/ lunes 15 de agosto de 2022

Nuevas Reglas | Capacitación sin planeación

Cualquiera supondría que las inversiones que en capacitación hace el gobierno del estado de Morelos, tendrían que redituar en una mejor burocracia que se integraría con servidores públicos más eficientes, humanos, respetuosos de la ley, el derecho y las normas. Entre 2019 y 2021, el Ejecutivo destinó alrededor de 54 millones de pesos al rubro de capacitación y, como en casi todos los capítulos del gasto gubernamental, llaman la atención una gama de errores y omisiones.

Por ejemplo, la mayor parte del gasto en la materia fue destinado a cursos de administración, ofimática y derecho. Faltan en el listado de 150 beneficiarios de los recursos en capacitación, especialistas en paridad de género, inclusión, construcción de paz, derechos humanos, y otros temas que son pendientes evidentes de la burocracia morelense. Esto no indica, necesariamente, que tales cursos no se hayan impartido, aunque parece que el gobierno estatal no consideró relevante invertir en capacitaciones de alta calidad. Eso probablemente explicaría el poco avance que hay en el Poder Ejecutivo en la comprensión y asimilación de esos sensibilísimos temas, carencias que afectan directamente el servicio público, esencia del gobierno.

Otro dato que llama la atención es el que el gobierno estatal pagó un millón 191 mil 597 pesos a dos universidades privadas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; un millón 199 mil 775 pesos al Instituto de Capacitación para el Trabajo de Morelos, y 15 mil pesos a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. En los tres años no contrató a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que probablemente habría podido ofrecer cursos similares al mismo o menor costo que las privadas de Ciudad de México y Puebla, y que requiere con urgencia de allegarse de recursos. La UAEM fue ignorada por el presupuesto gubernamental en capacitación que si bien no es suficiente para salvarla de la profunda crisis que vive, habría sido una muestra de disposición a colaborar del gobierno estatal, una voluntad que sólo aparece, y cada vez menos, en el discurso.

Despierta sospechas que el principal proveedor de servicios de capacitación al gobierno del estado sea el propio gobierno del estado, que se pagó en 2018, 19 millones; 2019, 5 millones; 2020, 17 millones; y 2021, 13 millones de pesos; el total representa el 58.5 por ciento del gasto en capacitación erogado por el Ejecutivo. Todo queda en familia.

La cuenta podría seguir, por ejemplo, el pago de 1.25 millones de pesos en el 2020 a una persona física responsable de un “taller de desarrollo empresarial”; o pagos acumulados por más de seiscientos mil pesos por persona en tres años a responsables de los Telebachilleratos Comunitarios que fueron cargados al rubro de capacitación. El desaseo en la cuenta es notorio y tendría que ser explicado por la Secretaría de Administración para ofrecer claridad en cada uno de los contratos de capacitación pagados por el Ejecutivo, aunque faltaría atender un asunto probablemente mayor, los resultados de esas capacitaciones en la operación diaria de los servidores públicos.

A final de cuentas, la primera medida de evaluación de un gasto tendría que ser los resultados que genera, y lo cierto es que ni el gobierno del estado, ni el resto de las instituciones parecen tener herramientas para revisar los resultados reales de la capacitación que se ofrece a los burócratas. Aparentemente, el único parámetro disponible es la percepción del usuario (sin duda el más relevante), pero tampoco hay formas para medirla y nos quedamos regularmente con los comentarios. Hasta ahora, por cierto, pocos son los usuarios de servicios burocráticos que hablan de lo buena que ha resultado la atención en alguna ventanilla gubernamental, regularmente todos los comentarios se concentran en las quejas y denuncias contra los burócratas por diversas conductas y actitudes.

