/ lunes 21 de octubre de 2019

No debe haber austeridad en detrimento social

Desde el Senado

¿Quién puede negar que en nuestro país enfrentamos un grave problema en el Sistema Nacional de Salud (SNS) particularmente por la falta de presupuesto? Desde luego que la respuesta es nadie.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que el servicio de salud “es muy malo”.

Tampoco podemos afirmar que no tienen sustento los reclamos de pacientes y sus familiares por los deficientes servicios que se prestan y la falta de medicamentos que llevó al mismo presidente a afirmar sobre el Seguro Popular que, “ni es seguro ni es popular”.

Sin lugar a duda que el principal problema del SNS, amén de la corrupción, es la falta de presupuesto. Habrá que destacar que este inconveniente no es privativo de la actual administración federal, viene de tiempo atrás. Sin embargo, hay fuertes intereses para hacernos creer, a partir de este inconveniente, que el problema absoluto es por culpa de la actual administración, asunto que rechazo.

En octubre de 2016 la reportera Miriam Jiménez en el portal de Forbes publicó que “en los últimos dos años, el gobierno federal recortó al sector salud 15 mil millones de pesos”, y que “en los próximos años el sistema enfrentará una población que además de haber envejecido, presentará grandes índices de enfermos crónicos que demandarán tratamientos costosos y prolongados, que pondrán a prueba la capacidad del gobierno para generar políticas que disminuyan el rezago en salud pública”.

Era, sin lugar a duda, una preocupante radiografía a la que sumó el caso de “una paciente que pasó cinco años por un vía crucis por clínicas y hospitales”, que, al no ser atendida por un especialista, tuvo que acudir a la medicina privada, “con cargo -desde luego-, a su bolsillo y el de su familia”. Como el de esta persona hay cientos de casos.

Efectivamente al SNS se le debe hacer una cirugía mayor cuyo diagnóstico lo encontramos en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que propone crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, organismo que deberá atender a cerca de 20 millones de personas que hoy no tienen acceso a servicios de salud.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF) prevé un aumento de recursos para el sector salud al pasar en números redondos de 124 mil 266 millones a 128 mil 589 millones pesos.

Al revisar varios de los rubros que están destinados diversas enfermedades, encontramos que algunos de los gastos etiquetados están a la baja. Por ejemplo, el Programa de Prevención de Control de Sobrepeso y Diabetes tendrá 519 millones 841 mil pesos, 13 millones 190 mil pesos menos que en 2019, cuando recibió 533 mil 32 mil pesos.

Contrariamente, los recursos para la prevención y ataque contra las adicciones serán mayores el próximo año que pasan de mil 355 millones 577 mil a mil 385 millones 729 mil pesos. Esto representa un incremento de 30 millones 171 mil pesos.

Buenas noticias son el hecho que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se verán beneficiados para el ejercicio fiscal de 2020 en caso de que el presupuesto sea aprobado.

El primero pasaría de los 755 mil 440 millones 517 mil a 834 mil 44 millones 144 mil pesos, es decir, 78 mil 603 millones 626 mil pesos más que en 2019, mientras que el ISSSTE alcanzaría un aumento de 26 mil 120 millones 210 mil pesos.

El diagnóstico actual del SNS nos dice que los mexicanos tienen que pagar de su bolsillo para ser atendidos por médicos particulares y adquirir sus medicamentos, pero también nos dice que se había venido gastando mal, los servicios son de mala calidad y, tal vez, millones de personas se quedan sin servicio porque no les alcanza para un médico particular y menos para comprar sus medicinas.

Es claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido a dotar de servicios de salud a toda la población, pero también es claro que se está enfrentando a un problema añejo que es la falta de recursos financieros, una deficiente infraestructura e, incluso, a la falta de médicos.

Aunque hoy los partidos de oposición, así como ciertos intereses políticos y económicos afirman que “ya está bien de echarle la culpa a los gobiernos pasados”, también es cierto que los problemas arriba destacados tienen que ver, quiérase o no, a que el gasto durante los sexenios pasados ha venido a la baja además, desde luego a la lacerante corrupción.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto el presupuesto dedicado a salud bajó, en términos reales, en un 2%, de 580 mil millones de pesos en 2012 a 569 mil millones en el 2018, mientras que los mexicanos que requieren de los servicios de la salud, aumentaron en 6.3 millones, esto, según el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).

Como legisladores estamos obligados a atender el reclamo ciudadano. En mi caso estoy preocupada que en los hospitales no se atienda a la población y no cuente con los medicamentos necesarios ni con la atención debida.

El tema de la salud debe ser prioritario para nosotras las y los legisladores, pues “no puede haber austeridad si va en detrimento de las personas y por ello, desde mi posición en la Comisión de Hacienda del Senado habré de solicitar al titular de la SHCP, Arturo Herrera, una reunión con su equipo de trabajo para que haya la suficiencia presupuestal y poder hacer las compras consolidadas y no falten los medicamentos.

Por ejemplo, un problema que en todo el país nos preocupa es el de poder atacar de manera frontal al dengue hemorrágico, el cual es una complicación una crítica en varios estados, de manera particular en el estado de Morelos donde ha habido decesos por falta de medicamentos. Hay muchas más enfermedades que desde el legislativo debemos atender para el bienestar del país y de las y los mexicanos. En eso estamos.

