La política científica de México se construyó sobre dos pilares: el Programa Nacional de Becas de Posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores, vinculados a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado por acuerdo presidencial el 26 de julio de 1984 con el objetivo de “promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país”.
Para ser beneficiado por el programa es necesario contar con un contrato que especifique que se dedican al menos 20 horas a la semana a tareas de investigación. También se debe demostrar productividad en forma de publicaciones, dirección de tesis o creación y registro de patentes.
El padrón del programa cuenta actualmente con 35,179 beneficiarios y cada año las comisiones de evaluación y dictaminadoras conformadas por investigadores integrantes del SNI con nivel III evalúan alrededor de 7 mil expedientes. Los resultados de las comisiones son ratificados por la Comisión de Aprobación y publicados para su ejercicio.
Este mecanismo distingue al SNI de todos los demás programas de apoyos directos del gobierno federal por su sustento técnico basado en la trayectoria y no en la necesidad del beneficiario y ha sido reconocido como la mayor fortaleza del Sistema.
A pesar de debilidades como la sobrerrepresentación masculina en sus niveles más altos, la existencia del SNI ha sido positiva ya que ha mejorado las calificaciones de México en índices internacionales como el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial o el Índice General de Innovación de la Organización Mundial para la Protección Intelectual.
Desde su fundación, la compleja maquinaria de evaluación del SNI había funcionado de manera regular hasta este año, primera vez que los resultados no son publicados con anterioridad a la fecha de vencimiento de los nombramientos en perjuicio de miles de investigadores que dejaron de contar con un nombramiento vigente a partir del primer minuto de este año.
Esta situación es preocupante para la comunidad de investigadores por su irregularidad, sin embargo es ominoso que una nueva versión de las reglas de operación del SNI que puede ser consultada en el portal de la CONAMER desaparece el plazo obligatorio de seis meses para la entrega de resultados de forma que el CONACYT quedaría eximido de responsabilidades en el futuro.
La pérdida de certeza dentro del SNI no puede llevar a otra cosa que al debilitamiento de los cimientos sobre los que reposa la capacidad científica de nuestro país por lo que esperamos que se tomen a la brevedad las medidas correctivas necesarias.
PD. A las crisis existentes en la UDLAP, el CIDE, el INECC y el IMTA se suma esta semana la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH que ve reducida de manera radical su planta académica por un nuevo recorte presupuestal.
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