Si tenemos conciencia de que los desastres ocurren, la preparación para prevenir los que son previsibles y paliar los efectos de las catástrofes tendría que ser parte de nuestra cotidianidad. Espanta entonces que para el tamaño de las afectaciones que las lluvias han dejado en por lo menos la mitad de los municipios de Morelos, el gobierno del estado tenga una reserva de apenas 30 millones de pesos que, además, deben durarle para todo el año.
Mucho peor es enterarse que de acuerdo con la proyección presupuestal para el 2021, el monto para desastres considerado por la anterior legislatura habría sido de 63 millones de pesos, aún insuficientes, pero notoriamente más de lo que anuncia el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas. Si la gente fuera suspicaz, diríase que no sólo es insuficiente el monto, sino que además, fue notoriamente ordeñado por el gobierno estatal. En positivo, pensaríamos que probablemente el secretario tiene otros datos, o que sufrió un desliz lingüístico que le hizo decir 30 en lugar de 63 millones de pesos.
Sea la cantidad que se determine una vez que se pongan de acuerdo, el monto sigue siendo insuficiente, comparado con el tamaño de los daños por lluvias, deslaves y derrumbes. Y se añade al bajísimo gasto que alcaldías y gobierno estatal han dedicado al mantenimiento de infraestructura y a la prevención de los percances que se sabe provocan los fenómenos naturales recurrentes en Morelos. En el estado llueve fuerte y mucho, los desniveles del terreno provocan corredores de agua que bajan con una fuerza apenas contenible y arrastran a su paso rocas, basura, ramas, y todo ese material tiene la fuerza suficiente para ocasionar derrumbes, arrastrar vehículos. Todo esto lo sabe cualquiera que viva en los municipios donde el clima suele ser un problema mayor y que incluyen a Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Temixco; por lo que extraña la evidente falta de cuidado en materia de prevención y tratamiento de los desastres naturales.
Aún hay municipios sin atlas de riesgos ni planes de protección de catástrofes; la mayoría no invierte suficiente en el mantenimiento de la infraestructura; y tampoco los municipios tienen un ahorro para atender a la población que sufre por los efectos de los fenómenos naturales. Además, la tolerancia a los asentamientos irregulares cercanos a zonas de riesgo es total, al grado de que las invasiones de terrenos que representan en sí mismos un peligro; la permisividad para que particulares destruyan las barreras naturales que constituyen los árboles, las deficiencias en el servicio de limpia y recolección de basura y otras omisiones de los gobiernos municipales, agravan los riesgos que representan las lluvias.
Porque las fuertes lluvias en Cuernavaca, por ejemplo, son un fenómeno añejo que ha variado relativamente poco en las últimas dos décadas; sin embargo, se ha ampliado su capacidad destructiva.
Uno sólo puede desear que el tema del reordenamiento urbano y la prevención de desastres sea una de las guías principales de las nuevas administraciones municipales que empiezan en enero próximo, y del Congreso local. El gobierno del estado aún tiene que buscar 33 millones de pesos.
dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
