Desgraciadamente la problemática jurídica y social que forma parte de la violencia familiar está presente permanentemente.
La misma se ha incrementado por razones de la pandemia al vivir o convivir más tiempo los miembros de la familia en el hogar, y no tener las horas necesarias de profilaxis, de salir fuera y de airear un poco la problemática. Las leyes familiares civiles y penales en este caso permanentemente se están actualizando, pero desgraciadamente los legisladores están en otros problemas, no aceptan, no entienden, que esto requiere una atención inmediata; que es necesario crear políticas públicas adecuadas, que los funcionarios del gobierno, tanto hombres cuanto mujeres, que forman parte del gabinete, deben poner al servicio de esta causa sus mejores elementos e instrumentos para que esto se aliviane, si bien no se puede eliminar. Es importante entender que la violencia familiar se puede dar cuando se activa o se omite lo que debe ser la conducta, inclusive puede haber intención de uno o del otro de los cónyuges, de dominar, de humillar, de controlar a través de agresiones de muy diversa índole, que pueden ir desde lo físico, a lo económico, a lo psicológico, a lo sexual, además las ofensas verbales, y que tienen como objetivo principal avasallar en algunos casos sexualmente o material o económicamente a cualquier miembro de la familia, lo que desgraciadamente se está dando en forma permanente, antes se daba más fuera que en el hogar, y ahora es a la inversa. Además en este caso hay que entender que los sujetos pasivos de esta conducta, por ejemplo que están en custodia, en guarda, en protección, educación, instrucción o cuidado, siempre están sujetos a que el agresor que es el que lo hace, realiza esas conductas y el ofendido como sujetos pasivos están soportando siempre estos graves problemas.
Es evidente que la violencia familiar forma parte de la familia mexicana y que, desgraciadamente, ni las leyes ni los tribunales tienen preciso su papel para prevenir esta calamidad. Por ello es condenable que, sin reflexión ni aportación alguna, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en sus IV y V legislaturas, hayan suprimido desde 2010 este flagelo como causal de divorcio, que otorgaba a la vez medidas preventivas y soluciones para los miembros de la familia más vulnerables bajo estas circunstancias.
Los padres no pueden recurrir a la violencia para instruir a sus hijos. La ley lo objeta rotundamente, no es el método o forma de educar a niñas o niños, sólo los convierten en víctimas de su propio padre, madre o de su familia, que con el pretexto de la ignorancia para educar agreden sin parámetro, provocando daños irreversibles a quienes resienten las diversas conductas y distintas maneras de realización de la violencia familiar.
A pesar de la divulgación oficial, que insiste en mediatizar y en algunos casos en negar su existencia, la violencia familiar en la República Mexicana se exacerba, cada día cobra nuevas víctimas, y la impunidad de quienes cometen estos delitos o estas faltas graves, calificadas así en el Derecho Familiar, siguen sin recibir el castigo que merecen; sobre todo no hay diagnóstico de este problema social y familiar, mucho menos un pronóstico, lo que nos lleva a la conclusión de que la familia y sus miembros están condenados a sufrir este maltrato para siempre.
En esencia, la violencia familiar consiste en atacar a la familia por uno o los cuatro ángulos, explicados anteriormente, que por lo general se ejercen contra las mujeres, los menores, los incapaces y los adultos mayores. Bajo estas circunstancias, la familia o el miembro afectado tienen el deber de exigir que se reparen los daños y perjuicios cometidos contra ellos y obligar a quien haya realizado esa conducta a responder, incluso si ésta se tipifica como delito de acuerdo con la legislación penal de la Ciudad de México.
Profesor de Carrera, con 53 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
