Daniel Martínez

  / miércoles 17 de julio de 2019

Parlamento que no parla…

El parlamento es un sitio donde básicamente se discute, con el fin de llegar a consensos (como toda discusión que se precie de serlo), e implementar normas generales para regular el comportamiento social.

Quienes allá por tiempos de la fundación del Estado moderno decidieron adaptar el nombre latino como primera forma para referirse a los órganos legislativos tenían la certeza, que hoy es parte de las verdades sociales que no se cuestionan, de que la discusión es fundamental para elaborar consensos y aprobar ordenamientos sociales y prácticas gubernamentales más justas y honestas.

Para discutir hace falta por supuesto un discurso, entendido como un enunciado que contiene argumentos, razonamientos, en torno a un tema determinado y que constituye una verdad perfectible para quien lo pronuncia. Arrebatar el discurso por cualquier medio a un diputado, senador, consejero, o miembro de cualquier parlamento es quitarle su esencia, desarticularlo, anularlo definitivamente. Por ello debe preocupar cualquier práctica que anule o reduzca siquiera la posibilidad de los legisladores de dialogar, pronunciarse, denunciar, exponer, explicar, disentir, acordar, o cumplir el resto de las funciones del discurso, resulta profundamente peligrosa.

Quisiéramos decir que hablamos de “El Escuadrón”, el grupo de cuatro damas congresistas de los Estados Unidos que fueron atacadas por mensajes xenófobos de Donald Trump, pese a que tienen como cualquier dialoguista nuestra solidaridad, no nos referimos a ellas porque no tenemos que ver tan lejos para ubicar este tipo de abusos. Se trata, en cambio, de lo que ocurre en el Congreso de Morelos, donde la ruptura del diálogo es parte del enfrentamiento entre los dos grupos más poderosos de la Legislatura, encabezados por el diputado presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Martínez Sotelo, ex alcalde de Jojutla; y la presidente de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez, dirigente del PT.

Probablemente por la falta de experiencia, pero la facción de Alfonso Martínez no parece proclive al diálogo ni a ventilar públicamente los argumentos (seguramente los tendrá) en los que basa sus decisiones que, desde que es diputado afectan a todos los ciudadanos morelenses; eso sería criticable, pero salvable dado que su ausencia en la argumentación podrían ser suplida por otros medios o por quienes estuvieran de acuerdo con sus razonamientos; muy grave, en cambio, es que desde su oficina se busque silenciar a quienes no están de acuerdo con sus postulados dentro del mismo Congreso local. Pretender arrebatar el discurso a quienes por definición deben tener acceso a él como única herramienta para construir consensos que son públicos, es de un autoritarismo vergonzoso que no debiera caber en el Poder Legislativo.

Por otra parte, Tania Valentina Rodríguez está en su derecho de pronunciarse públicamente respecto a los asuntos que tienen ese carácter, agregaríamos que también es su obligación. Más allá de si estemos o no de acuerdo con ella (en muchas ocasiones hemos disentido) el derecho a expresarse, a denunciar, a opinar sobre los hechos del Congreso local es fundamental para el ejercicio parlamentario.

La critica a los actos del Congreso local, inicia porque no existe la argumentación de sus decisiones. Hemos subrayado múltiples ocasiones que el ejercicio parlamentario, para ser justamente analizado requiere de hacer públicos los razonamientos que llevaron a tomar una u otra decisión. De otra forma la opacidad da lugar a toda serie de cuestionamientos, incluso sobre la integridad de los legisladores. Ha sido un defecto de muchos legisladores morelenses a quienes se les ha advertido sobre esta falta ahora el silencio es mucho más grave en tanto se trata de imponer incluso a quienes deciden exponer sus razonamientos.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

El parlamento es un sitio donde básicamente se discute, con el fin de llegar a consensos (como toda discusión que se precie de serlo), e implementar normas generales para regular el comportamiento social.

Quienes allá por tiempos de la fundación del Estado moderno decidieron adaptar el nombre latino como primera forma para referirse a los órganos legislativos tenían la certeza, que hoy es parte de las verdades sociales que no se cuestionan, de que la discusión es fundamental para elaborar consensos y aprobar ordenamientos sociales y prácticas gubernamentales más justas y honestas.

Para discutir hace falta por supuesto un discurso, entendido como un enunciado que contiene argumentos, razonamientos, en torno a un tema determinado y que constituye una verdad perfectible para quien lo pronuncia. Arrebatar el discurso por cualquier medio a un diputado, senador, consejero, o miembro de cualquier parlamento es quitarle su esencia, desarticularlo, anularlo definitivamente. Por ello debe preocupar cualquier práctica que anule o reduzca siquiera la posibilidad de los legisladores de dialogar, pronunciarse, denunciar, exponer, explicar, disentir, acordar, o cumplir el resto de las funciones del discurso, resulta profundamente peligrosa.

Quisiéramos decir que hablamos de “El Escuadrón”, el grupo de cuatro damas congresistas de los Estados Unidos que fueron atacadas por mensajes xenófobos de Donald Trump, pese a que tienen como cualquier dialoguista nuestra solidaridad, no nos referimos a ellas porque no tenemos que ver tan lejos para ubicar este tipo de abusos. Se trata, en cambio, de lo que ocurre en el Congreso de Morelos, donde la ruptura del diálogo es parte del enfrentamiento entre los dos grupos más poderosos de la Legislatura, encabezados por el diputado presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Martínez Sotelo, ex alcalde de Jojutla; y la presidente de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez, dirigente del PT.

Probablemente por la falta de experiencia, pero la facción de Alfonso Martínez no parece proclive al diálogo ni a ventilar públicamente los argumentos (seguramente los tendrá) en los que basa sus decisiones que, desde que es diputado afectan a todos los ciudadanos morelenses; eso sería criticable, pero salvable dado que su ausencia en la argumentación podrían ser suplida por otros medios o por quienes estuvieran de acuerdo con sus razonamientos; muy grave, en cambio, es que desde su oficina se busque silenciar a quienes no están de acuerdo con sus postulados dentro del mismo Congreso local. Pretender arrebatar el discurso a quienes por definición deben tener acceso a él como única herramienta para construir consensos que son públicos, es de un autoritarismo vergonzoso que no debiera caber en el Poder Legislativo.

Por otra parte, Tania Valentina Rodríguez está en su derecho de pronunciarse públicamente respecto a los asuntos que tienen ese carácter, agregaríamos que también es su obligación. Más allá de si estemos o no de acuerdo con ella (en muchas ocasiones hemos disentido) el derecho a expresarse, a denunciar, a opinar sobre los hechos del Congreso local es fundamental para el ejercicio parlamentario.

La critica a los actos del Congreso local, inicia porque no existe la argumentación de sus decisiones. Hemos subrayado múltiples ocasiones que el ejercicio parlamentario, para ser justamente analizado requiere de hacer públicos los razonamientos que llevaron a tomar una u otra decisión. De otra forma la opacidad da lugar a toda serie de cuestionamientos, incluso sobre la integridad de los legisladores. Ha sido un defecto de muchos legisladores morelenses a quienes se les ha advertido sobre esta falta ahora el silencio es mucho más grave en tanto se trata de imponer incluso a quienes deciden exponer sus razonamientos.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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