Existe una crisis institucional que abarca a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Esto se afirma en las Memorias del Segundo Encuentro Universitario del Agua, cuya publicación se realizó con el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P., bajo la coordinación del Dr. Fernando González Villarreal en conjunto con la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esa crisis institucional se observa claramente en varios aspectos: por ejemplo, en la reducción de personal hasta niveles que limitan la capacidad de las instituciones para cumplir con su mandato, es el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que no puede inspeccionar ni vigilar el cumplimiento de lo establecido en los títulos de concesión, ni en los permisos de descarga, y tampoco puede vigilar el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT en lo que se refiere a los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional. Otro caso, ni la COFEPRIS ni la Secretaría de Salud tienen la capacidad de vigilar la calidad del agua “potable” que se distribuye a la población. Las Comisiones Estatales del Agua no son órganos reguladores de los organismos operadores municipales, y estos últimos no tienen la capacidad para brindar un servicio continuo ni de calidad a la población de todo el municipio, en la mayoría de los casos apenas alcanzan a medio atender a la cabecera municipal y quizá algunas de las localidades mas grandes.
También existe una crisis de normatividad en la que se identifican serias deficiencias de los instrumentos legales y un incumplimiento amplio de importantes disposiciones, como la inexistencia de un Reglamento actualizado de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) que debió modificarse desde la reforma a la LAN de 2004, hace 17 años.
Existe una crisis de valores que se refleja en conductas abiertas de desperdicio del recurso hídrico y en una corrupción generalizada en la que intervienen autoridades y particulares.
La consecuencia (¿o causa?) de estas crisis es el deterioro en el que se encuentran los recursos hídricos del país. La prioridad como asunto de seguridad nacional establecida en la norma ni siquiera se refleja en la protección suficiente a los cuerpos de agua existentes en el territorio nacional, tanto superficiales como subterráneos.
Pese a expresiones explícitas en materia de derechos humanos y sociales en diversos ordenamientos jurídicos y de principios asentados en convenios y otro tipo de compromisos oficiales, en el caso del agua no existen los mecanismos necesarios de protección de los intereses de las minorías.
En todas estas situaciones, la autoridad está implicada, pero también, por otra parte, no han mejorado significativamente los mecanismos de participación ciudadana. Y tampoco se logra configurar un sistema de información (federal, regional, estatal y municipal) confiable, que coadyuve en la toma de decisiones más efectivas y oportunas.
La variedad y complejidad de los problemas hídricos del país exigen superar las visiones pretendidamente homogéneas que impiden diferenciar los matices regionales, pero los mecanismos de participación actuales, como los Consejos de Cuenca, no han logrado su objetivo. Los gobiernos locales están en desacuerdo con la carencia de atribuciones ejecutivas de los Consejos de Cuenca. Esto especialmente en ríos cuyos cauces no atraviesan otras entidades federativas, no desembocan al mar ni cruzan fronteras internacionales, así como en los acuíferos comprendidos dentro de los límites de cada entidad federativa.
La crisis de gobernabilidad en el agua es un peligro para México.
