El Estado mexicano, con un presidencialismo ahora recargado, debilidad en el Legislativo y Judicial, escasa confianza en las autoridades gubernamentales, y una colección amplísima de disfunciones que suelen dejar a los ciudadanos en estado de indefensión, empezó el proceso de creación de instituciones autónomas que permiten la protección de derechos específicos. No es un asunto particular de Morelos, en muchas democracias existen órganos que regulan la actuación del estado y de particulares para garantizar la protección ciudadana que el Estado es incapaz de proveer de forma confiable.
Cierto que son costosos, pero esos costos no tendrían que sumarse a una cuenta individual de cada dependencia, sino a las enormes pérdidas que nos significa la falta de confianza, totalmente justificada, sobre las acciones de los diversos niveles y esferas de gobierno. Lo cierto es que los órganos autónomos permiten fortalecer la confianza ciudadana en asuntos fundamentales para la democracia y las libertades individuales. Pensar en la extinción de estos órganos con un criterio eminentemente contable, como la reducción de costos del Estado, es un arrebato lamentable que se permitiría a alguna columna de opinión superficial, pero no a la presidencia de la República, institución a la que también regulan y sancionan.
¿Alguien podría confiar en un proceso electoral organizado por la Secretaría de Gobernación (entidad creada para garantizar la continuidad del Poder)? ¿Creerían en normas de competencia dictadas por un gobierno que tiene a su cargo empresas paraestatales en sectores estratégicos de la economía? Funcionaría la verificación del respeto a los derechos humanos y la prevención y sanción de conductas discriminatorias en manos de instituciones gubernamentales que violan constantemente las garantías individuales? No se trata de la voluntad del presidente, sino del estado de cosas en el país y de reconocer la utilidad de los órganos autónomos en la defensa de los ciudadanos, particularmente, de las minorías.
Las instituciones autónomas son indispensables en las democracias modernas dada la complejidad que revisten las relaciones sociales en los Estados modernos. Que el presidente López Obrador se queje de su abundancia sería bueno si pudiera reconocer que cada uno de estos órganos se ha creado para prevenir, atender y sancionar fallas sistémicas del Estado mexicano.
Hace años, con la misma agresividad, un priismo primitivo atacaba a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegando que servía sólo para proteger delincuentes. Lo cierto es que las recomendaciones hechas por la CNDH, han ido sobre la acción abusiva de cuerpos policiacos, pero también sobre los derechos de pacientes de instituciones públicas, los de alumnos del sistema educativo nacional y esas intervenciones han generado cambios innegables en materia de inclusión.
El presidente utiliza la misma lógica reduccionista contra la Conapred, que busca prevenir y sancionar la discriminación por cualquier motivo (como llamarle fifí o señoritingo a alguien sólo por su origen o condición social). Así de peligroso es.
@martinellito
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