/ sábado 11 de julio de 2020

Persistencia y gravedad de la violencia familiar en el país y especialmente en la Ciudad de México

Ni el Derecho Penal Familiar ni el Derecho Familiar con sus normas actuales han podido paliar, atenuar o en su caso resolver esta grave problemática.

La pandemia, el poco espacio físico -uno o dos cuartos para cuatro o seis personas- estar más tiempo en el hogar; no tener medios para más espacios materiales en la convivencia, han agravado las diferentes formas y maneras de la violencia familiar a través de conductas equivocadas, que desgraciadamente han sido tradicionales, no sólo en México sino también a nivel internacional, y que desgraciadamente este coronavirus ha venido a hacerlo más grave.

Desgraciadamente en la violencia familiar las personas que más la sufren son las mujeres, no importa que sean cónyuges, concubinas, parejas del mismo sexo, niñas o niños; los adolescentes y en su caso si viven en la misma casa de los abuelos o abuelas contra ellos también se ceba la violencia, que desgraciadamente como dije al principio las leyes resultan obsoletas sobre todo porque hay una corrupción impresionante en la materia; no se aplican los principios y desafortunadamente mantener, verbigracia, que para que proceda la violencia familiar se requiera una denuncia personal o una querella, en sí es la manera de burlar y caer en la impunidad de los sujetos que cometen esta clase de delitos; las leyes no se adaptan a esa realidad y en el caso concreto deberían existir persecución de esos delitos de oficio, es decir sin que haya una denuncia específica sino que cualquier persona e incluso de oficio, el ministerio público si sabe de la violencia que se está perpetrando en alguna parte, hacer acto de presencia y aplicar la ley, y en su caso ante la flagrancia detener en ese momento a quienes estén cometiendo esos delitos que desgraciadamente en la situación jurídica actual la querella se desvanece, surgen las amenazas nuevamente y ante la inminencia de castigar a los hombres responsables, éstos amenazan y obligan prácticamente a que quien inició una querella o una denuncia se retracte, y entonces la ley quede burlada, y esos sujetos que pudieron haber sido castigados salen fortalecidos porque lo que no mata fortalece como metáfora, y si ellos en su momento agreden, delinquen, aprovechan de su fuerza física, económica, sexual, social, cultural, e impiden por la violencia de alguna manera incluida la moral que se continúe con la averiguación, ésta se detiene y se vuelve a lo mismo; por eso pensamos que, verbigracia, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México que parece que duerme frente a esos graves problemas y empieza con situaciones tan ridículas como la iniciativa recientemente presentada por dos diputadas de MORENA, que pretenden modificar cuatro o cinco artículos del contrato de arrendamiento para que como efecto de la pandemia, frente a los contratos de arrendamiento si las personas no pueden pagar la renta soporten esto los arrendadores, y se fundan en la Constitución para decir que todos tienen derecho a una vivienda digna; nada más que esto tiene que hacerlo el Gobierno sea local o federal y no un particular; pero volviendo al tema de la violencia familiar se requieren políticas públicas adecuadas, es decir que las denuncias se hagan efectivas en el momento que las personas sean agredidas y de inmediato de las delegaciones se traslade la fuerza pública, para poner el remedio, y en su caso llevar detenidas a las personas que lo están cometiendo, y beneficiar a las familias; los refugios no serán suficientes, y claro, aquí se enfrenta uno a un problema que tendrá que resolverse por el daño menor; meter a la cárcel al agresor que en un momento dado es que soporta a esa familia es preferible dejar que siga cometiendo sus conductas tan graves, agrediendo y a veces causando daños de por vida a los miembros de su familia; seguramente que estas son tareas pendientes, tanto para las legislaciones locales como para la Ciudad de México, en la que se habla y no hay por qué ponerlo en duda, que se presentan 66 denuncias al día por violencia familiar, y este es un número que se ubica en un lapso muy elemental del mes de enero a la fecha, y sobre todo en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán; frente a esto las autoridades tienen la palabra; hay que desquitar el sueldo en las Asambleas Legislativas, plantear esta problemática, convocar a foros abiertos y encontrar las soluciones que demanda y que merecen las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y quienes son los más débiles en la familia; pedimos una disculpa a nuestros distinguidos lectores porque hemos reiterado la temática de la violencia familiar, pero frente a esto no podemos quedarnos callados, y mucho menos con este gran medio de difusión que es “El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuatla” para que quien me haga el honor de leer esto haga conciencia y contribuya de alguna manera a atenuar y resolver esta grave problemática.


