/ martes 14 de julio de 2020

La visibilidad del fiscal...

En Morelos pasan cosas muy raras siempre. La normalidad, probablemente por una suerte de tácito consenso, es ajena a los residentes en este terruño y pocas cosas nos extrañan hasta que las verbalizamos. Narrar los absurdos e irracionalidades cotidianas parece una forma regularmente eficiente de exorcisarlas, aunque un enorme grupo de los narradores parecieran fascinados por mantener la irracionalidad que, dicho sea de paso, parece tener un buen número de adeptos.

Así, a pocos parece escandalizar que un Ayuntamiento (una autoridad) tenga que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos para defender a su personal de supuestas violaciones a su privacidad por parte de la Fiscalía Anticorrupción (otra autoridad), que determinó sería divertido y ejemplar acudir con muchos oficiales armados a cumplir una diligencia, aparentemente consistente en llevarse documentos relacionados con el patrimonio de muchísimos burócratas municipales, cuya información privada está ahora en manos de quienes presumen corretear (sin grandes éxitos, por cierto) a funcionarios corruptos.

Pareciera que a muchos les pareció normal el enorme despliegue de fuerza para cumplir una tarea de investigación. No lo es, de hecho, en ningún momento previo recordamos a la Fiscalía Anticorrupción tan preocupada para hacer tan pública, hasta con cierre de calles, una diligencia. Razones seguramente las habrá, el fiscal anticorrupción, Juan Salazar, regularmente discreto y sigiloso, parecería esta vez extraordinariamente interesado en divulgar la acción en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos. Extraña, sin embargo, que jamás hubo tal despliegue e interés informativo respecto a otros casos, incluso los que ya se han formulado imputaciones. Es extraño.

Mucho más rara, por cierto, es la denuncia ante la CDHEM hecha por el Ayuntamiento en contra de la Fiscalía que, con sus acciones de este lunes, parece haber convertido un asunto particular -las acusaciones contra un funcionario público específico-, en un problema institucional, la vulneración de los datos personales de personal de una institución que se supone facultada para mantener la secrecía de los datos particulares de su personal.

Si el despliegue simbólico-mediático que el fiscal procuró en este caso es un cambio en el estilo personal de procurar la justicia aún quedaría a juicio de la prudencia, el sigilo en las investigaciones, la presunción de inocencia y toda esa colección de valores de los derechos y garantías jurídicas que damos por hechas y se están comprometiendo. Si en cambio, se trata de una actuación selectiva para hacer notar algo específico, como que la Fiscalía a la que se le han ido más de la mitad de los indiciados está trabajando; o peor, que el alcalde de Cuernavaca es culpable por sólo atravesarse en el camino de alguien más, es decir, mucho antes de que haya una investigación completa que lleve a la judicialización de un proceso y la determinación jurídica final de la inocencia o culpabilidad del sujeto. La apariencia ahora es que prevalece el uso faccioso de la justicia, lo demás, es profundizar en el absurdo.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

En Morelos pasan cosas muy raras siempre. La normalidad, probablemente por una suerte de tácito consenso, es ajena a los residentes en este terruño y pocas cosas nos extrañan hasta que las verbalizamos. Narrar los absurdos e irracionalidades cotidianas parece una forma regularmente eficiente de exorcisarlas, aunque un enorme grupo de los narradores parecieran fascinados por mantener la irracionalidad que, dicho sea de paso, parece tener un buen número de adeptos.

Así, a pocos parece escandalizar que un Ayuntamiento (una autoridad) tenga que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos para defender a su personal de supuestas violaciones a su privacidad por parte de la Fiscalía Anticorrupción (otra autoridad), que determinó sería divertido y ejemplar acudir con muchos oficiales armados a cumplir una diligencia, aparentemente consistente en llevarse documentos relacionados con el patrimonio de muchísimos burócratas municipales, cuya información privada está ahora en manos de quienes presumen corretear (sin grandes éxitos, por cierto) a funcionarios corruptos.

Pareciera que a muchos les pareció normal el enorme despliegue de fuerza para cumplir una tarea de investigación. No lo es, de hecho, en ningún momento previo recordamos a la Fiscalía Anticorrupción tan preocupada para hacer tan pública, hasta con cierre de calles, una diligencia. Razones seguramente las habrá, el fiscal anticorrupción, Juan Salazar, regularmente discreto y sigiloso, parecería esta vez extraordinariamente interesado en divulgar la acción en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos. Extraña, sin embargo, que jamás hubo tal despliegue e interés informativo respecto a otros casos, incluso los que ya se han formulado imputaciones. Es extraño.

Mucho más rara, por cierto, es la denuncia ante la CDHEM hecha por el Ayuntamiento en contra de la Fiscalía que, con sus acciones de este lunes, parece haber convertido un asunto particular -las acusaciones contra un funcionario público específico-, en un problema institucional, la vulneración de los datos personales de personal de una institución que se supone facultada para mantener la secrecía de los datos particulares de su personal.

Si el despliegue simbólico-mediático que el fiscal procuró en este caso es un cambio en el estilo personal de procurar la justicia aún quedaría a juicio de la prudencia, el sigilo en las investigaciones, la presunción de inocencia y toda esa colección de valores de los derechos y garantías jurídicas que damos por hechas y se están comprometiendo. Si en cambio, se trata de una actuación selectiva para hacer notar algo específico, como que la Fiscalía a la que se le han ido más de la mitad de los indiciados está trabajando; o peor, que el alcalde de Cuernavaca es culpable por sólo atravesarse en el camino de alguien más, es decir, mucho antes de que haya una investigación completa que lleve a la judicialización de un proceso y la determinación jurídica final de la inocencia o culpabilidad del sujeto. La apariencia ahora es que prevalece el uso faccioso de la justicia, lo demás, es profundizar en el absurdo.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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