Juan Carlos Valencia Vargas

  / sábado 5 de octubre de 2019

La corrupción en el sector agua

La corrupción en el sector agua en México es preocupante. Su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.

Ethos Laboratorio Políticas Públicas

Esta semana se presentó el informe "Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?", elaborado por varios investigadores de Ethos Laboratorio Políticas Públicas entre el 2015 y el 2018.

El informe explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de concesiones para usar o aprovechar aguas nacionales; la vigilancia de las descargas; el funcionamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento; los pozos y tomas clandestinas; la contratación de obras hidráulicas y la generación y publicación de datos. En cada una de estas áreas se detallan sus principales hallazgos.

Y antes de que alguno de mis lectores salte en defensa del incorruptible gobierno actual, quiero reiterar que el estudio se realizó al final de la administración pasada, así que no es una crítica a los actuales directivos, sino una orientación de lo que deben evitar, lo que se debe corregir.

Por ejemplo, el estudio de Ethos revela que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano. Es decir, se autorizaron aprovechamientos donde ya no hay agua disponible, donde ya se está extrayendo más agua de la que naturalmente se dispone, y no fueron autorizaciones cuyo objetivo fuera garantizar el acceso al agua para uso o consumo humano de aquellos que no la tienen, fueron autorizaciones para usar o aprovechar el agua en usos productivos, a empresas o personas físicas o morales dedicadas a una actividad productiva.

¿Es esto legal? Puede serlo bajo ciertas condiciones, particularmente bajo el esquema de transmisión de derechos que está establecido en la Ley de Aguas Nacionales. En un entorno de escasez, por ejemplo en un acuífero que ya esta siendo sobreexplotado, el que posee derechos de agua tiene en ellos un activo sumamente necesario para otros actores, y eso lo hace, dependiendo de las necesidades, muy atractivo para recibir ofertas y compartir esos derechos con otros. Así comienza un mercado en el que la oferta (nula si se trata de un acuífero sobreexplotado) y la demanda (creciente por la cada vez mayor población y actividad económica) determinan el precio de la transacción, un precio tan alto como la necesidad del que busca los derechos.

El mercado de derechos de agua es un mercado que a la fecha no ha podido ser regulado, si es que en realidad se ha buscado regularlo. En la modificación a la Ley de Aguas Nacionales del 2004 se introdujo el concepto de los Bancos de Agua, existen en la Ley, pero no funcionan en la práctica, mientras no exista una regulación económica el mercado negro seguirá operando, los que tienen derechos no están dispuestos a transmitirlos gratuitamente, los venden, al mejor postor, por ello los funcionarios que tienen información sobre dónde y con quién se puede negociar una transmisión, los que saben cómo hacerlo, son tan… vulnerables a la corrupción.

En mis próximas columnas podemos ahondar en los otros temas del estudio. #aguaparatodos

La corrupción en el sector agua en México es preocupante. Su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.

Ethos Laboratorio Políticas Públicas

Esta semana se presentó el informe "Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?", elaborado por varios investigadores de Ethos Laboratorio Políticas Públicas entre el 2015 y el 2018.

El informe explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de concesiones para usar o aprovechar aguas nacionales; la vigilancia de las descargas; el funcionamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento; los pozos y tomas clandestinas; la contratación de obras hidráulicas y la generación y publicación de datos. En cada una de estas áreas se detallan sus principales hallazgos.

Y antes de que alguno de mis lectores salte en defensa del incorruptible gobierno actual, quiero reiterar que el estudio se realizó al final de la administración pasada, así que no es una crítica a los actuales directivos, sino una orientación de lo que deben evitar, lo que se debe corregir.

Por ejemplo, el estudio de Ethos revela que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano. Es decir, se autorizaron aprovechamientos donde ya no hay agua disponible, donde ya se está extrayendo más agua de la que naturalmente se dispone, y no fueron autorizaciones cuyo objetivo fuera garantizar el acceso al agua para uso o consumo humano de aquellos que no la tienen, fueron autorizaciones para usar o aprovechar el agua en usos productivos, a empresas o personas físicas o morales dedicadas a una actividad productiva.

¿Es esto legal? Puede serlo bajo ciertas condiciones, particularmente bajo el esquema de transmisión de derechos que está establecido en la Ley de Aguas Nacionales. En un entorno de escasez, por ejemplo en un acuífero que ya esta siendo sobreexplotado, el que posee derechos de agua tiene en ellos un activo sumamente necesario para otros actores, y eso lo hace, dependiendo de las necesidades, muy atractivo para recibir ofertas y compartir esos derechos con otros. Así comienza un mercado en el que la oferta (nula si se trata de un acuífero sobreexplotado) y la demanda (creciente por la cada vez mayor población y actividad económica) determinan el precio de la transacción, un precio tan alto como la necesidad del que busca los derechos.

El mercado de derechos de agua es un mercado que a la fecha no ha podido ser regulado, si es que en realidad se ha buscado regularlo. En la modificación a la Ley de Aguas Nacionales del 2004 se introdujo el concepto de los Bancos de Agua, existen en la Ley, pero no funcionan en la práctica, mientras no exista una regulación económica el mercado negro seguirá operando, los que tienen derechos no están dispuestos a transmitirlos gratuitamente, los venden, al mejor postor, por ello los funcionarios que tienen información sobre dónde y con quién se puede negociar una transmisión, los que saben cómo hacerlo, son tan… vulnerables a la corrupción.

En mis próximas columnas podemos ahondar en los otros temas del estudio. #aguaparatodos

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