/ miércoles 6 de octubre de 2021

Ojeda y la Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, información sobre el linchamiento en Huitzilac, Morelos ocurrido el 29 de septiembre pasado. El funcionario, había declarado al día siguiente de los hechos que se hacía responsable del operativo que desembocó en la tragedia que acabó con la vida de dos personas a quienes se señala como presuntos delincuentes; pero no necesariamente la solicitud de información vino de esas declaraciones, aunque las mismas le puedan dar sustento jurídico.

La primera solicitud fue el 30 de septiembre, y hasta donde se sabe, la respuesta que se dio a la fiscalía fue insuficiente, elusiva, o de plano inexistente, por lo que se giró una nueva petición de información que habría vencido poco antes del mediodía de ayer, sin tener respuesta alguna de parte del funcionario, por lo que procedería la imposición de medidas de apremio que incluirían una multa de 866 UMAs, un valor superior a los 77 mil pesos, poco más de 25 días del salario tabular del funcionario.

Al gobierno del estado debe doler especialmente esta colección de acciones, en tanto desde el Ejecutivo se atacó la presunta inacción de la Fiscalía Anticorrupción en la indagatoria de asuntos relacionados con el buen despacho de ex funcionarios de gobierno. El titular del Ejecutivo se pronunció, en reiteradas ocasiones, por la remoción del titular de la fiscalía, Juan Salazar, quien si bien no era el villano favorito del gobierno estatal, sí estaría en su top 10. Pero más porque la colección de omisiones que llevaron al linchamiento que, por cierto, podría no ser responsabilidad de Pablo Ojeda, ahora apuntan a la reponsabilidad del funcionario por encima de la que podría haber tenido el comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.

Porque quienes han analizado el caso desde la perspectiva jurídica apuntan que en esta categoría de hechos, la autoridad directamente responsable es la Comisión Estatal de Seguridad, y su superior, el gobernador del estado. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Ojeda el 30 de septiembre, fue él mismo quien determinó la actuación de las fuerzas del orden en el desorden de Huitzilac y con ello asumió, por lo menos a los ojos del público, la responsabilidad en la muerte de dos personas a manos de una turba de gente enardecida aparentemente por las fallas en la estrategia de seguridad pública en el estado, y particularmente en ese municipio. Si el asunto es justo o no, tendría que determinarse una parte en los tribunales y otra en los debates de filosofía política y del derecho, pero la percepción generada por el secretario lo hizo responsable.

Lo que no queda claro, entonces, es la falta administrativa en la que incurre el secretario al no entregar la información requerida por la Fiscalía Anticorrupción. Como abogado, Pablo Ojeda debe saber los efectos de su negativa, por lo que la misma haría pensar en que el secretario tiene alguna estrategia jurídica para enfrentar la investigación que la Anticorrupción sigue sobre los hechos del 29 de septiembre. Dado el escaso avance de las investigaciones, no se ha definido los hechos delictivos que podrían configurarse y por lo mismo aún no hay indiciados.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, información sobre el linchamiento en Huitzilac, Morelos ocurrido el 29 de septiembre pasado. El funcionario, había declarado al día siguiente de los hechos que se hacía responsable del operativo que desembocó en la tragedia que acabó con la vida de dos personas a quienes se señala como presuntos delincuentes; pero no necesariamente la solicitud de información vino de esas declaraciones, aunque las mismas le puedan dar sustento jurídico.

La primera solicitud fue el 30 de septiembre, y hasta donde se sabe, la respuesta que se dio a la fiscalía fue insuficiente, elusiva, o de plano inexistente, por lo que se giró una nueva petición de información que habría vencido poco antes del mediodía de ayer, sin tener respuesta alguna de parte del funcionario, por lo que procedería la imposición de medidas de apremio que incluirían una multa de 866 UMAs, un valor superior a los 77 mil pesos, poco más de 25 días del salario tabular del funcionario.

Al gobierno del estado debe doler especialmente esta colección de acciones, en tanto desde el Ejecutivo se atacó la presunta inacción de la Fiscalía Anticorrupción en la indagatoria de asuntos relacionados con el buen despacho de ex funcionarios de gobierno. El titular del Ejecutivo se pronunció, en reiteradas ocasiones, por la remoción del titular de la fiscalía, Juan Salazar, quien si bien no era el villano favorito del gobierno estatal, sí estaría en su top 10. Pero más porque la colección de omisiones que llevaron al linchamiento que, por cierto, podría no ser responsabilidad de Pablo Ojeda, ahora apuntan a la reponsabilidad del funcionario por encima de la que podría haber tenido el comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.

Porque quienes han analizado el caso desde la perspectiva jurídica apuntan que en esta categoría de hechos, la autoridad directamente responsable es la Comisión Estatal de Seguridad, y su superior, el gobernador del estado. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Ojeda el 30 de septiembre, fue él mismo quien determinó la actuación de las fuerzas del orden en el desorden de Huitzilac y con ello asumió, por lo menos a los ojos del público, la responsabilidad en la muerte de dos personas a manos de una turba de gente enardecida aparentemente por las fallas en la estrategia de seguridad pública en el estado, y particularmente en ese municipio. Si el asunto es justo o no, tendría que determinarse una parte en los tribunales y otra en los debates de filosofía política y del derecho, pero la percepción generada por el secretario lo hizo responsable.

Lo que no queda claro, entonces, es la falta administrativa en la que incurre el secretario al no entregar la información requerida por la Fiscalía Anticorrupción. Como abogado, Pablo Ojeda debe saber los efectos de su negativa, por lo que la misma haría pensar en que el secretario tiene alguna estrategia jurídica para enfrentar la investigación que la Anticorrupción sigue sobre los hechos del 29 de septiembre. Dado el escaso avance de las investigaciones, no se ha definido los hechos delictivos que podrían configurarse y por lo mismo aún no hay indiciados.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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