En esa tesitura, recordaremos la máxima, no se puede mejorar lo que no se evalúa, y esa valoración es justamente lo que falta en el gobierno estatal, en los municipales y hasta en los órganos autónomos. La capacitación sin guía y sentido, también permite la corrupción.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Cualquiera supondría que las inversiones que en capacitación hace el gobierno del estado de Morelos, tendrían que redituar en una mejor burocracia que se integraría con servidores públicos más eficientes, humanos, respetuosos de la ley, el derecho y las normas. Entre 2019 y 2021, el Ejecutivo destinó alrededor de 54 millones de pesos al rubro de capacitación y, como en casi todos los capítulos del gasto gubernamental, llaman la atención una gama de errores y omisiones.

Por ejemplo, la mayor parte del gasto en la materia fue destinado a cursos de administración, ofimática y derecho. Faltan en el listado de 150 beneficiarios de los recursos en capacitación, especialistas en paridad de género, inclusión, construcción de paz, derechos humanos, y otros temas que son pendientes evidentes de la burocracia morelense. Esto no indica, necesariamente, que tales cursos no se hayan impartido, aunque parece que el gobierno estatal no consideró relevante invertir en capacitaciones de alta calidad. Eso probablemente explicaría el poco avance que hay en el Poder Ejecutivo en la comprensión y asimilación de esos sensibilísimos temas, carencias que afectan directamente el servicio público, esencia del gobierno.

Otro dato que llama la atención es el que el gobierno estatal pagó un millón 191 mil 597 pesos a dos universidades privadas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; un millón 199 mil 775 pesos al Instituto de Capacitación para el Trabajo de Morelos, y 15 mil pesos a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. En los tres años no contrató a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que probablemente habría podido ofrecer cursos similares al mismo o menor costo que las privadas de Ciudad de México y Puebla, y que requiere con urgencia de allegarse de recursos. La UAEM fue ignorada por el presupuesto gubernamental en capacitación que si bien no es suficiente para salvarla de la profunda crisis que vive, habría sido una muestra de disposición a colaborar del gobierno estatal, una voluntad que sólo aparece, y cada vez menos, en el discurso.

Despierta sospechas que el principal proveedor de servicios de capacitación al gobierno del estado sea el propio gobierno del estado, que se pagó en 2018, 19 millones; 2019, 5 millones; 2020, 17 millones; y 2021, 13 millones de pesos; el total representa el 58.5 por ciento del gasto en capacitación erogado por el Ejecutivo. Todo queda en familia.

La cuenta podría seguir, por ejemplo, el pago de 1.25 millones de pesos en el 2020 a una persona física responsable de un “taller de desarrollo empresarial”; o pagos acumulados por más de seiscientos mil pesos por persona en tres años a responsables de los Telebachilleratos Comunitarios que fueron cargados al rubro de capacitación. El desaseo en la cuenta es notorio y tendría que ser explicado por la Secretaría de Administración para ofrecer claridad en cada uno de los contratos de capacitación pagados por el Ejecutivo, aunque faltaría atender un asunto probablemente mayor, los resultados de esas capacitaciones en la operación diaria de los servidores públicos.

A final de cuentas, la primera medida de evaluación de un gasto tendría que ser los resultados que genera, y lo cierto es que ni el gobierno del estado, ni el resto de las instituciones parecen tener herramientas para revisar los resultados reales de la capacitación que se ofrece a los burócratas. Aparentemente, el único parámetro disponible es la percepción del usuario (sin duda el más relevante), pero tampoco hay formas para medirla y nos quedamos regularmente con los comentarios. Hasta ahora, por cierto, pocos son los usuarios de servicios burocráticos que hablan de lo buena que ha resultado la atención en alguna ventanilla gubernamental, regularmente todos los comentarios se concentran en las quejas y denuncias contra los burócratas por diversas conductas y actitudes.

En esa tesitura, recordaremos la máxima, no se puede mejorar lo que no se evalúa, y esa valoración es justamente lo que falta en el gobierno estatal, en los municipales y hasta en los órganos autónomos. La capacitación sin guía y sentido, también permite la corrupción.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx