Proteger los derechos humanos

Vivimos tiempos complicados en el estado de Morelos. La semana pasada, llamó la atención un conflicto entre el Gobierno del Estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). Ello, a partir de que el titular de la CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz, denunciara que fue víctima de presiones e intimidaciones por parte del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.

A partir de ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (la cual está conformada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus símiles estatales) hizo un llamado al Gobierno del estado para que se respetara la autonomía de la CDHEM, así como que se garantizara el orden constitucional. Lo anterior, a través de una carta en la que, además, se condenó cualquier acto de intimidación y hostigamiento en contra de la instancia estatal, por el ejercicio de sus tareas.

Y es que los derechos humanos son uno de los pilares más importantes de las sociedades democráticas y, por ende, su procuración debería de situarse dentro de los puntos más importantes de las agendas de los estados. Asimismo, esta tarea cobra aún más relevancia cuando se le coloca dentro del contexto que se vive en Morelos hoy en día, en el que la desatada ola de violencia —consecuencia de una falta de estrategias de prevención y persecución del delito— ponen a los derechos humanos de las y los morelenses en una posición vulnerable.

Por ello, el gobierno del estado no debe intervenir dentro de la competencia de la máxima instancia de protección de los derechos humanos en Morelos, ni entorpecer sus actividades; al contario, sus esfuerzos deberían estar encaminados a la creación de condiciones para que a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos le sea posible perseguir y alcanzar sus objetivos.

El respeto y apoyo entre instituciones es necesario para que los distintos niveles de gobierno puedan prosperar (lo que se traduce directamente en una mejora en la calidad de vida de las personas). En Morelos, no solo podemos ver la falta de coordinación que existe entre el gobierno del estado y las distintas instancias que conforman la administración pública morelense; sino que, además, podemos observar un ejercicio violento del poder ejecutivo en contra de una de las instituciones más importantes para la protección de la ciudadanía.

Los derechos humanos son las garantías mínimas que deben tenerse para que se asegure la vida digna de las personas. Por ello, es peligroso que se descuide la procuración de los derechos humanos, más aún cuando a esta apatía se le suma una persecución activa a la institución que los protege.

Desde este espacio y en congruencia con mis ideales, me sumo al llamado de respeto a los derechos humanos y las instituciones que los resguardan pues, para poder tener sociedades prósperas, dignas y humanas, es necesario que se garanticen los derechos que otorgan dignidad a la vida de las personas. Se deben poner en primer lugar a las y los morelenses y, al final, las pugnas políticas.

Senadora por Morelos

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