Lo que parece molestar al lopezobradorismo respecto de la Consulta Popular 2021 no es la escasa difusión que la misma está recibiendo en los medios de comunicación (escasez relativa, por cierto); sino el hecho de que los difusores no mientan respecto al contenido y efectos de la misma como sí hacen muchos de los promotores de la imagen presidencial que convierten a la práctica de democracia participativa (así se llama como si existiera alguna otra posibilidad) en un magnífico distractor de problemas sumamente serios, como el repunte de contagios de la pandemia, la inseguridad, la crisis económica y otros problemas de los que se habla poco, a lo mejor porque significan mucho.
Molesta a quienes insisten en que la consulta popular es el medio para llevar a los tribunales a expresidentes de la República y ofrecen nombres y apellidos de quienes han sido previamente condenados por el imaginario popular, que se enuncie completo el contenido de la pregunta confusa, pero jurídicamente correcta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
También incomoda a los promotores de noticias falsas en torno a la consulta el que se recuerde la obligación de las autoridades de denunciar y proceder jurídicamente cuando se tienen las evidencias de la comisión de un probable delito. Es decir, la consulta no es indispensable para llevar ante la justicia a quienes hayan incurrido en actos de corrupción durante sus encargos como servidores públicos, ni antes ni ahora. En el óptimo de los casos, si la consulta resultara vinculante, al acumular la participación del 40% del listado nominal y un voto mayoritario por el sí, el gobierno federal podría integrar una suerte de comisión investigadora sobre casos aún no definidos del pasado en los que habría la sospecha de corrupción.
En lo positivo, la consulta es un primer ejercicio para la participación ciudadana en decisiones que, por su naturaleza e impacto, deben considerarse públicas. También el INE se estrena en esta práctica y para ello utiliza todos los recursos técnicos, humanos y materiales que tiene disponibles y que se ofrecen confiabilidad al procedimiento. De registrarse baja participación, los ánimos autoritarios de muchos dentro y fuera de los gobiernos podrían argumentar el poco interés ciudadano en participar en la toma de decisiones. Sólo por ese riesgo tendríamos que desear que a la Consulta Popular 2021 le fuera bien; aunque sus efectos sean prácticamente nulos en términos jurídicos y de gobierno.
Pero promover el ejercicio con base en mentiras, en promesas de cosas que no necesariamente ocurrirán (o que no hacía falta consultar para que ocurrieran), pone un tinte de perversidad al ejercicio cuyo uso podría ir más orientado al verdadero diseño o toma de decisiones sobre políticas públicas de alto impacto. Uno queda pensando, ¿no se estará impulsando el ejercicio justamente para no repetirlo con temas que realmente impacten a los gobiernos?
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