/ miércoles 18 de julio de 2018

Las pensiones

“Yo no quiero que me den, solo que me pongan donde hay”: un priista, en la dictadura perfecta, cuando los funcionarios y empleados de confianza no tenían derecho a pensiones o jubilaciones, solo los que pertenecían a la base sindical tenían ese derecho, el que los servidores públicos recurran a la solicitud de jubilación es tema de escandaló a partir de la alternancia en los gobiernos municipales y estatales, con los panistas se autorizaron por montos cercanos a los 100 mil pesos, destacan las del ex gobernador por 145 días, Jorge Arturo García Rubí, quien fue catedrático universitario, funcionario del poder judicial y del poder ejecutivo, destaca también la del ex presidente del Instituto Estatal Electoral Teodoro Lavín León, y la del ex diputado federal Jesús Antonio Tallabs Ortega, por sentencia del poder Judicial y publicada en el diario oficial Tierra y Libertad, el 7 de diciembre de 2016.

En enero de 2010 trascendió que de acuerdo al expediente PGR/SIEDO/UEIDS/166/2009, vinculado a la investigación que se le siguió al detenido secretario de Seguridad Publica, Luis Ángel Cabeza de Vaca, existía una cuenta bancaria número 8100148 a nombre del entonces gobernador Marco Antonio Adame Castillo, en la sucursal 107 Banamex cercana a palacio de gobierno en la que se realizaban los depósitos para el mandatario estatal, supuestamente producto del acuerdo que el jefe policiaco mantenía con el abatido delincuente Arturo Beltrán Leyva y sus hermanos, y que eran por montos de 20 mil dólares.

Esa es otra forma de construir “fondos de retiro privados” y por los cuales varios ex gobernadores en todo el país son investigados y algunos encarcelados, en Morelos los jefes policiacos de 3 ex gobernadores fueron consignados, todos dentro de la administración de sus jefes, Salvador Martínez Salgado con Carrillo Olea, Agustín Montiel con Sergio Estrada y Cabeza de Vaca con Adame Castillo, el gobernador que más elevo su nivel de vida y el de su familia gracias durante su paso por el servicio público.

Quienes lo conocían a principios de los noventa, afirman que vivía acorde a su nivel de catedrático, en una casa de interés social con su familia en el municipio de Jiutepec, ingreso como diputado federal plurinominal en 1997, fue senador del 2000 al 2006 y gobernador 2006-2012, hoy su situación económica es diferente y no tiene ninguna pensión tras 15 años en el gobierno.

Las pensiones y las jubilaciones son en el gobierno un instrumento de poder y tráfico de influencias, todos los trabajadores de confianza o sindicalizados que dedican su vida al servicio público merecen el beneficio que otorga la ley, que aprobaron en legislaturas anteriores, es vigente porque los actuales no atendieron al reclamo social, la próxima tampoco la ajustara.

Benito Juárez advirtió que el servidor público debe aceptar vivir en la medianía del salario que el pueblo puede otorgarle, la corrupta interpretación de la propuesta priista de iniciar la “Renovación Moral de la Sociedad” en 1982, convirtió al gobierno, en un espacio donde se imponen la simulación de los bajos salarios, se institucionalizo la corrupción y se construyó un imperio de mediocridad, el problema hoy no son las elevadas pensiones, es que se escandaliza su otorgamiento y cuando cambia el gobierno el congreso que es el encargado de modificar las leyes no las revisó, la ley que otorgo las ultimas pensiones es la misma que blindo los abusos de la administración pasada.

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. La próxima legislatura, tiene un compromiso, preservar las garantías de todos, extinguir los “vacíos legales” que dan impunidad a los abusos y excesos de los funcionarios deshonestos de todos los partidos políticos y recuperar la confianza de la población en las autoridades, las pensiones son golondrina, no verano.

“Yo no quiero que me den, solo que me pongan donde hay”: un priista, en la dictadura perfecta, cuando los funcionarios y empleados de confianza no tenían derecho a pensiones o jubilaciones, solo los que pertenecían a la base sindical tenían ese derecho, el que los servidores públicos recurran a la solicitud de jubilación es tema de escandaló a partir de la alternancia en los gobiernos municipales y estatales, con los panistas se autorizaron por montos cercanos a los 100 mil pesos, destacan las del ex gobernador por 145 días, Jorge Arturo García Rubí, quien fue catedrático universitario, funcionario del poder judicial y del poder ejecutivo, destaca también la del ex presidente del Instituto Estatal Electoral Teodoro Lavín León, y la del ex diputado federal Jesús Antonio Tallabs Ortega, por sentencia del poder Judicial y publicada en el diario oficial Tierra y Libertad, el 7 de diciembre de 2016.

En enero de 2010 trascendió que de acuerdo al expediente PGR/SIEDO/UEIDS/166/2009, vinculado a la investigación que se le siguió al detenido secretario de Seguridad Publica, Luis Ángel Cabeza de Vaca, existía una cuenta bancaria número 8100148 a nombre del entonces gobernador Marco Antonio Adame Castillo, en la sucursal 107 Banamex cercana a palacio de gobierno en la que se realizaban los depósitos para el mandatario estatal, supuestamente producto del acuerdo que el jefe policiaco mantenía con el abatido delincuente Arturo Beltrán Leyva y sus hermanos, y que eran por montos de 20 mil dólares.

Esa es otra forma de construir “fondos de retiro privados” y por los cuales varios ex gobernadores en todo el país son investigados y algunos encarcelados, en Morelos los jefes policiacos de 3 ex gobernadores fueron consignados, todos dentro de la administración de sus jefes, Salvador Martínez Salgado con Carrillo Olea, Agustín Montiel con Sergio Estrada y Cabeza de Vaca con Adame Castillo, el gobernador que más elevo su nivel de vida y el de su familia gracias durante su paso por el servicio público.

Quienes lo conocían a principios de los noventa, afirman que vivía acorde a su nivel de catedrático, en una casa de interés social con su familia en el municipio de Jiutepec, ingreso como diputado federal plurinominal en 1997, fue senador del 2000 al 2006 y gobernador 2006-2012, hoy su situación económica es diferente y no tiene ninguna pensión tras 15 años en el gobierno.

Las pensiones y las jubilaciones son en el gobierno un instrumento de poder y tráfico de influencias, todos los trabajadores de confianza o sindicalizados que dedican su vida al servicio público merecen el beneficio que otorga la ley, que aprobaron en legislaturas anteriores, es vigente porque los actuales no atendieron al reclamo social, la próxima tampoco la ajustara.

Benito Juárez advirtió que el servidor público debe aceptar vivir en la medianía del salario que el pueblo puede otorgarle, la corrupta interpretación de la propuesta priista de iniciar la “Renovación Moral de la Sociedad” en 1982, convirtió al gobierno, en un espacio donde se imponen la simulación de los bajos salarios, se institucionalizo la corrupción y se construyó un imperio de mediocridad, el problema hoy no son las elevadas pensiones, es que se escandaliza su otorgamiento y cuando cambia el gobierno el congreso que es el encargado de modificar las leyes no las revisó, la ley que otorgo las ultimas pensiones es la misma que blindo los abusos de la administración pasada.

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. La próxima legislatura, tiene un compromiso, preservar las garantías de todos, extinguir los “vacíos legales” que dan impunidad a los abusos y excesos de los funcionarios deshonestos de todos los partidos políticos y recuperar la confianza de la población en las autoridades, las pensiones son golondrina, no verano.

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