/ lunes 22 de junio de 2020

Ojeda: control de daños

La advertencia de Pablo Ojeda es el posicionamiento más serio que el gobierno del estado ha hecho durante la pandemia. Luego de semanas de abandono denunciado por los municipios, el secretario de Gobierno advierte a los cabildos que permitieron la reapertura de actividades no esenciales en casi todos los municipios, que el gobierno estatal hará todo lo que esté en sus manos para defender la salud y la vida de los morelenses y usa la palabra desacato para referirse a la actitud de los alcaldes. Ojeda sabe que como tal, el delito de desacato sólo se configura por desobediencia a un mandato judicial; entonces el uso del término fue sobre cómo percibe el gobierno estatal el hecho de que los alcaldes cedan a las presiones de grupos de interés y permitan la reapertura cuando el semáforo Covid-19 está aún en rojo.

En todo caso, al gobierno estatal podría sancionar a través de la autoridad sanitaria o de Protección Civil, a los establecimientos que desobedecieran las normas de confinamiento establecidas en los niveles federal y estatal, lo que representaría un esfuerzo enorme de supervisión y documentación de clausura de en cada uno de los 36 municipios. Esfuerzo que sería innecesario de haberse establecido una coordinación suficiente con las autoridades municipales, por cierto.

El gobierno estatal está haciendo control de daños frente a una pandemia de la que nunca tuvo control y de la que se comienza a conocer la dimensión real incluso en las esferas del gobierno estatal. El reporte del IMSS sobre muertes de afectados por Covid-19 ocurridas en las semanas anteriores, y que aumentó en 104 el registro diario para colocar en 543 la cifra (que podría aumentar aún más por subregistros según reconoce el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú), alertó al gobierno estatal al catapultar la letalidad del padecimiento a 22%, la mayor reconocida hasta el momento. El subregistro derivado de una extraña metodología del IMSS para reportar las muertes por el virus, muchas de ellas contabilizadas como neumonías atípicas y luego trasladadas a una categoría expresamente creada para el efecto “neumonía por Covid-19”, deja ver que las cifras del estado no son confiables en tanto las que manejan instituciones federales de salud tampoco lo son.

En resumen, podríamos decir que las autoridades municipales han trazado sus políticas de manejo de la cuarentena con datos inconsistentes, atrasados, y muy probablemente erróneos del tamaño real de la pandemia, cuestión que se sospechaba pero ahora es confirmada. Peor aún, sobre estos datos los cabildos han tomado riesgos enormes bajo una extraordinaria presión ciudadana derivada de la terrible crisis económica que ya antes de la pandemia se configuraba, pero que el Covid-19 ha profundizado hasta volver casi insostenible. Sobre el tema económico el gobierno estatal sigue esgrimiendo el mismo plan integral de apoyo a todo tipo de empresas, a trabajadores y a personas en vulnerabilidad, el programa incluye la emisión de créditos, financiamiento y apoyos económicos directos que ha sido insuficiente y es un motivo de presión social.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La advertencia de Pablo Ojeda es el posicionamiento más serio que el gobierno del estado ha hecho durante la pandemia. Luego de semanas de abandono denunciado por los municipios, el secretario de Gobierno advierte a los cabildos que permitieron la reapertura de actividades no esenciales en casi todos los municipios, que el gobierno estatal hará todo lo que esté en sus manos para defender la salud y la vida de los morelenses y usa la palabra desacato para referirse a la actitud de los alcaldes. Ojeda sabe que como tal, el delito de desacato sólo se configura por desobediencia a un mandato judicial; entonces el uso del término fue sobre cómo percibe el gobierno estatal el hecho de que los alcaldes cedan a las presiones de grupos de interés y permitan la reapertura cuando el semáforo Covid-19 está aún en rojo.

En todo caso, al gobierno estatal podría sancionar a través de la autoridad sanitaria o de Protección Civil, a los establecimientos que desobedecieran las normas de confinamiento establecidas en los niveles federal y estatal, lo que representaría un esfuerzo enorme de supervisión y documentación de clausura de en cada uno de los 36 municipios. Esfuerzo que sería innecesario de haberse establecido una coordinación suficiente con las autoridades municipales, por cierto.

El gobierno estatal está haciendo control de daños frente a una pandemia de la que nunca tuvo control y de la que se comienza a conocer la dimensión real incluso en las esferas del gobierno estatal. El reporte del IMSS sobre muertes de afectados por Covid-19 ocurridas en las semanas anteriores, y que aumentó en 104 el registro diario para colocar en 543 la cifra (que podría aumentar aún más por subregistros según reconoce el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú), alertó al gobierno estatal al catapultar la letalidad del padecimiento a 22%, la mayor reconocida hasta el momento. El subregistro derivado de una extraña metodología del IMSS para reportar las muertes por el virus, muchas de ellas contabilizadas como neumonías atípicas y luego trasladadas a una categoría expresamente creada para el efecto “neumonía por Covid-19”, deja ver que las cifras del estado no son confiables en tanto las que manejan instituciones federales de salud tampoco lo son.

En resumen, podríamos decir que las autoridades municipales han trazado sus políticas de manejo de la cuarentena con datos inconsistentes, atrasados, y muy probablemente erróneos del tamaño real de la pandemia, cuestión que se sospechaba pero ahora es confirmada. Peor aún, sobre estos datos los cabildos han tomado riesgos enormes bajo una extraordinaria presión ciudadana derivada de la terrible crisis económica que ya antes de la pandemia se configuraba, pero que el Covid-19 ha profundizado hasta volver casi insostenible. Sobre el tema económico el gobierno estatal sigue esgrimiendo el mismo plan integral de apoyo a todo tipo de empresas, a trabajadores y a personas en vulnerabilidad, el programa incluye la emisión de créditos, financiamiento y apoyos económicos directos que ha sido insuficiente y es un motivo de presión social.


@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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