En el 2015, Morelos se adhirió formalmente a la red de sistemas anticorrupción que promovía el gobierno federal. En aquél entonces, la diputada Lucía Meza era la voz fuerte en el Congreso local que aprobó el ordenamiento que constituía el Sistema Estatal Anticorrupción, una quimera que supondría unir los esfuerzos de varias dependencias públicas y órganos autónomos para prevenir, detectar y sancionar las malas prácticas particularmente en las políticas públicas. De ese momento han pasado siete años y muchos millones de pesos, y del Sistema Estatal Anticorrupción no hay más que el membrete una página en internet y una oficina, pero la alianza supuesta y las acciones que se supondrían venir con ella, no se ha visto nada.
Tampoco hay que culpar del todo a los muchísimos personajes que han pasado por el despacho, ellos han hecho reuniones, se han peleado, han dado conferencias, organizan foros, pero en términos de resultados, el sistema sigue quedando a deber, aunque tal vez la inclusión de Damiana Herrera Mota como presidenta haya acelerado un poco los trabajos que, en efecto, siguen siendo preparatorios. El desinterés de los gobiernos estatales y del federal en que el sistema funcione resulta más que evidente. Para las actuales administraciones local y nacional, el combate a la corrupción es un discurso, un byte, una bandera de campaña, pero no un ejercicio sustancial de procuración de un buen gobierno. Así, el protagonismo en la lucha contra la corrupción en el estado se lo llevan los esfuerzos, bastante modestos, por cierto, de la Fiscalía especializada en la materia.
En un estado que ocupa el primer lugar en corrupción, de acuerdo con el World Justice Project; y donde los escándalos por abusos de funcionarios públicos son cosa de cada día, tener instancias anticorrupción poco o nada funcionales resulta absurdo, aunque probablemente sea lo más conveniente para los políticos deshonestos. Damiana Herrera ha mostrado compromiso con el combate a la corrupción, pero en solitario, la oficina del sistema estatal puede hacer muy poco.
El tamaño del compromiso de los poderes públicos con el Sistema Estatal Anticorrupción se nota en el presupuesto de 6 millones 250 mil pesos que le fueron asignados para el 2021. De ese monto, 3 millones 115 mil pesos, el 49.84%, se destina a servicios personales (salarios y carga fiscal de los mismos, prestaciones y gratificaciones); sólo 80 mil pesos van para materiales y suministros, y 3 millones 55 mil pesos van a servicios generales, que incluye los servicios básicos, telefonía, internet, arrendamiento, arrendamiento de mobiliario (2 millones 595 mil pesos van a servicios de consultoría), viáticos, conservación de inmuebles, impuestos y derechos, entre otros. Y algunos podrán decir que el estado carece de recursos para el fortalecimiento presupuestal de los órganos autónomos, y a lo mejor es cierto, pero con un Poder Ejecutivo que se da el lujo de usar hasta dos mil millones de pesos de forma discrecional, la pobreza del gobierno estatal suele ponerse en duda.
Y el asunto no es sólo de recursos, lo cierto es que en Morelos, la lucha contra la corrupción ha ido perdiendo relevancia hasta entre la sociedad que asume a todos los políticos como un atado de deshonestos y ha llegado a la indignación/normalización de las conductas perversas de los funcionarios públicos y representantes populares. Indignación porque las noticias de los abusos cometidos provocan el enojo de los morelenses que apenas ganan para comer, y a veces ni eso. Normalización porque ese enojo totalmente justificado no deriva sino en una suerte de resignación que no sirve para nada. No es para menos, el mismo enojo se percibía a estas alturas del sexenio pasado cuando se acusaba a Graco Ramírez y funcionarios y diputados vinculados con él de toda suerte de tropelías. El resultado: la gente salió a votar muy enojada y… pues ya sabemos lo que ha ocurrido.
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