El anuncio hecho hace unos días por la empresa automovilística, Nissan Mexicana, de trasladar la producción de uno de los modelos que fabricaba en Morelos a la planta de Aguascalientes y cancelar de plano la producción de otro, advierte la reducción de jornadas laborales o plazas de trabajadores formales en la armadora ubicada en Civac; una pésima noticia para la economía de la tierra de Zapata donde la limitada inversión en los últimos cinco años y los efectos económicos de la pandemia por Covid-19, han sumido al estado en una espiral descendente hacia una mayor pobreza y un desarrollo económico y social cada vez más aletargado, de esos que hacen ver como un triunfo gran triunfo la apertura de un supermercado.
Cierto que la determinación de Nissan está relacionada en gran medida con las escasas ventas de automóviles en el 2020 y lo que va del 2021, la pandemia pegó a las armadoras en términos de proveeduría y ventas, lo que llevó a tomar decisiones administrativas drásticas, como ocurre en todo el sector productivo. Pero también, debe reconocerse, ocurre que Morelos no es un estado especialmente llamativo para los inversionistas desde hace tiempo, particularmente por una serie de condiciones políticas que influyen profundamente en la economía local y hacen que cada una de las ventajas competitivas que el estado podría ofrecer se vayan perdiendo paulatinamente.
Las señales que han dado a los inversionistas los gobiernos estatales en los últimos cinco lustros han sido alarmantes. La incapacidad del Estado para garantizar la certidumbre en inversiones proyectadas que han ido desde campos de golf hasta empresas tecnológicas, pasando por muchas otras industrias que han enfrentado movilizaciones sociales a menudo profundamente injustas e ilegales, y han tenido que detener, posponer o de plano cancelar sus planes de operación en el estado.
Porque pareciera una tradición de algunos grupos en Morelos oponerse sistemáticamente a las oportunidades de desarrollo. Frente al activismo, el gobierno estatal ha parecido incapaz de ofrecer certeza jurídica y operativa a los inversionistas, lo que ha detenido la producción en el estado, pero además ha permitido que se deterioren rápidamente los pocos polos de desarrollo que se mantienen vivos. El deterioro ha sido mayúsculo y las apuestas de los gobiernos por proyectos bipartitas importantes han tenido destinos tristes, como el estadio Coruco Díaz, y la Arena Teques, entre otros.
En contraste, ha sido notoria la ausencia de los operadores políticos del Ejecutivo en potenciar inversiones con resultados mucho más seguros como la termoeléctrica de Huexca, la minera de Tetlama, la autopista Siglo XXI; y otros que parecen mantenerse como el sueño eterno de los políticos y de los ciudadanos, Ferrosur, y los de Cuernavaca, central de autobuses, libramiento poniente, central de abastos. Urge que los gobiernos locales, estatal y municipales, y las legislaturas, entiendan que la política económica local consiste en mucho más que pichicatear apoyos a empresarios y contabilizar cierres de empresas. Sacrificar el desarrollo por cálculos político electorales es una enorme irresponsabilidad con un estado que merece tener futuro.
@martinellito
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