México vive la consolidación de una serie de reformas político-electorales desde 2014 que tiene como resultado la disputa por la titularidad del Ejecutivo que en 2018, es competitiva entre distintos partidos políticos.
La esencia en el argumento que nos brinda la literatura es que históricamente el sistema parlamentario ha logrado generar democracias estables, destacando una serie de problemas que los regímenes presidenciales encierran, causantes de democracias inestables y poco consolidadas: el primer argumento versa sobre la disputa y competencia de legitimidad entre el presidente y la asamblea o congreso, pues, al elegirse ambos por voto popular, ambos pueden considerarse legítimos independientemente del otro. “No hay ningún principio democrático que pueda resolver las disputas entre el ejecutivo y la legislatura acerca del cuál de los dos representa realmente la voluntad del pueblo”.
El segundo problema es sobre el periodo fijo del mandato presidencial que, por su rigidez, inhibe la capacidad de desarrollar proyectos significativos por el tiempo escaso, así como depender del plazo establecido en la ley para remover al presidente que pierda legitimidad y apoyo, tanto en el congreso como la percepción de la sociedad.
El tercer punto aduce que el presidencialismo tiene una lógica de ganador único que no es favorable para la estabilidad democrática, pues cuando se logra la victoria de la elección se asegura el mandato por el tiempo legislado, que en México es de seis años, lo cual conlleva a ignorar el proceso de construir coaliciones y apoyos de la oposición para fortalecer su plan de gobierno.
El cuarto problema, es que “el estilo presidencial de la política” es menos favorable para la democracia que el parlamentario, pues al presidente se le exige cumplir la doble función de ser jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, lo cual abruma al titular del Ejecutivo y al mismo tiempo lo tienta a mantener una actitud intolerante hacia la oposición.
Destaca que uno de los principales problemas del presidencialismo en México recae en las amplias competencias administrativas, legislativas y decisionales que nuestro texto constitucional confiere al titular del Ejecutivo federal, pues esto incentiva que se aleje de los reclamos de la oposición y las demandas sociales. La historia del presidencialismo en México nos muestra los excesos del poder y sus consecuencias.
En efecto, son esos excesos los que deslegitiman tanto al poder ejecutivo como al sistema político en su conjunto; damos la razón a la literatura cuando se refiere al “estilo presidencial de la política” como una desventaja en la estabilidad de la democracia mexicana.
Ese estilo presidencial de la política queda confrontado hoy con la realidad que, es el contrapeso que importa y, la sumatoria de elecciones del 6 de junio apunta hacia una distribución del poder político más enriquecida por la diversidad que es nuestro país.
El hecho mismo que la coalición gobernante no logra la mayoría calificada en el congreso es un testimonio vivo de la obligación de los dos poderes electivos para servir a los ciudadanos y no viceversa.
Representa además la victoria de la política basada en la negociación que, cuestionó el personalismo presidencial con el voto de los electores que, optaron por darle su lugar principal a la cámara de diputados como la casa de los acuerdos parlamentarios.
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