Como parte del esfuerzo por conservar sus privilegios, así como de sus allegados, el proyecto Pegasus fue usado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para contener el descontento y la rebeldía popular a través de métodos policiacos que violaron los derechos de miles de ciudadanos prominentes –incluyendo al actual presidente AMLO- y pusieron a México a merced de los espías del estado prianista.
Lo anterior es el resultado de una investigación de nivel internacional, desarrollada por 80 periodistas de los medios más importantes del mundo (New York Times, Le Monde, The Guardian) los que han revelado información fundada que pone en evidencia los métodos más ilegales y perversos usados por muchos gobiernos del mundo.
El total de teléfonos infectados en todo el mundo fue de unos 50 mil, de los cuales alrededor de 15 mil fueron infectados por el gobierno mexicano. Durante el periodo de EPN, el gobierno peñista adquirió ese sofisticado programa de espionaje cibernético, creado por técnicos israelíes para combatir la rebeldía palestina, y usado por los sionistas para espiar, perseguir e inclusive aniquilar a la oposición palestina, a los que denomina “terroristas”. En nuestro país oficialmente no había “terroristas” pero igual se aplicó el programa de espionaje a miles de opositores.
La investigación es producto del esfuerzo durante dos años de los mejores reporteros del mundo, llamada Pegasus Project (Proyecto Pegaso) y que actualmente ya está publicando sus resultados. La empresa israelí NSO Group vendió en decenas de países un software malicioso que infectó unos 50 mil teléfonos celulares en todo el planeta. El sistema contiene una aplicación que revela el contenido de llamadas por celular, chats, correos e incluye geolocalizadores.
En México, Pegasus se aplicó para tener acceso a la información de dirigentes de oposición, líderes, periodistas y defensores de los derechos humanos. La lista es muy larga, e incluye periodistas de Proceso, La Jornada, Aristegui y otros similares. De la revista Proceso se puede nombrar entre otros a Jorge Carrasco, Rafael Rodríguez Castañeda, Alvaro Delgado y Jenaro Villamil. Este último actualmente ocupa la presidencia de Sistema público de Radiodifusión del gobierno mexicano (RTC).
Entre los líderes de la oposición contra los que se aplicó el espionaje, destaca AMLO y sus colaboradores. Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, su chofer y ayudantes, los líderes de Morena así como el propio Jesús Ramírez Cuevas, quien manejó para AMLO los medios de comunicación de tiempo atrás. El propio AMLO podría haber sido espiado, pero no sucedió porque él no acostumbra manejar su teléfono móvil.
De los integrantes de La Jornada el programa espió a Luis Hernández Navarro, coordinador editorial y Josetxo Zaldúa, coordinador de edición. También espiaron a columnistas como Salvador García Soto, Pascal Beltrán del Río y Raymundo Rivapalacio. Llegaron incluso a espiar a Carlos Loret de Mola, periodista muy afín al gobierno peñista, lo cual no impidió que le dieran trato de opositor.
Mención especial merece Daniel Lizárraga, destacado periodista de investigación, quien fuera uno de los autores del trabajo sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, publicado por Aristegui Noticias. La periodista fue privada de su fuente de trabajo por órdenes de EPN, mientras que Lizárraga fue perseguido a consecuencia de su trabajo.
Asimismo, el espionaje se aplicó contra los familiares de los 47 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y a sus abogados defensores. Otro tanto ocurrió contra líderes de opinión y periodistas incómodos de la provincia, entre ellos Cecilio Pineda Brito, del estado de Guerrero, asesinado en una planta de autolavado de Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero. Es posible que el sistema Pegaso haya servido para ubicar su posición.
Asimismo, fueron espiadas las actividades de Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, que se edita en Culiacán, a cuya redacción pertenecía Javier Valdez, periodista asesinado en esa ciudad por órdenes de narcotraficantes a quienes incomodaba su trabajo de investigación, por sus constantes denuncias contra criminales y autoridades.
El período de gobierno de EPN fue un sexenio de dura persecución contra periodistas, líderes sindicales, reporteros y trabajadores de los medios. Se registraron hasta 47 homicidios dolosos contra periodistas, sobre todo en la provincia, donde es mayor la falta de información de los ciudadanos, así como la influencia de los grupos criminales. A la fecha, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes ejercen el oficio de investigar y publicar información de toda clase.
La investigación sobre Pegasus se ha estado desarrollando bajo la coordinación de la agrupación francesa Forbidden Stories (Historias Prohibidas) y cuenta con el apoyo técnico de Amnistía Internacional.
Una de las peticiones que han surgido actualmente a raíz de estas revelaciones es que el gobierno de AMLO aporte información fundada de que los programas de software malicioso –de los cuales AMLO dijo que no se renovó la licencia con la empresa israelí-- ya no se están aplicando en México. Petición a la que, desde luego, nos unimos. Si en realidad queremos vivir en un país democrático, debemos exigir que en México no se aplique el espionaje ilegal e indiscriminado contra la población.
Toda investigación personal debe ser realizada por los órganos del estado, pero siempre por orden de un juez competente que encuentre suficientes elementos para investigar a fondo las actividades de los presuntos delincuentes. No se debe continuar con la nefasta práctica de usar los datos personales contra los que tengan puntos de vista diferentes al oficial.
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