Más allá de si la cancelación de las pensiones doradas resulta o no justa o conveniente, el Congreso del Estado falló en el procedimiento de cancelación de los beneficios para 24 personas que, a su entender, habrían cometido irregularidades (hecho trinquetes) para obtener los pagos permanentes por retiro del servicio público.
Para los legisladores resultó evidente que los dos secretarios y el resto de funcionarios de alto nivel beneficiarios de las pensiones habrían cometido actos como falsificación de documentos, por lo que incluso denunciaron esa conducta ante la Fiscalía General del Estado. Ante esa evidencia, los legisladores omitieron una parte fundamental del proceso, que era escuchar a los involucrados, con lo que les habrían negado el derecho de audiencia, fundamental en materia jurídica. Esta conducta de los legisladores podría resultar la base para que la cancelación de las jubilaciones quede sin efecto.
En los hechos, los diputados cometieron un error elemental al no citar a los involucrados como una parte sustancial del proceso para cancelar las pensiones. Porque más allá de los elementos que pudieran tener para presumir responsabilidad de los involucrados, los legisladores omitieron una parte sustancial del proceso y con ello lesionaron los derechos de los presuntos implicados, abriendo la posibilidad de atacar la resolución. La pregunta sería si los legisladores ignoraban la forma del procedimiento, en cuyo caso debieron consultar con sus asesores; o si se trató de una actuación premeditada para abrir la puerta a que no pasara nada. Tiempo para consultar y llevar un procedimiento jurídicamente aceptable tuvieron de sobra.
Por lo pronto, se ha otorgado la suspensión provisional a la ex secretaria de educación, Beatriz Ramírez, una de quienes fueron afectadas por la resolución del Congreso. Sobre la ex funcionaria debiera haber pocas dudas. Su desempeño en el servicio público ha sido evidente por lustros y en el sector educativo, particularmente en las universidades, se le conoce muy bien, el gran pecado que habría cometido es haberse desempeñado como funcionaria del gabinete de Graco Ramírez; y probablemente haber decidido jubilarse con sueldo de secretaria de estado, lo que para muchos ciudadanos resulta un exceso.
Corresponderá a los juzgados federales determinar si la suspensión provisional que otorgaron a la ex secretaria de educación se convierte en definitiva, pero ya ha quedado abierta la puerta para que el resto de los jubilados dorados que han sido suspendidos reciban protección de la justicia federal. Si la observación del juez federal pasa por la negativa al derecho de audiencia, las 23 cancelaciones restantes tendrían que ser también suspendidas. Aunque el Congreso insista en tener elementos suficientes para sustentar su determinación.
Mientras tanto, convendría acelerar los procesos de investigación sobre la presunta falsificación de documentos que habrían servido para obtener las famosas pensiones. Probablemente por esa vía sea más efectivo el ataque a los abusos que notoriamente habrían cometido muchos ex funcionarios.
Y vale insistir, urge legislar en términos de máximos para las pensiones de servidores públicos, muchos de estos desaguisados se evitarían con normas jurídicas claras que evitaran mayores presiones a las finanzas públicas y urgencias de la burocracia dorada para retirarse cuando aún son capaces de trabajar por muchos años más. Falta que alguno de quienes hoy son funcionarios que podrían beneficiarse con abultadas pensiones, quiera entrarle al tema.
Por cierto, el gobierno estatal firmó un compromiso ético para su desempeño como servidores públicos, como carta de intención parece loable, aunque habría que extenderla mucho.
