Hace algunas semanas, escribí sobre la importancia de que el Gobierno del Estado de Morelos respetara la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) y, a su vez, así como de que enfocara sus esfuerzos en crear condiciones para que esta institución pudiera alcanzar sus objetivos. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la integridad y los derechos de todas las y los morelenses.
Esta necesidad sigue vigente; no obstante, el gobierno de Morelos ha optado por usar su poder para llevar a cabo una vendetta política en contra de la CDHM. Se han hecho actos de abuso de poder por parte del gobernador, Cuauhtémoc Blanco y del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.
Hay una ignorancia legal y una persecución política en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a partir de que desde esta institución se han hecho señalamientos de la actuación indebida de las autoridades estatales. Me refiero específicamente a la denuncia de violencia ejercida por elementos de la policía estatal, en contra de menores de edad en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) a quienes golpearon, sometieron y humillaron.
Por ello, no es sorpresa que el gobierno de Morelos tenga un interés político de que la CDHM no cumpla con sus obligaciones y responsabilidades, pues esto implicaría que el ejecutivo debería enfrentar y limpiar los desastres que ocurren en su interior. Es muy problemático que la solución a los problemas sea ocultarlos, a partir de la obstrucción de los trabajos de procuración de los derechos humanos. Esto es algo que, desde este espacio, no vamos a permitir, vamos a defender los intereses de las y los morelenses.
Por otro lado, me parece muy grave que ante este tipo de problemáticas las y los diputados del Congreso local no alcen la voz ni actúen para detener estos abusos. Esto significa que quienes fueron elegidos para representar los intereses de las y los morelenses, no se han tomado el tiempo para abogar por la defensa de los derechos más fundamentales de nuestra gente.
No obstante, desde este espacio no permitiremos esta clase de abusos de poder, pues afectan directamente la integridad de la ciudadanía morelense, ya que atentan contra la institución encargada de vigilar que sus derechos fundamentales sean respetados. La incomodidad que las tareas de la CDHM puedan generar en el gobierno del estado no es razón para ejercer una persecución política en su contra; sino que debe ser una señal de alerta al interior del gobierno.
Por ello, desde el Senado pediremos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema. Asimismo, presentaré un punto de acuerdo para que se investigue y se aplique todo el peso de la ley en contra de estos abusos de poder. Vamos a abogar por que los derechos humanos de todas y todos en Morelos sean respetados, y por que estos puedan ser debidamente vigilados. Sin derechos humanos no es posible garantizar una vida digna para nuestra gente.
Senadora por Morelos
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