En esta semana el Congreso de la Unión, es decir, las Cámaras de Diputados y Senadores atrajeron la atención de distintos sectores académicos, de investigación, promotores de derechos, organizaciones sociales y líderes de opinión debido a la discusión de la Ley de Ingresos del próximo año y el paquete de leyes impactadas por la eliminación de los fideicomisos públicos.
Tuve oportunidad de seguir en varios momentos las discusiones que se llevaron a cabo desde las comisiones dictaminadores y las que siguieron en el Pleno de ambas Cámaras.
Al ver la forma como se aprobaron los dictámenes, no pude evitar entrar a un túnel del tiempo y regresar a los años en donde las aplanadoras panistas y/o priístas junto con sus partidos aliados, aprobaban por mayoría las leyes que se habían dictado desde la oficina de la Presidencia o la Secretaría de Hacienda.
En realidad no ha transcurrido mucho tiempo, ya que hablo de lo ocurrido durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyo poder político representado en las cámaras legislativas lograron sacar las llamadas “reformas estructurales”.
Eran auténticas “aplanadoras” legislativas. Se votaban los dictámenes por mayoría sin importar las reservas ni los argumentos que distintos grupos parlamentarios ofrecían para mejorar o alertar sobre las consecuencias negativas que se derivarían. Era claro que había una línea política para no dejar pasar nada y los legisladores acataban la instrucción “ciegamente”. Simplemente se votaban en contra y se rechazaban las propuestas una a una.
Lo que hacían los grupos parlamentarios de izquierda con sus reservas y posicionamientos en contra, era una forma de visibilizar que la realidad no era única sino muy compleja y diversa. Abanderaban argumentos en defensa de grupos de población específicos, sus realidades y necesidades propias. De alguna forma, estas posiciones visibilizaban lo que parecía no existir en la generalidad, pero nunca fueron escuchados.
Al final de cada derrota legislativa, siempre quedaba la sensación de que se cometía una injusticia y que los afectados serían los grupos de población, cuyas realidades y necesidades debían ser reconocidas en las leyes por un simple principio de justicia.
Lo anterior viene a colación por lo ocurrido en estos días, cuando los diputados y senadores alineados al bloque de la 4T fueron desechando una a una las cientos de reservas que se presentaban contra los dictámenes de las leyes de ingresos que afectan a las organizaciones de la sociedad civil y a todos los sectores que dependían de los fideicomisos. El mayoriteo o las “aplanadoras” se hicieron presentes, pero los papeles estaban volteados y los que ahora defendían las distintas realidades que existen en el país, eran los y las legisladoras que en otro momento las desconocían.
En el fondo fue decepcionante observar como un partido que dice surgir de la gente y defender sus intereses haya desconocido la diversidad; siempre creí que cuando llegara al poder un partido de izquierda (e incluso con el respaldo de la mayoría en las cámaras legislativas), su vocación social permitiría reconocer la diferencia como un primer paso de hacer justicia. Imaginaba que un gobierno surgido de la gente y para la gente, sabría escuchar y reconocerlos en todo momento, pero el difuso argumento de la corrupción les ha nublado la vista y la razón.
Recomiendo revisar los posicionamientos y reservas presentadas, ahí podrán darse cuenta que al partido en el poder y a sus aliados no les importó reconocer la diferencia, igual y como ocurrió en el pasado con el PAN y el PRI.
Los de la 4T dicen que no son lo mismo, pero en los hechos resultan muy parecidos. Por ello creo que la historia no acaba aquí, sino que se abre una nueva lucha que tendrá que darse en los tribunales.
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