/ jueves 18 de octubre de 2018

La otra puerta de Morelos (primera parte)

En los medios de comunicación muy pocas cosas transcienden respecto a lo que ocurre en la agenda pública del municipio de Coatlán del Río. Como en otros lugares, las principales noticias giran alrededor de sus problemas en la agricultura o la ganadería, por ser las principales actividades productivas del municipio, o sobre el aumento de la violencia y la delincuencia.

Al encontrarse en límites del vecino estado de Guerrero, Michapa había sido conocida por ser el paso obligado para el turismo interestatal que visita las grutas de Cacahuamilpa de aquel estado. La cercanía geográfica con ese punto turístico había convertido a este lugar como una de las puertas turísticas más importantes del suroeste del Estado.

Sin embargo, desde finales del 2015 esta distinción cambió debido al funcionamiento del penal femenil de alta seguridad en dicha comunidad, con capacidad para recluir a más de 2,500 mujeres.Actualmente buena parte de lo que sucede en Michapa son las manifestaciones por el personal masivamente despedido, los espectaculares operativos de traslados de reclusas y cada vez más comunes, los reclamos por violaciones a los derechos humanos de familiares y reclusas cometidas por las autoridades penitenciarias.

El penal llegó para quedarse, su operación diaria implica uso de agua, luz, drenaje, servicios de transporte para los trabajadores y usuarios, e incluso ampliación de los centros urbanos de quienes ven la oportunidad para establecer negocios que puedan ofrecer bienes o servicios asociados con el funcionamiento diario del penal.

Advirtiendo esta situación, a principios de 2014 el gobierno estatal puso en marcha una estrategia integral de intervención denominada de “amortiguamiento social”. En el centro de la estrategia estaba la gente, por eso la conducción estuvo originalmente coordinada por la autoridad social.

A corto plazo, la estrategia buscó ser incluyente y socialmente informada. Para ello se promovió la participación de distintas dependencias del estado y la coordinación respetuosa con las autoridades municipales, lo que permitió generar una ruta basada en el diagnóstico de necesidades y problemáticas sociales. Por otro lado, se impulsó un levantamiento de encuestas domiciliarias para conocer la opinión de los ciudadanos.

Una de las conclusiones relevantes de esas encuestas era que los ciudadanos corresponsabilizaban al gobierno federal por los efectos sociales que produciría el penal permanentemente.

Muchas acciones se llevaron a cabo antes de la operación del penal, buscando incidir en los aspectos más urgentes. Pero lo interesante de esta estrategia es que puso al descubierto la necesidad de llevar a cabo una intervención capaz de promover un desarrollo ordenado a mediano y largo plazo sobre los servicios comunitarios, la infraestructura urbana, la generación de oportunidades de empleo y el reordenamiento territorial.

La autoridad municipal y la misma ciudadanía expresaba su confianza en la estrategia de amortiguamiento social para ayudar a transformar no sólo Michapa sino también otras comunidades,como Apancingo, Benito Juárez, Chavarría y Cocoyotla, principalmente. Lo cual implicaba un reto mayor y por supuesto, algo más que acciones administrativas.

En los medios de comunicación muy pocas cosas transcienden respecto a lo que ocurre en la agenda pública del municipio de Coatlán del Río. Como en otros lugares, las principales noticias giran alrededor de sus problemas en la agricultura o la ganadería, por ser las principales actividades productivas del municipio, o sobre el aumento de la violencia y la delincuencia.

Al encontrarse en límites del vecino estado de Guerrero, Michapa había sido conocida por ser el paso obligado para el turismo interestatal que visita las grutas de Cacahuamilpa de aquel estado. La cercanía geográfica con ese punto turístico había convertido a este lugar como una de las puertas turísticas más importantes del suroeste del Estado.

Sin embargo, desde finales del 2015 esta distinción cambió debido al funcionamiento del penal femenil de alta seguridad en dicha comunidad, con capacidad para recluir a más de 2,500 mujeres.Actualmente buena parte de lo que sucede en Michapa son las manifestaciones por el personal masivamente despedido, los espectaculares operativos de traslados de reclusas y cada vez más comunes, los reclamos por violaciones a los derechos humanos de familiares y reclusas cometidas por las autoridades penitenciarias.

El penal llegó para quedarse, su operación diaria implica uso de agua, luz, drenaje, servicios de transporte para los trabajadores y usuarios, e incluso ampliación de los centros urbanos de quienes ven la oportunidad para establecer negocios que puedan ofrecer bienes o servicios asociados con el funcionamiento diario del penal.

Advirtiendo esta situación, a principios de 2014 el gobierno estatal puso en marcha una estrategia integral de intervención denominada de “amortiguamiento social”. En el centro de la estrategia estaba la gente, por eso la conducción estuvo originalmente coordinada por la autoridad social.

A corto plazo, la estrategia buscó ser incluyente y socialmente informada. Para ello se promovió la participación de distintas dependencias del estado y la coordinación respetuosa con las autoridades municipales, lo que permitió generar una ruta basada en el diagnóstico de necesidades y problemáticas sociales. Por otro lado, se impulsó un levantamiento de encuestas domiciliarias para conocer la opinión de los ciudadanos.

Una de las conclusiones relevantes de esas encuestas era que los ciudadanos corresponsabilizaban al gobierno federal por los efectos sociales que produciría el penal permanentemente.

Muchas acciones se llevaron a cabo antes de la operación del penal, buscando incidir en los aspectos más urgentes. Pero lo interesante de esta estrategia es que puso al descubierto la necesidad de llevar a cabo una intervención capaz de promover un desarrollo ordenado a mediano y largo plazo sobre los servicios comunitarios, la infraestructura urbana, la generación de oportunidades de empleo y el reordenamiento territorial.

La autoridad municipal y la misma ciudadanía expresaba su confianza en la estrategia de amortiguamiento social para ayudar a transformar no sólo Michapa sino también otras comunidades,como Apancingo, Benito Juárez, Chavarría y Cocoyotla, principalmente. Lo cual implicaba un reto mayor y por supuesto, algo más que acciones administrativas.

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