El pasado 20 de octubre se llevó a cabo la sesión del Senado de la República en la cual se extinguieron los fideicomisos desde donde se financiaba la investigación científica en nuestro país con 65 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido Encuentro Social. En respuesta a la presencia de grupos sociales de defensa a éste y otros fideicomisos que apoyaban a familiares de desaparecidos, cineastas, periodistas y víctimas de desplazamiento forzado en la sede principial del Senado, el presidente de la mesa directiva decidió utilizar la antigua casona de Xicoténcatl número 9 en el Centro Histórico de la Ciudad de México como sede alterna para el pleno.
Se trata de una construcción del siglo XVII que fuera la sede del Senado desde 1931 hasta 2010 y que no cuenta con infraestructura moderna como rampa para usuarios de sillas de ruedas por ejemplo, con mayor valor histórico que funcional. La decisión de convocar allí al pleno del Senado, 128 representantes más el personal operativo y de apoyo, fue inmediatamente cuestionada ante la existencia de al menos un caso confirmado de COVID19 entre ellos, el Senador Alejandro Armenta (Morena).
En respuesta, la Secretaría de Salud a través del Director de Epidemiología José Luis Alomía expidió un documento en el cual certificó que el recinto presentaba las condiciones necesarias para garantizar la salud de los asistentes a la sesión, esto a pesar de que no cuenta con ventilación natural ni espacio suficiente para una distancia mínima segura entre los asistentes. Por razones políticas, un grupo de Senadoras se mantuvo, además, de pie y codo a codo en las escaleras de acceso al presidium las 12 horas que duró la sesión.
Sabemos ahora que la principal vía de transmisión del virus es a través de las gotículas de saliva que emitimos al toser o estornudar pero también sabemos que el puro hecho de convivir en un espacio cerrado con un infectado aumenta la probabillidad de inhalar aerosoles cargados de partículas virales. Si la convivencia es prolongada o las personas hablan, gritan o cantan, el riesgo aumenta hasta un nivel en el cual los cubrebocas convencionales pierden su capacidad protectora.
Las consecuencias no se hicieron esperar. A solo cuatro días de la sesión el número de casos positivos de COVID19 entre los asistentes a la sesión se elevó con los Senadores José Alberto Galarza (MC), Guadalupe Saldaña (PAN), Indira Rosales (PAN) y Joel Molina (Morena) quien parece ser el causante del brote entre sus compañeros ya que se presentó enfermo a la convocatoria. Desafortunadamenta para él, su enfermedad evolucionó muy rápido falleciendo el 24 de octubre.
Lo ocurrido corresponde naturalmente con la displicencia oficial al uso obligatorio de cubrebocas y la reiterada subestimación del riesgo que implica la convivencia prolongada en espacios cerrados. La urgencia por extinguir los fideicomisos violentó las más elementales medidas de seguridad sanitaria dentro del Senado incluyendo la asistencia de una persona enferma. Algunos Senadores como por ejemplo Ifigenia Martínez (Morena) pertenecen a grupos de riesgo por edad pero recordemos que otras comorbilidades como hipertensión o diabetes son frecuentes en nuestro país y los Senadores no son la excepción.
Haber puesto en riesgo la salud y la vida del Senado de la República con la finalidad de extinguir 109 fideicomisos que permitirán la requisa de cuando mucho el 1% de los ingresos del gobierno federal, no solo implica una responsabilidad jurídica sino histórica. Parecería que nuestras autoridades no quieren reconocer que las pandemias no obedecen por decreto y eso es grave.
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