Habíamos advertido hace meses en este mismo espacio que ese asunto de la derogación de la reforma educativa era lenguaje de campaña. Ahora, en todas sus declaraciones recientes, quien será secretario de educación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y que fue el operador de la reforma salinista a la educación en 1992; ha matizado el discurso hasta dejar más o menos claro que lo que se modificará es la Ley del Servicio Profesional Docente, que asocia la permanencia en el servicio educativo al resultado de la evaluación magisterial; el resto de los capítulos, hasta donde ha llegado el discurso, seguirán igual: los nuevos contenidos de planes y programas de estudios, la evaluación –una parte estandarizada y otra estratificada-, y hasta el Servicio Profesional Docente, como instancia de control de acceso y pago de salarios y prestaciones al magisterio de nivel básico y normal financiado por el Estado en todo el país, se mantienen salvo algunas modificaciones menores. Se trata de una buena señal desde varios aspectos de los que comentaremos dos:
El primero y fundamental es que se respeta el derecho de los niños a una educación de calidad, reconocido por la reforma constitucional de 2014 como superior a cualquier acuerdo laboral o política estatal en materia educativa. Con ello, la señal que envía López Obrador a la sociedad es que si bien habrá grandes acuerdos corporativos, como ya los ha iniciado con estructuras paralelas a los sindicatos corporativos que se mantenían adheridos o satélites del régimen; estos acuerdos no pasarán, por lo menos en una primera fase, por encima de los derechos fundamentales de los mexicanos. El acuerdo natural entre Andrés Manuel López Obrador, y los grupos del SNTE nostálgicos o de plano subordinados aún a la ex dirigente Elba Esther Gordillo, quien hasta su defenestración fue una de las mujeres más poderosas del país, preocupó a muchos con justa razón, si bien desde la reforma salinista el salario y prestaciones de los maestros crecieron en una proporción agigantada, también es cierto que la calidad de la educación en el período de la descentralización educativa se redujo sustancialmente, además de que a los gobiernos estatales les resultó una carga en extremo pesada el mantener las prestaciones locales que llevaron a crisis terribles a las entidades federativas entre 2008 y 2014.
La segunda arista que tocaremos es el hecho de que, habiendo sido operador de la descentralización salinista de la educación, la idea de tener a Moctezuma Barragán como Secretario de Educación levantó señales de alerta en los especialistas que están convencidos de la incapacidad de los gobiernos estatales de hacerse cargo de la educación. Muchos consideraron que a pesar de la marcada fobia por el salinismo que había demostrado el hoy presidente electo López Obrador, el depositar el proyecto educativo en manos de Moctezuma Barragán era una apuesta por la implementación, nuevamente, de una política educativa muy al estilo de la que generó las crisis en los sistemas educativos de los estados en Norteamérica.
Las señales hasta ahora no son terribles, la parte de la reforma educativa del 2014 que se derogará en automático, con la modificación a la Ley del Servicio Profesional Docente, es el capítulo laboral para buscar que los susceptibilísimos maestros, un gremio que abiertamente apoyó a López Obrador, no se sientan lesionados en sus derechos laborales (tema que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia había resuelto ya advirtiendo que ninguno de los ordenamientos de la reforma educativa lesiona derechos laborales), parece que el problema es que a los profes no se les puede ni hablar fuerte, a final de cuentas, son ellos los acostumbrados a regañar.
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