Por lo menos en un muy mal momento han decidido los diputados de Morelos aprobar reformas jurídicas, pensiones, jubilaciones y otros beneficios que, a la luz de los acontecimientos recientes han resultado ofensivas para grandes sectores de la población. La derrota de todos y cada uno de quienes desde la legislatura local buscaron repetir en su encargo o un nuevo puesto de elección popular debió hacerles ver que no estaban las cosas para hacer cosas malas o buenas que parecen malas, pero no fue así y decidieron, como ha ocurrido en las legislaturas morelenses que han sufrido debacles electorales, ponerse a aprobar cosas como si no hubiera mañana –y en efecto, muy probablemente para ellos no habrá.
Y en el marasmo de rechazo que están comenzando a sentir (antes los rechazaban, pero ellos no se inmutaban), el accionar de los diputados locales aún en funciones contamina hasta decisiones que, en otras circunstancias podrían resultar defendibles. Mientras crece el movimiento que censura las pensiones vitalicias a los presidentes, en Morelos los diputados autorizan que se le entregue el mismo beneficio a los fiscales, general, anticorrupción y antisecuestro a partir de que dejen el cargo “por cualquier motivo”; en efecto, cualquier motivo incluiría la ineficiencias, la incapacidad, la infamia, la colusión con grupos delictivos.
El ordenamiento aprobado por los diputados establece que “con el fin de salvaguardar su integridad física y la de sus familias… contarán con el mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones, por el mismo tiempo de su desempeño, percibiendo también el equivalente al cincuenta por ciento de su salario neto en forma vitalicia”, lo que además se les concede aparte de sus derechos jubilatorios y pensionarios adquiridos. Y el resto de los fiscales especializados y regionales “tendrán derecho a las prerrogativas señaladas… en los términos, plazos y condiciones que establezca en acuerdo con el Fiscal General”, es decir, también podrían ser vitalicias.
Para el análisis de estas reformas aprobadas por los legisladores conviene decir que podemos leerlas pensando que el fiscal al que se refieren es Eliot Ness, y entonces está bien porque además de la efectividad de Ness en el combate contra el crimen, su incorruptibilidad y heroísmo, es un personaje ficticio, lo que significaría un enorme ahorro para el erario. Pero también suponiendo que fuera real, un gran fiscal merecería muy probablemente ese tipo de apoyos, aunque costaran entre 275 mil y 500 mil pesos por cada fiscal durante todo un año (sin contar posibles jubilaciones o pensiones adicionales). El asunto es que los fiscales de Morelos no han demostrado ser especialmente efectivos, uno de los indicadores de la inseguridad es el índice de impunidad por los delitos cometidos –relacionado directamente con la labor de las fiscalías-, y en Morelos, como en casi todo el país, ese índice es espantoso, menos del uno por ciento de los delitos consumados reciben sentencia. Con números así, podríamos decir que no sólo las pensiones vitalicias, sino hasta el salario de los fiscales resulta un exceso para los contribuyentes de la entidad.
Los diputados, sin embargo, no parecen haber hecho ese análisis y probablemente hasta consideran que los fiscales son Elliot Ness. O a lo mejor, como ya alguna vez reconocieron, no se dieron cuenta de lo que estaban aprobando.
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