El caso de presunta tortura y desaparición forzada de menores de edad que involucra al Sistema Estatal DIF, las Fiscalías General y Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, tiene mucha mayor importancia de la que le ha concedido el gobierno del estado y que es evidente en los hechos y los dichos.
El día de los cateos a los albergues de Jiutepec y Temixco, el Ejecutivo tardó más de 12 horas en emitir una posición oficial en la que no refirió al estado de salud, ni la ubicación de los menores y acusó un excesivo uso de la fuerza y un acto de revanchismo político tras el operativo ordenado por un juez. Tres días después, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo sobre el caso: “mira, no le voy a dar tanta importancia, creo que ahí es una guerra entre tanto el fiscal como el fiscal anticorrupción y el de Derechos Humanos, tú sabes que se están metiendo en temas políticos ya, en lugar de que se pongan a trabajar, a agarrar delincuentes, porque hay muchos delincuentes que los han encubrido (sic) ellos, y hay muchos jueces que están metidos también con esta gente mala”.
En la retahíla de acusaciones y análisis parciales sobre el asunto, pocas referencias hay a los menores que están en medio del escándalo jurídico y político que envuelve al DIF desde septiembre pasado y que se agudizó el último fin de semana de febrero. Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción han tratado de que el eje de su discurso sea la situación de las víctimas, pero igual han sido arrastrados a la esfera de las justificaciones a sus propios actos, y las acusaciones a la opacidad del gobierno estatal con la información que requieren para avanzar en sus investigaciones. En efecto, han sido arrastrados a la arena de la camorra política en la que los funcionarios del Ejecutivo actual parecen sentirse muy cómodos. En este sentido, los medios y los opinadores que han referido al caso también han perdido la brújula sobre el tema central, la seguridad de los menores que puede o no estar fuera de los albergues del DIF.
Difícil que la discusión se centre en los menores marginados de vínculos familiares, de respeto social, de la atención elemental que merecen por su condición. Lo que ocurre con los menores abandonados es un crimen social (aunque tal condición no exime de responsabilidades a quienes se comisionó para su cuidado y atención). Lo que la sociedad hace con los menores abandonados es depositarlos en sitios donde no los ve, presumiendo con ello que los atiende. Lo que estorba a muchos sectores sociales no es la existencia de una serie de causas que originan las colecciones de injusticias que provocan el abandono de niñas, niños y adolescentes; sino el que los abandonados sean visibles en banquetas, cruceros y plazas públicas.
La preocupación por lo que ocurre con los menores sólo es social cuando ocurren hechos lamentables como los que aparentemente ocurrieron en albergues que no parecen tener programas exitosos para reintegrar a los menores a la sociedad en condiciones que garanticen la plenitud de sus vidas y derechos. El delito puede tener responsables directos, pero el descuido es general y tendría que acabar ya.
@martinellito
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