¿Quién puede negar que en nuestro país enfrentamos un grave problema en el Sistema Nacional de Salud (SNS) particularmente por la falta de presupuesto? Desde luego que la respuesta es nadie.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que el servicio de salud “es muy malo”.

Tampoco podemos afirmar que no tienen sustento los reclamos de pacientes y sus familiares por los deficientes servicios que se prestan y la falta de medicamentos que llevó al mismo presidente a afirmar sobre el Seguro Popular que, “ni es seguro ni es popular”.

Sin lugar a duda que el principal problema del SNS, amén de la corrupción, es la falta de presupuesto. Habrá que destacar que este inconveniente no es privativo de la actual administración federal, viene de tiempo atrás. Sin embargo, hay fuertes intereses para hacernos creer, a partir de este inconveniente, que el problema absoluto es por culpa de la actual administración, asunto que rechazo.

En octubre de 2016 la reportera Miriam Jiménez en el portal de Forbes publicó que “en los últimos dos años, el gobierno federal recortó al sector salud 15 mil millones de pesos”, y que “en los próximos años el sistema enfrentará una población que además de haber envejecido, presentará grandes índices de enfermos crónicos que demandarán tratamientos costosos y prolongados, que pondrán a prueba la capacidad del gobierno para generar políticas que disminuyan el rezago en salud pública”.

Era, sin lugar a duda, una preocupante radiografía a la que sumó el caso de “una paciente que pasó cinco años por un vía crucis por clínicas y hospitales”, que, al no ser atendida por un especialista, tuvo que acudir a la medicina privada, “con cargo -desde luego-, a su bolsillo y el de su familia”. Como el de esta persona hay cientos de casos.

Efectivamente al SNS se le debe hacer una cirugía mayor cuyo diagnóstico lo encontramos en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que propone crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, organismo que deberá atender a cerca de 20 millones de personas que hoy no tienen acceso a servicios de salud.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF) prevé un aumento de recursos para el sector salud al pasar en números redondos de 124 mil 266 millones a 128 mil 589 millones pesos.

Al revisar varios de los rubros que están destinados diversas enfermedades, encontramos que algunos de los gastos etiquetados están a la baja. Por ejemplo, el Programa de Prevención de Control de Sobrepeso y Diabetes tendrá 519 millones 841 mil pesos, 13 millones 190 mil pesos menos que en 2019, cuando recibió 533 mil 32 mil pesos.

Contrariamente, los recursos para la prevención y ataque contra las adicciones serán mayores el próximo año que pasan de mil 355 millones 577 mil a mil 385 millones 729 mil pesos. Esto representa un incremento de 30 millones 171 mil pesos.

Buenas noticias son el hecho que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se verán beneficiados para el ejercicio fiscal de 2020 en caso de que el presupuesto sea aprobado.

El primero pasaría de los 755 mil 440 millones 517 mil a 834 mil 44 millones 144 mil pesos, es decir, 78 mil 603 millones 626 mil pesos más que en 2019, mientras que el ISSSTE alcanzaría un aumento de 26 mil 120 millones 210 mil pesos.

El diagnóstico actual del SNS nos dice que los mexicanos tienen que pagar de su bolsillo para ser atendidos por médicos particulares y adquirir sus medicamentos, pero también nos dice que se había venido gastando mal, los servicios son de mala calidad y, tal vez, millones de personas se quedan sin servicio porque no les alcanza para un médico particular y menos para comprar sus medicinas.

Es claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido a dotar de servicios de salud a toda la población, pero también es claro que se está enfrentando a un problema añejo que es la falta de recursos financieros, una deficiente infraestructura e, incluso, a la falta de médicos.

Aunque hoy los partidos de oposición, así como ciertos intereses políticos y económicos afirman que “ya está bien de echarle la culpa a los gobiernos pasados”, también es cierto que los problemas arriba destacados tienen que ver, quiérase o no, a que el gasto durante los sexenios pasados ha venido a la baja además, desde luego a la lacerante corrupción.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto el presupuesto dedicado a salud bajó, en términos reales, en un 2%, de 580 mil millones de pesos en 2012 a 569 mil millones en el 2018, mientras que los mexicanos que requieren de los servicios de la salud, aumentaron en 6.3 millones, esto, según el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).

Como legisladores estamos obligados a atender el reclamo ciudadano. En mi caso estoy preocupada que en los hospitales no se atienda a la población y no cuente con los medicamentos necesarios ni con la atención debida.

El tema de la salud debe ser prioritario para nosotras las y los legisladores, pues “no puede haber austeridad si va en detrimento de las personas y por ello, desde mi posición en la Comisión de Hacienda del Senado habré de solicitar al titular de la SHCP, Arturo Herrera, una reunión con su equipo de trabajo para que haya la suficiencia presupuestal y poder hacer las compras consolidadas y no falten los medicamentos.

Por ejemplo, un problema que en todo el país nos preocupa es el de poder atacar de manera frontal al dengue hemorrágico, el cual es una complicación una crítica en varios estados, de manera particular en el estado de Morelos donde ha habido decesos por falta de medicamentos. Hay muchas más enfermedades que desde el legislativo debemos atender para el bienestar del país y de las y los mexicanos. En eso estamos.

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