Programa de gobierno y política de la realidad

¿Puede trabajarse en el diseño de instituciones y leyes que garanticen que los candidatos, lo mismo un gobierno que un parlamento, se mantengan firmes y fieles en torno al compromiso contraído por el electorado?

La respuesta es que eso difícilmente ocurrirá, en primer término, en el caso de los gobernantes, porque llegan al poder enfrentando la realidad nacional que deja su antecesor, y porque el carácter parlamentario, en el segundo caso, es de suyo deliberativo con fuerzas políticas e ideológicas distintas y lo que se impone es la negociación.

En torno a la concepción de gobiernos responsables, su concreción es igualmente difícil, de nueva cuenta porque los incentivos –e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario- pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa de gobierno expresado en campaña.

Y es que, aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.

Otras dificultades tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.

Por tanto, las elecciones no son el único medio para evaluar a los representantes, a los gobiernos, sobre todo si la sociedad echa mano de la evaluación del desempeño de instituciones democráticas que tienen su propio peso específico, cuya misión es alcanzar el equilibrio y la revisión mutua del desempeño. Esto aplica en los cargos y poderes sujetos a elección, pero no en el Judicial.

La crisis de representación y la de las democracias mismas, que arrastramos ya durante décadas, sigue siendo vista con pesimismo, particularmente porque las élites económica y política determinan tanto el andamiaje institucional como el legal, siempre partiendo de su propio beneficio.

Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno –la transparencia- y seguimos topándonos con el muro del oscurantismo de los que nuestros supuestos representantes –tanto en el gobierno como en los congresos- dicen hacer en nuestro beneficio.

Uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos, tanto en el caso de la representación como en el de la democracia, es la imposibilidad de evitar que las élites políticas induzcan tanto el resultado de las elecciones como de las políticas gubernamentales, tomando decisiones de grupo bajo la argumentación de que ese es el beneficio de las mayoría. El problema con el reloj del sistema político mexicano contemporáneo consiste en que por lo menos una parte de la élite política es impuesta o restaurada por el presidente (AMLO) de turno, quien, dado su personalismo requiere del contrapeso del Poder Judicial de la Federación para la defensa de la democracia constitucional y de los equilibrios y vigilancia que, entre poderes imaginó para la literatura y la política de la realidad, el Barón de Montesquieu y, (por desgracia) la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Corte, no contribuye con ese criterio. El correo político expone una realidad peor aún: la excusa es la corrupción y el objetivo central es el control total del escenario político.

Director Editorial: www.escenariopolitico.mx

Facebook / Linkedin: Daniel Adame Osorio

Twitter: @Danieldao1

Instagram: @danieladameosorio