El Secretario de Marina en la Mañanera generó gran impacto en la opinión pública cuando señaló a los 50 municipios con mayor incidencia delictiva del país entre enero y mayo de 2021, además de aquellos que encabezan el país por el número de homicidios dolosos: Tijuana, Ciudad Juárez, León y Cajeme.
Entre los 50 municipios más violentos se encuentra Cuernavaca. El homicidio doloso se incrementó en Cuernavaca a partir de marzo, aunque debe de reconocerse que varios municipios de Morelos han vivido una alta incidencia de violencia y homicidios dolosos en lo que va del año y hasta mayo de 2021. El estado de Morelos, cuando se mide la incidencia de homicidio doloso entre enero y mayo de 2021, se encuentra en el cuarto lugar nacional con una tasa de 24.8 por cada 100 mil habitantes, solo superado por Chihuahua con 26.3, Sinaloa con 27.8 y Guanajuato con 56.3. Así que no debemos sorprendernos cuando se informa que estamos entre las ciudades y estados más violentos del país en lo que va del año.
Desafortunadamente, en la misma mañanera del día lunes 19 de julio que se transmitió desde Acapulco donde andaba de gira el presidente López Obrador, no se dijo qué se va a hacer y qué será diferente de lo que se ha venido haciendo. En Vivo de Carmen Aristegui se encargaron de señalar cuáles son estos municipios, entidades incluidas, más violentos. En lugar de esto tendríamos que discutir públicamente qué se puede hacer y no sencillamente quedarnos en la catarsis de sorprendernos y lamentarnos. El secretario de Marina simplemente continuó señalando la cantidad de elementos de la guardia nacional y otras fuerzas de seguridad que existen en Guerrero.
En los medios, por su parte, citaron al propio presidente AMLO para reconocer que, si no resuelve esta violencia, será recordado por no haber cumplido. Uno de los comentaristas señaló que veía muy difícil que pudiera lograrlo. Entonces, precisamente por eso, necesitamos discutir señor presidente qué necesita hacer su gobierno para lograrlo. Sin embargo, realmente nunca discute esto. Cuando algún periodista le presenta alguno de los múltiples casos de violencia, que vamos mejorando, o que siendo los delitos del fuero común que es una tarea de los estados y hasta de los municipios.
En el protocolo de presentación en los estados, simplemente se dice el lugar que ocupan los municipios de la entidad y los operativos de confiscación de drogas. En Morelos, el gobernador respondió en una entrevista que “en materia de seguridad, la estrategia planteada ha dado resultados […] de brazos cruzados no estamos y no vamos a pactar con la delincuencia organizada como lo hicieron en el sexenio pasado […] el trabajo conjunto con las autoridades municipales es importante […] se debe generar un acercamiento con alcaldes y diputados electos para hacer equipo, llegar acuerdos en favor de la población y mantener un estado tranquilo y en paz.” (El Sol de Cuernavaca, I. Mariano, 15 de Julio 2021)
Con estos niveles de violencia de Morelos y Cuernavaca, como en esos 50 municipios y varios estados del resto del país, esto que le parece seguramente corrupción al gobernador, fue uno de los planteamientos del presidente López Obrador una vez electo: planteó una justicia transicional, como una de sus estrategias, además de la creación de la Guardia Nacional en su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Desde entonces ya tenía identificados los municipios y regiones con los más altos índices delictivos en todo el país, pero los ciudadanos no sabemos que discute el presidente todos los días a las 6:00 de la mañana con su gabinete sobre los problemas de seguridad ni de esa justicia transicional, que es una justicia restaurativa en donde la prisión no es la pena más importante, como ha sido aplicado, por ejemplo, en Colombia que ha hecho más de diez de estos acuerdos, pero con algunas características que no deben de confundirnos: hay investigación, juicio y sentencia con órganos jurisdiccionales, esto significa que hay amnistía, pero a cambio de admitir, confesar y reconocer su responsabilidad, así como resarcir daños a las víctimas, contribuir a la verdad y a la paz, por ejemplo de las personas desaparecidas, pero los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Esto también significa que una justicia restaurativa, hay sentencia y reclusión, pero no es una concesión generosa del presidente de la República. Colombia hizo diez acuerdos con movimientos y grupos violentos y en Medellín logró reducirse la tasa de homicidios dolosos de 388 pccmh en 1991 a 13 pccmh en 2019. ¿Y que cree usted? El grupo de La Oficina, herederos de Pablo Emilio Escobar, responsable en 2019 de uno de cada dos delitos en Medellín está pidiendo un acuerdo de justicia transicional restaurativa para dejar la delincuencia, desarmarse y contribuir a la paz.
