Es triste y preocupante, cierto, pero a nadie tendría que extrañar que entre sus aportes al sistema educativo nacional, la administración de Andrés Manuel López Obrador proponga para el nivel secundaria la lectura y memorización de las obras cometidas por el gobierno que encabeza el político de Macuspana. A final de cuentas, pareciera que recitar el ideario lopezobradorista es el requisito único para ser Secretario de Educación Pública, lo que de algún extraño modo pareciera la más alta distinción que el mismo sistema puede ofrecer.
El problema de la recalcitrante izquierda que se adueñó hace tiempo de las decisiones en el sector educativo nacional, es que considera la educación como una batería más ideológica que científica. Partidarios del currículum oculto al extremo, consideran que todo el proceso enseñanza aprendizaje debe orientarse no a la adquisición de una serie de conocimientos y destrezas para triunfar en la vida (ideal de cualquier jefa de familia), sino una colección de doctrinas que dictan comportamientos deseables para la subordinación del intelecto a una idea. La concepción de la educación como un ejercicio intelectual para la producción de ideas múltiples es suplida por el sometimiento a una colección de dogmas que forman un solo pensamiento admisible de talante autoritario.
Los múltiples problemas de aprendizaje, administrativos y laborales que asoman con la conversión de grados a fases escolares, es apenas morralla comparado con los problemas jurídicos, éticos y filosóficos que propone el nuevo plan de estudios. La nota de Nurit Martínez en El Sol de México, cita el nuevo plan de Geografía para secundaria: “Corrobore que comprenden que las transformaciones espaciales se refieren por ejemplo a obras de infraestructura como ampliación o apertura de carreteras, la red de servicios, edificación de escuelas, clínicas, hospitales... Oriente el trabajo con preguntas como: ¿Qué partido político es responsable de esta obra o de la autorización de la misma? ¿Es o fue parte de sus propuestas de campaña? ¿Dónde se localiza y por qué? ¿Su implementación responde a las necesidades de la población o a las de otro sector, por qué? ¿Qué beneficios ambientales o socioeconómicos le reportan a la población? ¿Qué tan satisfecha está la población con esta transformación?”.
Lo que parece que nadie dijo a los diseñadores de los programas de estudios es que la asociación de obras públicas con partidos políticos constituye una falta electoral y hasta una violación a la Ley General de Desarrollo Social que nos impuso la frasecita aquella de “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. Lo que plantea la actividad del plan de estudios de Geografía es la comisión abierta de un delito electoral al asociar obras públicas con partidos políticos. Más allá de la dudosa cientificidad del experimento, resulta violatorio de la ley. La obra pública la realizan gobiernos, municipales, estatales o federales, esa institucionalidad debería impedir la vinculación de la misma con partidos políticos.
Otro motivo de preocupación, sin duda, son los objetivos del plan de estudios, compuestos por adjetivos y sustantivos con significados más ideológicos que directos. “igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión, diálogo de saberes, ciudadanos lúcidos, problemas colectivos, dogmatismo, legítimo, interés individual, sentido de lo común”, son términos que adquieren significado de acuerdo con los prejuicios de quien los interpreta, y eso complica innecesariamente la evaluación de lo que acontece en el proceso enseñanza aprendizaje. Deberíamos aspirar a formar ciudadanos libres con habilidades medibles.
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En otro tema, ¿y si los alcaldes se dejan de fijar tanto en lo que transcurre en la redes sociales y se dedican a gobernar? Es pregunta.
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