La corrupción en el transporte

A lo mejor no es cierto que los funcionarios del transporte sean corruptos como denuncian los concesionarios. Probablemente ahora las cosas se estén haciendo bien en la secretaría que encabeza Víctor Mercado, pero dados los antecedentes terribles que, el propio funcionario ha denunciado en el pasado, es difìcil hacer una defensa, especialmente si consideramos que en materia de transparencia, información y sujeción al escrutinio público, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en general resulta profundamente deficiente.

No se trata de hacer caso a rumores, a acusaciones que carecen de sustento jurídico, en cambio sí conviene analizar la inconformidad de los transportistas en la medida que la queja ha transitado de lo verbal a lo instrumental generando dos días consecutivos de bloqueos, el primero en Cuautla y el segundo en Cuernavaca. La queja de los transportistas es que hay corrupción en los operativos para detectar a transportistas sin documentos o con autorizaciones apócrifas, y si bien eso puede ser cierto, mucho más grave es que existan transportistas con concesiones falsas o que operen sin ellas en la absoluta ilegalidad.

Pensemos las dificultades que el transporte pirata generaría en la eventualidad de cobrar seguros por daños a terceros; igual que en la injusticia que representa para quienes tienen documentos en regla y pagan impuestos y refrendos y todo lo que se les pide; la saturación en el servicio de transporte público que ha llevado a que éste deje de ser un negocio al grado de que exijan incrementos a las tarifas que los usuarios pagan por viajar en unidades cuyo deterioro es criminal. Si ello motiva realmente los operativos de regularización del transporte parece digno de reconocimiento, pero la agresividad con que la autoridad enfrenta el tema no tendría que ser discrecional y mucho menos dar lugar a perpetuar los esquemas de corrupción que son una tristísima tradición en el transporte público (y en general en todos los sectores en el estado). No cabe aquí el terriblemente inmoral refrán “ladrón que roba a ladrón”, porque la corrupción es injustificable. Pensar en el reordenamiento del transporte para evitar la corrupción a través de operativos corruptos es una incongruencia absoluta. Justificar las acusaciones de corrupción alegando que quienes las emiten son corruptos es una falacia que evade una cuestión fundamental: la urgencia de tener un esquema para que los operativos en el transporte sean incorruptibles.

Y en esto, el secretario, en particular, y todo el gobierno estatal en general, tendrían que estar trabajando de forma tal que la apuesta por la honestidad en las autoridades no dependiera sólo de la buena voluntad de los funcionarios públicos, sino realmente de procedimientos que eviten la corrupción en todos los niveles del servicio público. Porque enfrentar las acusaciones con declaraciones obvias es repetir el esquema que tenían las administraciones de Ramírez, Adame, Estrada, Carrillo Olea, y los demás que gobernaron el estado pensando que la lengua es más poderosa que el lineamiento.

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