Lo que ocurre con el llamado de la Iglesia Católica en México a los gobiernos y los grupos criminales no es la novedad, sino la sonoridad que adquiere luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, un crimen tan atroz como otros decenas de miles, agravado por la circunstancia de que los curas estaban ayudando a un feligrés en aprietos cuando cayeron fueron victimados. Pero la Iglesia siempre ha tenido la misma postura, a veces visible, otras discreta, sobre la violencia en el país: exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo y a los grupos criminales abandonar esas actividades.
No faltarán los comecuras que traten de interpretar el mensaje de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Obispo de Cuernavaca, como oportunista frente a la andanada de justificadas críticas al gobierno (y acá entran el federal pero también los estatales y municipales) por el crecimiento aparentemente incontenible de la violencia y el crimen. Lo cierto es que la preocupación de la Iglesia Católica en general y la Diócesis de Cuernavaca en particular, sobre la inseguridad y las actividades criminales es legítima e histórica.
Legítima porque a la ola criminal no han escapado miembros de la iglesia, que incluye a los sacerdotes y religiosas, pero también a toda la feligresía católica que representa el 71% de los morelenses. Entonces el Obispo habla también como representante de una comunidad de víctimas de toda clase de delitos, asesinatos, feminicidios, robos, extorsiones, etcétera.
E histórica porque por lo menos desde Sergio Méndez Arceo, pasando por Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Reynoso Cervantes, Florencio Olvera Ochoa, Alfonso Cortés Contreras, hasta Ramon Castro Castro, cada uno de los obispos de Cuernavaca han hecho pronunciamientos públicos desde el púlpito y en entrevistas, censurando la actividad criminal y exigiendo a las autoridades actuar para procurar la justicia y la paz en Morelos. Y Sergio Méndez Arceo tomó la administración de la Diócesis de Cuernavaca en 1952.
La sentencia del Obispo Ramón Castro: “nuestro México está salpicando sangre”, es de una sonoridad casi poética (porque en la tragedia también se hace poesía y porque así suele ser el lenguaje religioso), y aterra porque es cierta.
Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, es decir, desde octubre de 2018, hasta mayo de este año, en Morelos se han cometido 3 mil 376 homicidios dolosos, un promedio de casi 77 por mes. De hecho, salvo por la notoria baja en la actividad criminal durante los meses que duró el confinamiento por la pandemia en el 2020, cada período en el calendario de Morelos se ha mostrado más violento que el anterior.
A estas terribles cifras se suman las de desaparición de personas, desde 2019 a febrero de 2022, el gobierno estatal reconocía 2 mil 980 casos, de ellos, poco más de mil 500 ya habían sido localizados y quedaban pendientes más de mil 400. Ya para el 23 de mayo pasado, Morelos Rinde Cuentas había registrado la desaparición de 299 morelenses, con lo que el histórico de personas no localizadas alcanzaba los 4 mil 556, la mayoría de ellas mujeres de entre 10 y 19 años. De acuerdo con cifras del centro de investigación, desde 2019, ya habilitada la estrategia de seguridad de Cuauhtémoc Blanco que comenzó en enero del mismo año, habría hasta mayo del 2022 un registro de mil 428 personas desaparecidas, la mayor parte de los reportes corresponden al 2020, con 764, y los primeros cinco meses del 2022, con 299.
Ramón Castro no es un enemigo del régimen, por cierto. El Obispo marchó en las postrimerías del sexenio de Graco con el hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco y el poeta y activista, Javier Sicilia, y miles de ciudadanos y víctimas angustiadas por la violencia de entonces. Aunque la violencia es mucho mayor ahora, las caminatas por la paz convocadas por los católicos no han tenido el poder de movilización de aquellas. La clave podría estar justo en que la experiencia ciudadana ha sido que las marchas multitudinarias han servido para fortalecer a políticos que llegan al poder y hacen las cosas aún peor que los anteriores.
La estrategia de seguridad debe cambiar profundamente en Morelos, y también las formas de exigencia ciudadana.
dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
