/ lunes 13 de mayo de 2019

La realidad que nos rebasó

Dada la inseguridad que vive el país, es imprescindible asumir este reto como una responsabilidad del Estado mexicano donde debemos involucrarnos todos

Dada la emergencia que en materia de inseguridad vive el país, es imprescindible asumir este reto como una responsabilidad del Estado mexicano donde debemos involucrarnos todos, los tres poderes de la unión y a todos los niveles de gobierno.

Negar este problema no esconde una realidad que lacera a la sociedad. La inseguridad sigue siendo un dolor de cabeza que desde luego debe ser atendido de otra manera, con otra estrategia, donde todos los actores políticos, económicos y sociales “debemos ponernos de acuerdo para fortalecer aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazo para el desarrollo nacional y la coordinación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la rendición de cuentas, la procuración de justicia y la verdadera autonomía del Ministerio Público”.

El problema no es asunto menor y por lo mismo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jamás se comprometió a resolver esta complicación en seis meses. Ha señalado que, tras la implementación de los programas del bienestar, la erradicación de la corrupción, y la operación de la Guardia Nacional empezarán a mejorar las condiciones de seguridad.

El pasado mes de abril, en el Senado de la Republica, aprobamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) del Ejecutivo Federal, la cual sí contempla el cómo y por qué abatir la violencia y la inseguridad, aunque, por táctica política, la oposición lo niegue.

Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican lamentablemente a nuestro país en niveles históricos de criminalidad, y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad.

Millones de personas han tenido que modificar sus patrones de vida para protegerse y muchos han tenido que emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad. La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia.

Los cobardes asesinatos, el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción institucional y varios otros muchos ilícitos son asuntos que sí, ya están en la cancha del nuevo gobierno pero que no podemos dejar de señalar que son asuntos que se dejaron sembrados con fuertes raíces, con abonos pestilentes que pareciera alguien o muchos, con afanosos intereses, los siguen fertilizando.

Esto se tiene que terminar, y por ello, la ENSP debe ser el eje que nos permita en el corto plazo revertir el desastroso escenario que, al menos, las tres administraciones anteriores nos dejaron, amén del abandono de la procuración de justicia, pues tan solo heredaron al nuevo gobierno más doscientas mil carpetas sin investigar y una descomposición institucional mucho muy preocupante.

Desde hace varios lustros nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia, la vida del ciudadano está impactada en el hogar, en el barrio, en el trabajo, en la escuela y en las calles, es decir, los mexicanos vivimos en constante miedo.

La ENSP busca propiciar la salvaguarda de los intereses de la nación en su conjunto, y que Legislativo como al Ejecutivo trabajen en el ámbito de sus atribuciones sin vulnerar el principio de división de poderes, promoviendo una mayor gobernabilidad y transparencia.

A la población no le interesa la separación de responsabilidades entre la federación, los estados y municipios, ni si los delitos son del orden federal o del fuero común, ni de colores partidistas; su demanda es que el gobierno, en su conjunto, les garantice su seguridad, la de su familia y una estrecha coordinación entre los gobiernos estatales, municipales y el combate, en lo inmediato, de los delitos que más los afectan.

Alzar la voz frente a estos hechos para reclamar, de quien sea, al nivel que sea, sólo significa un llamado urgente a trabajar, y que los responsables se apliquen, pues en el pasado los que no funcionaron y negaron la realidad que nos rebasó y quisieron esconderla, dejaron este desastre en que vivimos.

Dada la emergencia que en materia de inseguridad vive el país, es imprescindible asumir este reto como una responsabilidad del Estado mexicano donde debemos involucrarnos todos, los tres poderes de la unión y a todos los niveles de gobierno.

Negar este problema no esconde una realidad que lacera a la sociedad. La inseguridad sigue siendo un dolor de cabeza que desde luego debe ser atendido de otra manera, con otra estrategia, donde todos los actores políticos, económicos y sociales “debemos ponernos de acuerdo para fortalecer aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazo para el desarrollo nacional y la coordinación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la rendición de cuentas, la procuración de justicia y la verdadera autonomía del Ministerio Público”.

El problema no es asunto menor y por lo mismo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jamás se comprometió a resolver esta complicación en seis meses. Ha señalado que, tras la implementación de los programas del bienestar, la erradicación de la corrupción, y la operación de la Guardia Nacional empezarán a mejorar las condiciones de seguridad.

El pasado mes de abril, en el Senado de la Republica, aprobamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) del Ejecutivo Federal, la cual sí contempla el cómo y por qué abatir la violencia y la inseguridad, aunque, por táctica política, la oposición lo niegue.

Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican lamentablemente a nuestro país en niveles históricos de criminalidad, y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad.

Millones de personas han tenido que modificar sus patrones de vida para protegerse y muchos han tenido que emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad. La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia.

Los cobardes asesinatos, el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción institucional y varios otros muchos ilícitos son asuntos que sí, ya están en la cancha del nuevo gobierno pero que no podemos dejar de señalar que son asuntos que se dejaron sembrados con fuertes raíces, con abonos pestilentes que pareciera alguien o muchos, con afanosos intereses, los siguen fertilizando.

Esto se tiene que terminar, y por ello, la ENSP debe ser el eje que nos permita en el corto plazo revertir el desastroso escenario que, al menos, las tres administraciones anteriores nos dejaron, amén del abandono de la procuración de justicia, pues tan solo heredaron al nuevo gobierno más doscientas mil carpetas sin investigar y una descomposición institucional mucho muy preocupante.

Desde hace varios lustros nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia, la vida del ciudadano está impactada en el hogar, en el barrio, en el trabajo, en la escuela y en las calles, es decir, los mexicanos vivimos en constante miedo.

La ENSP busca propiciar la salvaguarda de los intereses de la nación en su conjunto, y que Legislativo como al Ejecutivo trabajen en el ámbito de sus atribuciones sin vulnerar el principio de división de poderes, promoviendo una mayor gobernabilidad y transparencia.

A la población no le interesa la separación de responsabilidades entre la federación, los estados y municipios, ni si los delitos son del orden federal o del fuero común, ni de colores partidistas; su demanda es que el gobierno, en su conjunto, les garantice su seguridad, la de su familia y una estrecha coordinación entre los gobiernos estatales, municipales y el combate, en lo inmediato, de los delitos que más los afectan.

Alzar la voz frente a estos hechos para reclamar, de quien sea, al nivel que sea, sólo significa un llamado urgente a trabajar, y que los responsables se apliquen, pues en el pasado los que no funcionaron y negaron la realidad que nos rebasó y quisieron esconderla, dejaron este desastre en que vivimos.

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