/ viernes 4 de octubre de 2019

La confianza y el INE…

Aunque con imperfecciones, costos altos derivados de la herencia de desconfianza, ineficiencias, y una complejidad extraordinaria que deriva más de los malos comportamientos de los contendientes que de fallas en el diseño institucional, las elecciones en México son confiables desde hace mucho tiempo. Las reformas electorales desde la creación del Instituto Federal (hoy Nacional) Electoral, han ido siempre en dos sentidos: primero, la garantía de que los procesos electorales sean transparentes y obtenga el triunfo quien más votos obtuvo; y segundo, la propia supervivencia del sistema político mexicano que se funda en un sistema de partidos que busca favorecer la tradición antes que la novedad.

Parte de esa tradición es la urgencia de los partidos políticos de meter mano a un sistema que funciona adecuadamente básicamente porque los procesos electorales están organizadas y operadas por ciudadanos y siempre son extraordinariamente vigiladas. La autonomía de las instituciones electorales (amenazada por la vía presupuestal por muchos gobiernos estatales), las cadenas de certeza eslabonadas en cada parte de los procedimientos electorales, las reglas que buscan mayor equidad en las condiciones de las contiendas, y la garantía de que la pluralidad política expresa en las urnas se reflejará en la integración posterior de los órganos de gobierno, son los elementos que el INE reconoce como pilares del sistema electoral mexicano y dependen en gran medida de la voluntad de los ciudadanos, pero también del compromiso democrático de los gobiernos en sus tres poderes.

Los altos costos del sistema electoral mexicano han sido tema de discusión frecuente en el ambiente político con algo de razón. Cierto que los procesos electorales resultan extraordinariamente costosos, entre otras cosas por la enorme cantidad de recursos que mantienen como subsidio los partidos políticos, entes que se mantienen regularmente activos incluso en tiempos no electorales y que obligan entonces a que las autoridades electorales también trabajen todo el tiempo. Especialistas en procesos electorales aseguran que si bien el costo de los procesos electorales es altísimo, sería mucho más costoso no tener elecciones confiables.

La desconfianza en los procesos electorales es un tema grave en tanto uno de los partidos que se han encargado de minar la certeza de los procesos hoy tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, cinco gubernaturas (que incluyen a tres de los estados con mayor población), y la mayoría en 20 congresos locales, resultados obtenidos en el sistema electoral que tanto criticaron y que, aseguraban, producía constantes fraudes que hasta ahora no han sido probados. Lo que es evidente es la falta de confianza que ese grupo mantiene en las instituciones electorales, motivo de grandes discursos y de argumentos lamentabilísimos en torno a la urgencia de una reforma electoral que abarate el costo electoral (posición que no aplican por cierto en torno a la reducción de recursos destinados al financiamiento ordinario y en campaña de los partidos políticos).

Para Lorenzo Córdova, el sistema electoral puede mejorar “hacer cambios, analizar ahorros, pero si no hay reforma, no pasa nada”. En efecto, es deseable que las autoridades electorales asuman una política de austeridad, si es que aún no la tienen; que superen temas tabú que generarían ahorros, como el voto electrónico; que se reduzca el enorme financiamiento a partidos políticos (a fin de cuentas el acceso a los medios electrónicos lo tienen a través del INE en tiempos oficiales); puede ahorrarse, pero sin comprometer la viabilidad de los procesos electorales, y buscando, sobre todo, fortalecer la confianza en el sistema electoral, que no es la única expresión que debiera tener nuestra democracia, pero sí constituye la más evidente.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Aunque con imperfecciones, costos altos derivados de la herencia de desconfianza, ineficiencias, y una complejidad extraordinaria que deriva más de los malos comportamientos de los contendientes que de fallas en el diseño institucional, las elecciones en México son confiables desde hace mucho tiempo. Las reformas electorales desde la creación del Instituto Federal (hoy Nacional) Electoral, han ido siempre en dos sentidos: primero, la garantía de que los procesos electorales sean transparentes y obtenga el triunfo quien más votos obtuvo; y segundo, la propia supervivencia del sistema político mexicano que se funda en un sistema de partidos que busca favorecer la tradición antes que la novedad.

Parte de esa tradición es la urgencia de los partidos políticos de meter mano a un sistema que funciona adecuadamente básicamente porque los procesos electorales están organizadas y operadas por ciudadanos y siempre son extraordinariamente vigiladas. La autonomía de las instituciones electorales (amenazada por la vía presupuestal por muchos gobiernos estatales), las cadenas de certeza eslabonadas en cada parte de los procedimientos electorales, las reglas que buscan mayor equidad en las condiciones de las contiendas, y la garantía de que la pluralidad política expresa en las urnas se reflejará en la integración posterior de los órganos de gobierno, son los elementos que el INE reconoce como pilares del sistema electoral mexicano y dependen en gran medida de la voluntad de los ciudadanos, pero también del compromiso democrático de los gobiernos en sus tres poderes.

Los altos costos del sistema electoral mexicano han sido tema de discusión frecuente en el ambiente político con algo de razón. Cierto que los procesos electorales resultan extraordinariamente costosos, entre otras cosas por la enorme cantidad de recursos que mantienen como subsidio los partidos políticos, entes que se mantienen regularmente activos incluso en tiempos no electorales y que obligan entonces a que las autoridades electorales también trabajen todo el tiempo. Especialistas en procesos electorales aseguran que si bien el costo de los procesos electorales es altísimo, sería mucho más costoso no tener elecciones confiables.

La desconfianza en los procesos electorales es un tema grave en tanto uno de los partidos que se han encargado de minar la certeza de los procesos hoy tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, cinco gubernaturas (que incluyen a tres de los estados con mayor población), y la mayoría en 20 congresos locales, resultados obtenidos en el sistema electoral que tanto criticaron y que, aseguraban, producía constantes fraudes que hasta ahora no han sido probados. Lo que es evidente es la falta de confianza que ese grupo mantiene en las instituciones electorales, motivo de grandes discursos y de argumentos lamentabilísimos en torno a la urgencia de una reforma electoral que abarate el costo electoral (posición que no aplican por cierto en torno a la reducción de recursos destinados al financiamiento ordinario y en campaña de los partidos políticos).

Para Lorenzo Córdova, el sistema electoral puede mejorar “hacer cambios, analizar ahorros, pero si no hay reforma, no pasa nada”. En efecto, es deseable que las autoridades electorales asuman una política de austeridad, si es que aún no la tienen; que superen temas tabú que generarían ahorros, como el voto electrónico; que se reduzca el enorme financiamiento a partidos políticos (a fin de cuentas el acceso a los medios electrónicos lo tienen a través del INE en tiempos oficiales); puede ahorrarse, pero sin comprometer la viabilidad de los procesos electorales, y buscando, sobre todo, fortalecer la confianza en el sistema electoral, que no es la única expresión que debiera tener nuestra democracia, pero sí constituye la más evidente.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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