En Morelos, uno de los principales objetivos que se plantearon desde el inicio de la actual administración estatal consistió en estructurar un mecanismo permitiera articular la interacción entre los distintos niveles y ordenes de gobierno hacia propósitos sociales de corto, mediano y largo plazo.
Los diagnósticos con los que partimos en aquel entonces, mostraban una tendencia a la baja en determinados indicadores de pobreza multidimensional, pero en general se podían observar rezagos importantes en todo el Estado, con acentuación en determinados grupos de edad, género y territorios.
Como herramienta de intervención pública, el presupuesto tampoco podía por sí mismo enfrentar los retos necesarios para incidir en el combate a la pobreza, no sólo por su carácter anual sino por su diseño anquilosado y sin ninguna orientación programática social.
Era evidente que llevar a cabo una reingeniería de los instrumentos jurídicos que diera soporte a los temas sociales sería una difícil y larga transición. De hecho hasta 2012 ni siquiera existía una ley desarrollo social en el Estado.
Muchas de las prácticas de coordinación que se habían tenido en el pasado estaban reguladas por convenios marco de colaboración institucional donde las distintas dependencias establecían reglas generales que a lo largo del año se iban regulando con la dinámica propia de la normatividad operativa de cada programa social.
Desde el gobierno del estado, reconocimos que la coordinación podría ayudar a eliminar varios de los problemas planteados: restricciones presupuestarias, ausencia normativa y de ciertas capacidades institucionales. Sin embargo, en la práctica surgieron más problemas de los que a simple vista se pensaban resolver.
Lo cierto es que, el hecho de colocar en la agenda pública el tema social bajo una visión integral y socialmente compartida, ayudó a que muchas dependencias comenzaran a reconocer el matiz social o el impacto que tenía su actividad en los indicadores de pobreza multidimensional y sobre los derechos sociales.
Con el apoyo de varios actores políticos y sociales que reconocieron la importancia de que existiera una legislación especial, luego de un proceso abierto, plural y participativo, a finales de 2013 se publicó la primera Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos.
La ley es destacable en muchos sentidos por incorporar varios conceptos progresistas, pero en particular por crear un capítulo especial para regular el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social, integrado por cuatro componentes de vinculación: la Coordinadora, los Consejos Municipales, el Consejo Ciudadano y la Coeval.
A pesar de que todos componentes fueron implementados, no todos tuvieron los mismos avances y resultados. La Coeval, el Consejo Ciudadano y la Coordinadora han tenido el mayor desarrollo y su trabajo ha permitido que el Estado sea reconocido a nivel nacional por sus avances y logros en la materia. Sin embargo, existen varios pendientes operativos.
En el actual contexto pre-electoral, lo más importante sería transmitir el conocimiento y experiencia generada en los últimos años en materia de coordinación para enfrentar los retos sociales del Estado.
Las capacidades desarrolladas, los mecanismos de control, la toma de decisiones y la forma como se gestionan los procesos muchas veces no aparecen en los manuales administrativos, por lo que sería deseable la existencia de informes de conclusión, a fin de que la política social no tenga que empezar desde cero con el próximo titular del Ejecutivo Estatal.
Esperemos que así sea…
