Nadie parece tener la cifra actualizada, pero en Morelos debe haber más de 10 mil contadores públicos un número similar de administradores y especialistas en finanzas. Por gente especializada en el manejo de los presupuestos ningún poder público debería sufrir. Sin embargo, aparentemente en Morelos las finanzas públicas padecen de todos los vicios posibles que permiten toda suerte de actos discrecionales con la tolerancia cómplice de la clase política.
Basta ver los resultados de estudios sobre el ejercicio presupuestal de Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos que gastan más dinero del programado en diversos rubros que, por cierto, son fácilmente presupuestables y que, al final de cada año requieren de rescates financieros del gobierno federal, para suponer justificadamente la existencia de un error sistémico.
En el 2020, el Ejecutivo morelense gastó más de lo que presupuestó en educación, salud, seguridad pública y comunicación social, por ejemplo. Aún con ello, el adeudo a trabajadores de la educación y la salud, y la insuficiencia de recursos de la comisión de seguridad pública, son recurrentes en el escenario local. El reconocimiento de la Secretaría de Hacienda de Morelos, de un boquete de alrededor de 800 millones de pesos para cerrar el 2021, evidencia que, en el mejor de los casos hubo un desorden en la planeación y ejecución causante del déficit de cierre de año no sólo por las ampliaciones presupuestales requeridas por órganos autónomos (que podrían no ser directamente responsabilidad del Ejecutivo), sino hasta para pagar prestaciones a trabajadores, que evidentemente resultaban programables.
El asunto es que la práctica de los diseñadores de presupuestos de programar menores gastos, significa para los tomadores de decisiones mantener una facultad discrecional sobre el gasto. A través de transferencias, los titulares del dinero público se permiten reasignar montos de acuerdo con las necesidades que ellos mismos crearon. Un especialista en finanzas observaría inmediatamente esa conducta como desordenada y favorecedora de esquemas de corrupción; pero en cuestión del gasto público en Morelos se ha normalizado al grado que se asume como una facultad regular y no extraordinaria de gobernadores, alcaldes y otros titulares de instituciones.
En esencia, permitir las transferencias significaba que, en casos extraordinarios y absolutamente justificados, el dinero público podía ser reorientado, por ejemplo, a la atención de algún desastre, o a gastos no programables en el momento del diseño de los presupuestos (por ejemplo, escenarios de inflación no considerada o crisis económicas graves). El problema fue que la facultad se extendió, no sólo en este sexenio, a prácticamente cualquier gasto. Así, los gobiernos estatal y municipales reorientan a la nómina, por mencionar lo más común, o prestaciones de los trabajadores, millones de pesos no programados al principio de año, aún sin reportarse crecimiento alguno en sus plantillas laborales. La solución está en reducir el monto disponible o prohibir de plano las transferencias sin la autorización de otro poder, y esa decisión corresponde al Congreso local, que otra vez tiene argumentos para proponerlo.
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