El problema financiero de los municipios de Morelos es un asunto estructural que, dicho sea de paso, radica en la irresponsable administración de los recursos, la corrupción, lo mismo que en las escasas participaciones en un modelo que permite desequilibrios enormes y que privilegia al gobierno federal muy ampliamente sobre los de las entidades federativas, y a éstos sobre las autoridades municipales.
Cierto que el modelo de asignación de participaciones municipales tiene un carácter más compensatorio que proporcional; pero también lo es que la bolsa repartible entre los municipios es sumamente escasa y la reducción de la misma es una de las políticas hacendarias de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno federal parece soslayar el hecho de que no solamente la norma de asignación de recursos es profundamente injusta al concentrar en los gobiernos federal y estatales la mayor parte de los presupuestos, sino también los problemas estructurales de los municipios son una herencia de muchas administraciones que tiene a muchos municipios en el país atravesando problemas por laudos laborales, jubilaciones de personal, adeudos con prestadores de servicios, entre otros compromisos que son inatendibles con los recursos que por ingresos propios reciben los ayuntamientos de todo el país, y si a ello sumamos las necesidades de mantenimiento y dotación de infraestructura, el otorgamiento de servicios municipales, y el resto de obligaciones que la ley confiere a las presidencias municipales, los alcaldes se encuentran en un estado de profunda indefensión.
El problema de las alcaldías no puede resolverse imitando la “solución” propuesta para la crisis de universidades públicas. Si bien es cierto que las alcaldías tendrían que reestructurarse y evitar la contratación excesiva de personal (principal presión que padecen los ayuntamientos en forma de nómina, laudos y jubilaciones), también lo es que la insuficiencia presupuestal de las alcaldías afecta directamente la calidad de vida de todos los mexicanos en tanto son las administraciones municipales las responsables de los servicios básicos, y por supuesto también es notable el hecho de que el problema de los municipios es un reflejo de las condiciones de participación del sistema político mexicano en su conjunto.
El problema mayor de las universidades es el incremento de la matrícula en las mismas sin el respaldo presupuestal estatal ni federal; el de los municipios radica en las prácticas políticas de México que permiten a los cabildos basificar al personal de confianza, despedir a quienes no son sus partidarios, contratar deuda sin mayores restricciones, y en la insuficiencia de recursos que ha sido una histórica constante en el país.
Si a todo esto se suma que la Suprema Corte de Justicia ha declarado algunos impuestos municipales (como el llamado “impuesto adicional”) que cobraban los municipios en Morelos, como inconstitucionales, los ingresos de los ayuntamientos podrían bajar hasta en un 15 por ciento adicional, lo que les coloca al borde de la bancarrota, mucho más ante la proclividad de muchos legisladores al innecesario populismo que les lleva a oponerse a elevar impuestos o derechos, y a rechazar también reordenamientos urgentes de las finanzas públicas para fortalecer las arcas municipales. Una obviedad que parecen ignorar los populistas es que para tener servicios públicos es necesaria la recaudación de impuestos, y mientras mayor y más eficiente sea ésta, los servicios podrán mejorar.
Lo que debiera fortalecerse son los mecanismos de supervisión del gasto en los ayuntamientos para verificar que los recursos se apliquen de forma legal y eficiente. Pensar que se pueden mantener impuestos municipales bajos con el modelo actual de asignaciones del gasto público es irresponsable aunque muchos piensen que les ganará alguna simpatía.
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