/ miércoles 28 de octubre de 2020

Los fideicomisos tenían una enfermedad, no eran el problema

En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 y ante la reciente cancelación de un paquete amplio de fideicomisos públicos, me pareció interesante indagar cuál era la posición que había tenido la ASF.

De acuerdo con la ASF, en el periodo de 1999 a 2018 se habían realizado 582 auditorias; lo que había permitido identificar algunos problemas como: 1. Incrementos significativos en la utilización de recursos con fideicomisos; 2. Administración de los fondos sin cumplir con el principio de anualidad del gasto público, ya que las erogaciones no se hacían conforme al régimen de presupuestación, autorización y ejercicio del gasto público; y 3. El comprometer ingresos futuros del propio fideicomiso como mecanismo de autofinanciamiento.

Vale la pena señalar que el uso de fideicomisos no es algo exclusivo del Ejecutivo, ya que también el Poder Legislativo y el Judicial los usan (para el pago de pensiones complementarias, prestaciones médicas, mantenimiento de inmuebles, capacitación del personal, por ejemplo). En el Informe de la Cuenta Pública 2018, la ASF dice que se realizaron 80 auditorías a fideicomisos identificando una mala rendición de cuentas; incumplimientos en los procesos para disponer y aplicar los recursos; así como en los procesos de adjudicación de contratos de obras adquisición de bienes y servicios; entre otros aspectos.

Sin embargo, el órgano fiscalizador también señala que “las observaciones derivadas de la disposición de recursos por los ejecutores de gasto no significaron una deficiencia en la operación de las figuras jurídicas, sino en los procesos y controles del ejecutor de gasto”. Lo que esto quiere decir es que los fideicomisos, como instrumentos legales-administrativos, no son el problema.

La propia ASF menciona que desde el 2007 existe un sistema de control y transparencia de fideicomisos, cuya información se integra al reporte que recibe la Cámara de Diputados. Además, señala que en la Ley Federal de Austeridad Republicana se obliga a todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos en la Administración Pública Federal Centralizada, a ofrecer información regular cada trimestre a fin de promover la transparencia y rendición de cuentas.

Considero que lo primero que tenemos que reconocer es que los fideicomisos no eran instrumentos ilegales, ya que contaban con una regulación, mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. En segundo lugar, sí bien reconocemos que tenían deficiencias, también es cierto que eran auditados por la ASF y por lo tanto, eran obligados a mejorar y corregirse.

Respecto al manejo de los recursos, me parece que no debería ser un problema el que hayan aumentado los fondos o que se incumpla el principio de anualidad o que se usen esquemas financieros para autofinanciarse, siempre y cuando su manejo se aplique adecuadamente y de forma transparente. Y en el último de los casos, las irregularidades cometidas por los servidores públicos tienen que ser investigados y sancionados administrativa y penalmente.

Sin embargo, a pesar de todos los defectos o problemas que pudieran tener los fideicomisos debieron ser discutidos y analizados con la participación de todas las partes involucradas para darles un tratamiento hacia su corrección como si se tratara de una enfermedad crónica o un cáncer, es decir, lo que se tenía que hacer era curar la enfermedad en lugar de matar al paciente.

Los médicos de la 4T decidieron que era mejor matar al paciente. Sin embargo, debemos considerar que no se trata de una posición total, ya que no todos los fideicomisos fueron destruidos y tampoco han dejado de crearse nuevos; aunque eso parezca contradictorio.


Twitter / Facebook: @CzarArenas

En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 y ante la reciente cancelación de un paquete amplio de fideicomisos públicos, me pareció interesante indagar cuál era la posición que había tenido la ASF.

De acuerdo con la ASF, en el periodo de 1999 a 2018 se habían realizado 582 auditorias; lo que había permitido identificar algunos problemas como: 1. Incrementos significativos en la utilización de recursos con fideicomisos; 2. Administración de los fondos sin cumplir con el principio de anualidad del gasto público, ya que las erogaciones no se hacían conforme al régimen de presupuestación, autorización y ejercicio del gasto público; y 3. El comprometer ingresos futuros del propio fideicomiso como mecanismo de autofinanciamiento.

Vale la pena señalar que el uso de fideicomisos no es algo exclusivo del Ejecutivo, ya que también el Poder Legislativo y el Judicial los usan (para el pago de pensiones complementarias, prestaciones médicas, mantenimiento de inmuebles, capacitación del personal, por ejemplo). En el Informe de la Cuenta Pública 2018, la ASF dice que se realizaron 80 auditorías a fideicomisos identificando una mala rendición de cuentas; incumplimientos en los procesos para disponer y aplicar los recursos; así como en los procesos de adjudicación de contratos de obras adquisición de bienes y servicios; entre otros aspectos.

Sin embargo, el órgano fiscalizador también señala que “las observaciones derivadas de la disposición de recursos por los ejecutores de gasto no significaron una deficiencia en la operación de las figuras jurídicas, sino en los procesos y controles del ejecutor de gasto”. Lo que esto quiere decir es que los fideicomisos, como instrumentos legales-administrativos, no son el problema.

La propia ASF menciona que desde el 2007 existe un sistema de control y transparencia de fideicomisos, cuya información se integra al reporte que recibe la Cámara de Diputados. Además, señala que en la Ley Federal de Austeridad Republicana se obliga a todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos en la Administración Pública Federal Centralizada, a ofrecer información regular cada trimestre a fin de promover la transparencia y rendición de cuentas.

Considero que lo primero que tenemos que reconocer es que los fideicomisos no eran instrumentos ilegales, ya que contaban con una regulación, mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. En segundo lugar, sí bien reconocemos que tenían deficiencias, también es cierto que eran auditados por la ASF y por lo tanto, eran obligados a mejorar y corregirse.

Respecto al manejo de los recursos, me parece que no debería ser un problema el que hayan aumentado los fondos o que se incumpla el principio de anualidad o que se usen esquemas financieros para autofinanciarse, siempre y cuando su manejo se aplique adecuadamente y de forma transparente. Y en el último de los casos, las irregularidades cometidas por los servidores públicos tienen que ser investigados y sancionados administrativa y penalmente.

Sin embargo, a pesar de todos los defectos o problemas que pudieran tener los fideicomisos debieron ser discutidos y analizados con la participación de todas las partes involucradas para darles un tratamiento hacia su corrección como si se tratara de una enfermedad crónica o un cáncer, es decir, lo que se tenía que hacer era curar la enfermedad en lugar de matar al paciente.

Los médicos de la 4T decidieron que era mejor matar al paciente. Sin embargo, debemos considerar que no se trata de una posición total, ya que no todos los fideicomisos fueron destruidos y tampoco han dejado de crearse nuevos; aunque eso parezca contradictorio.


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