MOVILIZACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con movilizaciones en todo el país el día 8 de marzo, y un paro general al día siguiente, grupos feministas conmemoraron la fecha histórica instituida para reconocer las luchas de las mujeres de todo el mundo en pro de la libertad, contra la opresión y para poner fin a los feminicidios y a la impunidad que existen en México.
Las marchas del 8 de marzo juntaron miles de manifestantes en muchas ciudades del país, con asistencia de multitudes femeninas nunca antes reunidas bajo esa convocatoria. Sin duda, reflejan el clima de malestar, la tensión que reina en el país por falta de seguridad, la opresión patriarcal y la ineficiencia del poder judicial, incapaz de garantizar la impartición de justicia a miles de víctimas de la violencia contra las mujeres.
Es condenable, sin embargo, la violencia irracional desplegada por grupos de mujeres agresivas que, al amparo del anonimato, vandalizaron edificios, comercios, instituciones bancarias e incluso lanzaron petardos y bombas caseras contra la policía, integrada por mujeres, que resguardaban la marcha, los monumentos públicos y el Palacio Nacional.
El resultado preliminar de las agresiones es de 34 mujeres policías lesionadas, 4 de gravedad, y una reportera de un diario nacional que resultó con quemaduras de segundo grado. Sin embargo, esto podría resultar en la falta de castigo para las causantes de estas agresiones. Ahora la inacción de las autoridades protege -–por pura ironía-- a quienes agredieron a mujeres mientras supuestamente luchaban contra la impunidad de los agresores de mujeres.
Entremos de lleno al asunto: este tipo de desmanes no asustan a un gobierno que, si bien es tolerante, está encabezado por dirigentes que han sido forjados en el fuego de la lucha de masas. Podrán repetirse cientos de veces estas movilizaciones, pero es difícil que obtengan el triunfo político mientas el grueso de las mujeres que las integran no se deslinden de los actos de violencia que, finalmente, solo agreden física y políticamente a las propias mujeres. Es indispensable que alguien asuma la responsabilidad de ese deslinde.
Por otro lado, es lamentable la carencia de un programa de demandas por parte de las mujeres movilizadas. Se quedan en la superficie, no van a las causas. Por eso su desesperación. Por ejemplo: si las mujeres viven bajo la esclavitud del hogar, y ahí se generan los conflictos, la solución es que se construyan comedores populares para obreros y obreras, empleados y empleadas, productores agrícolas, estudiantes y los más diversos sectores sociales.
La atención y formación de los niños con nuevos valores puede ser encargada a Centros de Desarrollo Infantil (el modelo CENDI del PT es muy eficiente) que liberen a las madres de familia, para que se puedan dedicar a trabajar y/o estudiar. Construir muchos de ellos en el país debería ser una demanda de urgente solución.
El factor impunidad es un elemento importante para que los feminicidios se hayan incrementado. Formar cuerpos de jueces honestos, con capacidad de resistir los cañonazos de los victimarios, es tarea de ese poder del Estado, y los jueces corruptos deben ser objeto del escarnio público.
Es inaudito que un juez que absolvió a un feminicida, o bien “reclasificó” el delito de feminicidio para castigarlo como simple “violencia familiar”, hoy siga impune, disfrutando de lo obtenido por medio de la corrupción, mientras los familiares lloran a las mujeres violadas o muertas.
Se debe combatir enérgicamente la corrupción en el medio judicial. La impunidad es una mercancía que se compra y se vende en el mercado de los juzgados. Poner fin a esas actividades es vital para mejorar el funcionamiento de un sistema que se ha propuesto llevar la justicia a todos los ámbitos sociales del país.
Asimismo, se debe mejorar el funcionamiento de la policía. Capacitar a policías y agentes del ministerio público en el manejo de feminicidios. Es un asunto complejo, que exige por lo tanto de especialistas para su implementación.
Y todo lo anterior, sin abandonar la lucha contra los cárteles criminales y la enorme violencia que generan. Pero no se debe clasificar el asunto del feminicidio como una parte menor de la inseguridad general que sacude al país. La violencia contra las mujeres mexicanas exige la implementación de una serie de políticas públicas que robustezcan al gobierno mexicano y lo capaciten en esta batalla.
Estamos en medio de un clima político muy turbulento. Por primera vez en lo que va del sexenio, el gobierno federal ha sido rebasado por los acontecimientos. Es la primera vez que no dicta la agenda nacional. Esta vez la dictaron el 8 y 9 de marzo los grupos feministas (con o sin patrocinio).
El programa oficial en favor de las mujeres urge. De por medio está el interés de la gran mayoría de los mexicanos, que deseamos la continuación de un gobierno democrático con respaldo popular, para impedir el regreso de los reaccionarios al poder. No queremos la vuelta del neoliberalismo.
El movimiento de las mujeres comenzó históricamente como una lucha de la izquierda. El gobierno debe garantizar que siga siendo de izquierda, e impedir que los reaccionarios (o conservadores) se apoderen de esas banderas y las usen para desgastar a un gobierno democrático que los mexicanos elegimos.
No queremos la represión contra las activistas violentas. Planteamos en cambio un programa social que ubique de nuevo al gobierno federal al frente de esta lucha popular. Es urgente recuperar la conducción ideológica y política de este sector de la sociedad mexicana.
