Para atender la crisis de laudos laborales que enfrentan la mayoría de los ayuntamientos de Morelos, los diputados locales asignaron un fondo concursable de 20 millones de pesos, lo que podría resultar hasta insultante si se considera que las deudas por sentencias que arrastran los municipios podrían superar incluso los 500 millones. Pero los diputados, dicen, hacen lo que pueden con lo que tienen, y nunca tienen mucho.
El problema estructural se ha generado, a grandes rasgos, bajo un esquema similar en todos los municipios: los alcaldes, regidores y otros funcionarios contratan a personal, mayormente sus cuates o compromisos políticos, en plazas de nueva creación o despidiendo a trabajadores de confianza (la práctica comienza junto con la administración, pero suele durar los tres años, aunque a ritmos menores); al término del trienio, alcalde y regidores se van, pero dejan a los que contrataron para que sean despedidos, cuando esto ocurre, se demanda al ayuntamiento y se obtienen laudos favorables por mucho dinero. Como los ayuntamientos no tienen recursos para pagar esas sentencias, los adeudos van creciendo hasta volverse insostenibles; hay laudos que tienen más de un lustro y fueron heredados a los nuevos cabildos.
La práctica ha sido descubierta y denunciada desde hace mucho; hay municipios en que se detectó desde 1997, luego en el 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018… Uno pensaría que después de ocho trienios de repetición, los municipios habrían aprendido, pero si atendemos a las cifras, la contratación hormiga de los ayuntamientos empieza a repetirse incluso durante la pandemia por Covid-19. De acuerdo con cifras del INEGI, reproducidas por el colectivo de investigadores México Cómo Vamos, la población ocupada en los gobiernos ha crecido en 17% durante el último año, lo que es un indicador preocupante frente a dos que parecerían contundentes; la determinación del gobierno estatal de no crecer su nómina precisamente por los problemas financieros que le genera la pandemia; y el recorte de personal de Cuernavaca que alcanzó por lo menos a 350 burócratas para poder cubrir compromisos futuros en gasto de inversión y hasta con la nómina actual. Adicionalmente, había otros datos individuales alentadores, como los despidos y fusiones de algunas áreas en el Ayuntamiento de Cuautla, que habrían hecho pensar que los cabildos se tomaban en serio el grave problema financiero que atraviesan.
No ha sido así, si la burocracia en el gobierno estatal y los ayuntamientos era de más de 32 mil trabajadores, durante el último año creció en 5 mil 480 puestos al tercer trimestre del 2020, lo que resulta mucho más preocupante si se considera que la contingencia sanitaria en Morelos inició desde el último mes del primer trimestre y se ha mantenido. Faltará el dato que confirme la hipótesis, pero es bastante creíble que la mayoría de los más de cinco mil burócratas nuevos estén en los ayuntamientos y que pueda representar una carga en laudos para las próximas administraciones. Los ayuntamientos no han aprendido nada de las amargas experiencias que los han llevado incluso a arrestos por incumplimiento de sentencias administrativas y amagos de destitución múltiples.
Lo urgente y es un asunto de interés general, es diseñar una norma de contratación que evite los abusos de autoridades y trabajadores; un instrumento que sin lesionar los derechos laborales permita a alcaldes y regidores imprimir un estilo propio a su administración, hacerse de un equipo propio y, también impedir que esos cuadros minen el futuro de los ayuntamientos. Antes, con la moral bastaba.
@martinellito
dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
