/ jueves 6 de agosto de 2020

La opacidad de la pandemia

Las decisiones que los ayuntamientos toman para prevenir contagios acelerados de Covid-19 son tremendamente impopulares lo que, considerando la proclividad al populismo impuesta por el nuevo régimen, es evidencia suficiente de lo necesarias que son. Quienes han cedido a los reclamos de grupos incrédulos del virus o incómodos por la contingencia, han visto el incremento dramático de casos y defunciones en sus municipios. En eso podría fundarse la relación aparente entre calidad de gobierno en materia de políticas sanitarias y crecimiento de casos confirmados de contagios del virus; porque la irresponsabilidad social y sanitaria son constantes en gran parte de la población de todos los municipios del país, en cambio, los actos de autoridad de los ayuntamientos para controlar más o menos la movilidad social, las aglomeraciones, el uso de cubrebocas, y otras conductas de riesgo, son diversas en cada municipio y puede encontrarse en ella una relación de eficiencia real en el manejo de la pandemia.

Las acciones para restringir la movilidad son competencia de los municipios, pero el resto del manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia corresponde a los gobiernos estatal y federal. El gasto en reconversión hospitalaria, medicamentos, materiales de prevención, y gastos asociados a la reducción global de la movilidad, como la capacidad de las escuelas para ofrecer educación a distancia, es una responsabilidad de los gobiernos federal y estatal, en todo el país se han registrado gastos necesarios pero de los que no se lleva un registro claro y público que permita analizar y mejorar.

En Morelos, el gobierno estatal ha gastado en medicamentos y productos farmacéuticos más de 83 millones de pesos, sin que se hayan transparentado los mecanismos por los que fueron adquiridos, y el resto de los datos de dichas compras. Situaciones similares se dan en todos los estados. El problema con ello es la susceptibilidad de manejos discrecionales y hasta corruptos de los recursos que se redireccionan para atender la crisis sanitaria en los gobiernos estatal y federal.

El Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, ha señalado el enorme riesgo que representa la falta de protocolos para adquisiciones de emergencia en todo el país. En el caso de Morelos, por ejemplo, aún nos preocupa el destino de los fondos federales, estatales y municipales que fueron redireccionados a la atención de la emergencia provocada por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el proceso de reconstrucción en el que fueron detectados y denunciados múltiples actos de corrupción de autoridades y de particulares. El peligro de que esto ocurra mientras se atiende a la peor crisis sanitaria de la que se tenga memoria es real y, aunque pareciera inoportuno, no hay mejor momento para debatir y establecer protocolos de compras de emergencia para las autoridades federales, estatales y municipales que justo ahora. No se trata de entorpecer adquisiciones, sino de lograr mecanismos que garanticen la transparencia de las mismas y contribuyan a erradicar la corrupción en el manejo de fondos emergentes.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Las decisiones que los ayuntamientos toman para prevenir contagios acelerados de Covid-19 son tremendamente impopulares lo que, considerando la proclividad al populismo impuesta por el nuevo régimen, es evidencia suficiente de lo necesarias que son. Quienes han cedido a los reclamos de grupos incrédulos del virus o incómodos por la contingencia, han visto el incremento dramático de casos y defunciones en sus municipios. En eso podría fundarse la relación aparente entre calidad de gobierno en materia de políticas sanitarias y crecimiento de casos confirmados de contagios del virus; porque la irresponsabilidad social y sanitaria son constantes en gran parte de la población de todos los municipios del país, en cambio, los actos de autoridad de los ayuntamientos para controlar más o menos la movilidad social, las aglomeraciones, el uso de cubrebocas, y otras conductas de riesgo, son diversas en cada municipio y puede encontrarse en ella una relación de eficiencia real en el manejo de la pandemia.

Las acciones para restringir la movilidad son competencia de los municipios, pero el resto del manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia corresponde a los gobiernos estatal y federal. El gasto en reconversión hospitalaria, medicamentos, materiales de prevención, y gastos asociados a la reducción global de la movilidad, como la capacidad de las escuelas para ofrecer educación a distancia, es una responsabilidad de los gobiernos federal y estatal, en todo el país se han registrado gastos necesarios pero de los que no se lleva un registro claro y público que permita analizar y mejorar.

En Morelos, el gobierno estatal ha gastado en medicamentos y productos farmacéuticos más de 83 millones de pesos, sin que se hayan transparentado los mecanismos por los que fueron adquiridos, y el resto de los datos de dichas compras. Situaciones similares se dan en todos los estados. El problema con ello es la susceptibilidad de manejos discrecionales y hasta corruptos de los recursos que se redireccionan para atender la crisis sanitaria en los gobiernos estatal y federal.

El Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, ha señalado el enorme riesgo que representa la falta de protocolos para adquisiciones de emergencia en todo el país. En el caso de Morelos, por ejemplo, aún nos preocupa el destino de los fondos federales, estatales y municipales que fueron redireccionados a la atención de la emergencia provocada por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el proceso de reconstrucción en el que fueron detectados y denunciados múltiples actos de corrupción de autoridades y de particulares. El peligro de que esto ocurra mientras se atiende a la peor crisis sanitaria de la que se tenga memoria es real y, aunque pareciera inoportuno, no hay mejor momento para debatir y establecer protocolos de compras de emergencia para las autoridades federales, estatales y municipales que justo ahora. No se trata de entorpecer adquisiciones, sino de lograr mecanismos que garanticen la transparencia de las mismas y contribuyan a erradicar la corrupción en el manejo de fondos emergentes.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx