A pesar de la legitimidad que les ofreció la elección de hace casi un año, los gobiernos federal, estatal y municipales requieren, como cualquiera otro, de contrapesos que puedan limitar, matizar, redirigir, la función pública y atenuar los probables impactos negativos de algunas medidas transformadoras, por el bien la de ciudadanía, pero también de la administración pública, de la política y del futuro político de cada uno de los actores del gobierno.
Esta idea, que resulta de la más elemental lógica política, requiere de una mínima calidad y legitimidad de esos contrapesos. Los ex candidatos, por ejemplo, sólo resultan buenos contrapesos cuando se trata de liderazgos políticos con alguna solvencia moral y una imagen pública respetada; pero los buenos académicos, los empresarios que no tienen nexos corruptos con los regímenes, los representantes de organizaciones civiles y religiosas, suelen ser buenos medios de contraste siempre que actúen sesudamente y eviten el desgaste excesivo. Los aspirantes a posiciones en el gabinete o en organismos públicos difícilmente forman contrapesos creíbles; aunque ya designados, los miembros de esos órganos suelen ser buenos limítrofes.
Se podrá ver que en el caso de Morelos, a excepción de la Iglesia Católica y contados científicos y empresarios, quienes podrían funcionar como contrapeso han decidido guardar silencio, abriendo el espacio a oportunismos políticos cuya crítica se centra en lo personal o en los intereses de grupo. Así resulta muy difícil construir los límites necesarios al ejercicio de gobierno.
En la política a la mexicana (y probablemente ocurra así en muchas naciones), la crítica, la corrección, el límite, difícilmente provendrá del poder; los gabinetes regularmente son grupos sometidos a la voluntad del gobernante (o de un grupo de interés) y por cuestiones de elemental supervivencia se sujetan a esas reglas poco a poco, en el límite de la progresión, acaban aplaudiendo cuanto hace el grupo dominante, o ideando justificaciones sobre el fracaso de algunas políticas públicas. Los gobernantes deben, entonces, escuchar a la crítica para alimentar con ella sus proyectos para tratar los problemas sociales.
El problema es que en Morelos pareciera no haber ese rebote, el Ejecutivo se ha concentrado el diseño y operación de políticas públicas mientras el Congreso habla de otras cosas; los críticos al gobierno repiten la letanía sobre la incapacidad del Ejecutivo que existe desde que la oposición tuvo voz; y acaso algunos advierten la necesidad de modificar algunas políticas públicas desde una perspectiva más constructiva –esos son quienes tendrían que constituir los verdaderos contrapesos, para lo que requieren una estructura política, social, mediática, que permita a sus ideas adquirir la fuerza suficiente para ser atendidas. Los contrapesos que tienen exclusivamente una base política resultan siempre sospechosos porque, aunque legítimos, aspiran al poder.
Convendría, antes de confiar en quienes etiquetan a sus organizaciones o a sí mismos como “contrapesos”, revisar quiénes son los expertos a quienes recurren en la crítica a las acciones de gobierno, porque es cierto que hay mucho qué matizar, redefinir, y hasta reemplazar de las políticas públicas que el gobierno federal y el estatal han emprendido. No se trata de revisionismo, ni de posiciones reaccionarias, sencillamente que lo ideal es la discusión y evaluación puntual de los proyectos, la operación y los resultados de las políticas públicas a cargo de expertos en cada materia, con lo que se permitirá un mayor impacto y eficiencia de las mismas. Ya ha habido propuestas al gabinete de la integración de asesores expertos, y la respuesta ha sido positiva (probablemente se verifique en algunos meses) aunque con la advertencia “no se permitirá que quienes se incorporen en esa calidad al diseño de políticas reciban beneficios particulares”.
