En un movimiento que ha encendido el debate público en nuestro país, en su momento Andrés Manuel López Obrador propuso como paquete de las reformas a la Constitución el pasado 5 de febrero, y una al Poder Judicial que contempla la elección popular de los jueces. Esta propuesta busca involucrar directamente a los ciudadanos en la selección de quienes imparten justicia, una idea que, aunque revolucionaria para el sistema mexicano, no es del todo nueva en la historia y perspectiva mundial.
Desde los tiempos de la antigua Grecia, la noción de involucrar al pueblo en la administración de la justicia ha tenido un lugar prominente. Solón, el gran reformador ateniense, introdujo cambios significativos que permitían a los ciudadanos comunes acceder a roles en la toma de decisiones legales, estableciendo así uno de los primeros precedentes de democracia judicial. A lo largo de los siglos, esta idea ha evolucionado, adaptándose a las estructuras políticas y culturales de diferentes sociedades.
En Estados Unidos, la elección de jueces varía de un estado a otro. Algunos estados emplean elecciones partidistas o no partidistas para seleccionar jueces en todos los niveles del sistema judicial, desde tribunales municipales y de condado hasta Tribunales Supremos estatales. El argumento a favor de la elección popular es que permite a los ciudadanos tener un papel directo en la selección de aquellos que interpretarán y aplicarán las leyes bajo las cuales viven. Sin embargo, este también ha sido objeto de críticas debido a la posible influencia del dinero y la política en las decisiones judiciales, lo que podría comprometer la imparcialidad y la independencia judicial.
Con su sana distancia, en Suiza, algunos cantones utilizan elecciones para seleccionar a sus jueces. Este sistema mixto refleja la tradicional autonomía cantonal y el fuerte ethos democrático del país. Las elecciones pueden ser partidistas o no partidistas, dependiendo del cantón, y ofrecen un ejemplo interesante de cómo la elección popular de jueces puede coexistir con un sistema legal generalmente considerado como altamente profesionalizado e independiente.
En Japón, los miembros de la Corte Suprema deben ser confirmados por el público en un referéndum de retención que se realiza periódicamente. Después de ser nombrados por el gabinete, se presentan a una votación del público en la primera elección general siguiente a su nombramiento y, posteriormente, cada diez años. Aunque no es una elección en el sentido tradicional de campañas y competencias, esta práctica ofrece a los ciudadanos una forma de participación directa en la ratificación de los jueces supremos.
La mayoría de los países en del mundo optan por un sistema de nombramiento, donde los jueces son seleccionados por el gobierno o un órgano independiente de selección judicial, en lugar de ser elegidos directamente por el voto popular. Con esto se permite mantener una separación entre la política y la administración de justicia, buscando asegurar que los jueces puedan actuar de manera independiente y basada exclusivamente en el derecho.
La propuesta en discusión sugiere un cambio radical: que los jueces en México sean elegidos directamente por los votantes en elecciones regulares. Los defensores de esta medida argumentan que podría aumentar la legitimidad y la responsabilidad del sistema judicial, haciendo que los jueces sean más representativos de la voluntad del pueblo. No obstante, los críticos advierten sobre el riesgo de politización de la justicia, donde decisiones judiciales podrían estar influenciadas por la necesidad de ganar elecciones en lugar de adherirse estrictamente a la ley.
Una de las principales preocupaciones es cómo la elección popular podría afectar la independencia judicial. Si los jueces tienen que hacer campaña para ser elegidos, podrían verse obligados a hacer promesas o tomar posturas que comprometan su objetividad. Además, esto podría afectar la percepción pública de su legitimidad, pues la justicia podría ser vista como sujeta a las fluctuaciones de la opinión popular más que a la rigurosidad de la ley.
En fin, la historia con su lente implacable y juicio infalible nos juzgará por las decisiones tomadas en este crisol de cambio. En la encrucijada de la tradición y la innovación, donde las voces del pueblo buscan eco en los pasillos de la justicia, ¿hemos ampliado el horizonte de la democracia o hemos sembrado las semillas de su erosión? El tiempo, ese gran revelador, desvelará la sabiduría o la imprudencia de nuestra elección. El legado de nuestro tiempo es ahora un manuscrito en espera de su veredicto final, no escrito en piedra; sino en la evanescente voluntad de la sociedad.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