Profesor de Carrera, con 53 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ni el Derecho Penal Familiar ni el Derecho Familiar con sus normas actuales han podido paliar, atenuar o en su caso resolver esta grave problemática.

La pandemia, el poco espacio físico -uno o dos cuartos para cuatro o seis personas- estar más tiempo en el hogar; no tener medios para más espacios materiales en la convivencia, han agravado las diferentes formas y maneras de la violencia familiar a través de conductas equivocadas, que desgraciadamente han sido tradicionales, no sólo en México sino también a nivel internacional, y que desgraciadamente este coronavirus ha venido a hacerlo más grave.

Desgraciadamente en la violencia familiar las personas que más la sufren son las mujeres, no importa que sean cónyuges, concubinas, parejas del mismo sexo, niñas o niños; los adolescentes y en su caso si viven en la misma casa de los abuelos o abuelas contra ellos también se ceba la violencia, que desgraciadamente como dije al principio las leyes resultan obsoletas sobre todo porque hay una corrupción impresionante en la materia; no se aplican los principios y desafortunadamente mantener, verbigracia, que para que proceda la violencia familiar se requiera una denuncia personal o una querella, en sí es la manera de burlar y caer en la impunidad de los sujetos que cometen esta clase de delitos; las leyes no se adaptan a esa realidad y en el caso concreto deberían existir persecución de esos delitos de oficio, es decir sin que haya una denuncia específica sino que cualquier persona e incluso de oficio, el ministerio público si sabe de la violencia que se está perpetrando en alguna parte, hacer acto de presencia y aplicar la ley, y en su caso ante la flagrancia detener en ese momento a quienes estén cometiendo esos delitos que desgraciadamente en la situación jurídica actual la querella se desvanece, surgen las amenazas nuevamente y ante la inminencia de castigar a los hombres responsables, éstos amenazan y obligan prácticamente a que quien inició una querella o una denuncia se retracte, y entonces la ley quede burlada, y esos sujetos que pudieron haber sido castigados salen fortalecidos porque lo que no mata fortalece como metáfora, y si ellos en su momento agreden, delinquen, aprovechan de su fuerza física, económica, sexual, social, cultural, e impiden por la violencia de alguna manera incluida la moral que se continúe con la averiguación, ésta se detiene y se vuelve a lo mismo; por eso pensamos que, verbigracia, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México que parece que duerme frente a esos graves problemas y empieza con situaciones tan ridículas como la iniciativa recientemente presentada por dos diputadas de MORENA, que pretenden modificar cuatro o cinco artículos del contrato de arrendamiento para que como efecto de la pandemia, frente a los contratos de arrendamiento si las personas no pueden pagar la renta soporten esto los arrendadores, y se fundan en la Constitución para decir que todos tienen derecho a una vivienda digna; nada más que esto tiene que hacerlo el Gobierno sea local o federal y no un particular; pero volviendo al tema de la violencia familiar se requieren políticas públicas adecuadas, es decir que las denuncias se hagan efectivas en el momento que las personas sean agredidas y de inmediato de las delegaciones se traslade la fuerza pública, para poner el remedio, y en su caso llevar detenidas a las personas que lo están cometiendo, y beneficiar a las familias; los refugios no serán suficientes, y claro, aquí se enfrenta uno a un problema que tendrá que resolverse por el daño menor; meter a la cárcel al agresor que en un momento dado es que soporta a esa familia es preferible dejar que siga cometiendo sus conductas tan graves, agrediendo y a veces causando daños de por vida a los miembros de su familia; seguramente que estas son tareas pendientes, tanto para las legislaciones locales como para la Ciudad de México, en la que se habla y no hay por qué ponerlo en duda, que se presentan 66 denuncias al día por violencia familiar, y este es un número que se ubica en un lapso muy elemental del mes de enero a la fecha, y sobre todo en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán; frente a esto las autoridades tienen la palabra; hay que desquitar el sueldo en las Asambleas Legislativas, plantear esta problemática, convocar a foros abiertos y encontrar las soluciones que demanda y que merecen las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y quienes son los más débiles en la familia; pedimos una disculpa a nuestros distinguidos lectores porque hemos reiterado la temática de la violencia familiar, pero frente a esto no podemos quedarnos callados, y mucho menos con este gran medio de difusión que es “El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuatla” para que quien me haga el honor de leer esto haga conciencia y contribuya de alguna manera a atenuar y resolver esta grave problemática.


Profesor de Carrera, con 53 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.