIES, el tamaño del boquete presupuestal para las instituciones de educación superior públicas es de 492.9 millones de pesos para instituciones federales, así como mil 285 millones de pesos para instituciones estatales, tecnológicas y politécnicas, prácticamente todas las universidades públicas de México tienen déficit.
Una de las situaciones más críticas es la obligación de las universidades para no cobrar cuotas lo cual quedó plasmado en la Ley General de Educación Superior, sin embargo, el fondo que la misma Ley ordena crear para subsanar el vacío presupuestal no trae recursos para el próximo año dejando a las instituciones en la difícil decisión entre quebrantar la Ley o quebrantar sus finanzas.
Apoyar a la instituciones de educación superior, sobre todo a las Universidades Autónomas, tiene una relevancia que trasciende su función inmediata que es la formación de profesionistas en todas las áreas del conocimiento y consiste en salvaguardar las libertades académicas.
Las libertades académicas se componen de cinco indicadores: libertad de investigación y cátedra; libertad para el intercambio y diseminación del conocimiento; autonomía institucional; integridad del campus; y libertad cultural y de expresión. Estos indicadores son analizados de manera regular por la asociación Education International y sus resultados se publican como el Academic Freedom Index.
Hasta ahora México tiene una buena calificación en el índice sin embargo es fundamental estar atentos a una serie de iniciativas que podrían provocar su deterioro. La reciente discusión del artículo 3o de la Constitución en el marco de la llamada contrareforma educativa estuvo a punto de resultar en la eliminación de la autonomía universitaria. No es posible saber si fue un acto intencional o un error de redacción como se argumentó en su momento.
Lo que sí sabemos es que mientras que se reduce de manera sistemática el presupuesto para las universidades autónomas se amplia para un sistema paralelo que no goza de este estatus, eso incluye la creación de las Universidades Benito Juárez.
También sabemos que se está llevando a cabo un experimento en la Universidad Autónoma de Zacatecas impulsado desde la Secretaría de Educación que, bajo la pretensión de romper con un modelo neoliberal, pretende implantar una política de cero rechazo, el rediseño de los planes y programas de estudios para eliminar la formación de competencias y una mayor vinculación con la realidad social eliminando cualquier manifestación de criterios de calidad.
De resultar exitoso, en el sentido de que el modelo sea exportado a más universidades autónomas estatales, se corre el riesgo de que se utilice como referente para la asignación de presupuesto con lo cual se estaría cerrando la pinza sobre las instituciones.
La Autonomía Universitaria es uno de los grandes logros sociales de nuestro país. Tan inaceptable es que se utilice para el ejercicio abusivo de los recursos o como plataforma para ambiciones personales como que se vulnere desde las esferas del poder.
Uno de los grandes aciertos de la Ley General de Educación Superior recientemente publicada es la prohibición explícita para que los Congresos puedan modificar de manera unilateral las Leyes Orgánicas de las Universidades Autónomas, sin embargo, mientras no exista una formula matemática que asigne el presupuesto de manera transparente continuará el riesgo de debilitamiento por diseño político.
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