/ miércoles 22 de mayo de 2019

Recortando la salud…

Uno de los problemas elementales de la administración es calcular los ahorros en función de relaciones costo-beneficio, entre otras cosas porque los beneficios resultan mucho más difíciles de calcular que los costos. Por ejemplo, uno siempre puede estimar el costo por energía eléctrica, lo puede medir en pesos, en horas o días de trabajo conforme al salario, y puede establecer parámetros más o menos objetivos; pero los beneficios que uno obtiene de la energía son más difíciles de calcular porque muchos de ellos están relacionados con estados de confort, en ese caso, el ejercicio conveniente es considerar lo que costaría no tener energía eléctrica, condición que siempre es mucho más cara que el pago de la misma.

En el afán de ahorro establecido por el gobierno federal, y que comienza a replicarse con mayor o menor éxito en las entidades federativas, parece que no opera la lógica de costo beneficio sino, por el contrario, la tabla rasa del recorte indiscriminado. El cálculo de la austeridad como política administrativa del gobierno federal parece excesivo en tanto no considera los beneficios que algunos gastos pueden generar a la población a la que se sirve, y en cambio, considera solamente el recorte de gasto en estructuras administrativas aparentemente sanas, sin considerar el efecto negativo que tendrán en la sociedad y, por consiguiente, en la economía del país.

Justo al escribir esto se conoce de dos hechos espantosos aunque estuvieran aislados: primero, la renuncia de Germán Martínez al IMSS provocada por el enfrentamiento con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en torno a la reducción de presupuesto a la institución de salud más importante del país; luego los recortes por más de 794 millones de pesos a institutos y hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Y bueno, una cosa es ir con el doctor Simi para ahorrarse unos pesos en la consulta y los medicamentos, y otra es renunciar de plano a atender la salud de millones de mexicanos.

Porque si bien es cierto que en el sector salud en toda la república se cometieron muchas tropelías y actos de corrupción que siguen impunes, también lo es que en materia sanitaria los beneficios que la población adquiere son siempre muy superiores a los gastos que reporta. “Ese control del gasto tiene dos consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento… Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, dice Germán Martínez en su carta de renuncia al Seguro Social.

No menciona el director sino la injusticia, misma que convendría poner en términos de costos a futuro: el incremento del gasto en atención médica, en medicamentos, la incapacidad de miles de familias para acceder a cuidado sanitario de calidad, en términos sociales. En materia de política de salud, la injerencia de la Hacienda central sobre las instituciones de salud afecta la gobernanza del sector, limita el desarrollo de investigaciones, el poder de trazar políticas urgentes de salud pública, además de otros costos que los especialistas en la materia seguramente expondrán en estos días.

Por lo pronto, las afectaciones en el sistema de salud empiezan a ser notorias en términos de atención (o falta de la misma), en prácticamente todo el país, donde la promesa de mejora en el sistema de atención médica a los ciudadanos falla sexenio tras sexenio.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Uno de los problemas elementales de la administración es calcular los ahorros en función de relaciones costo-beneficio, entre otras cosas porque los beneficios resultan mucho más difíciles de calcular que los costos. Por ejemplo, uno siempre puede estimar el costo por energía eléctrica, lo puede medir en pesos, en horas o días de trabajo conforme al salario, y puede establecer parámetros más o menos objetivos; pero los beneficios que uno obtiene de la energía son más difíciles de calcular porque muchos de ellos están relacionados con estados de confort, en ese caso, el ejercicio conveniente es considerar lo que costaría no tener energía eléctrica, condición que siempre es mucho más cara que el pago de la misma.

En el afán de ahorro establecido por el gobierno federal, y que comienza a replicarse con mayor o menor éxito en las entidades federativas, parece que no opera la lógica de costo beneficio sino, por el contrario, la tabla rasa del recorte indiscriminado. El cálculo de la austeridad como política administrativa del gobierno federal parece excesivo en tanto no considera los beneficios que algunos gastos pueden generar a la población a la que se sirve, y en cambio, considera solamente el recorte de gasto en estructuras administrativas aparentemente sanas, sin considerar el efecto negativo que tendrán en la sociedad y, por consiguiente, en la economía del país.

Justo al escribir esto se conoce de dos hechos espantosos aunque estuvieran aislados: primero, la renuncia de Germán Martínez al IMSS provocada por el enfrentamiento con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en torno a la reducción de presupuesto a la institución de salud más importante del país; luego los recortes por más de 794 millones de pesos a institutos y hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Y bueno, una cosa es ir con el doctor Simi para ahorrarse unos pesos en la consulta y los medicamentos, y otra es renunciar de plano a atender la salud de millones de mexicanos.

Porque si bien es cierto que en el sector salud en toda la república se cometieron muchas tropelías y actos de corrupción que siguen impunes, también lo es que en materia sanitaria los beneficios que la población adquiere son siempre muy superiores a los gastos que reporta. “Ese control del gasto tiene dos consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento… Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, dice Germán Martínez en su carta de renuncia al Seguro Social.

No menciona el director sino la injusticia, misma que convendría poner en términos de costos a futuro: el incremento del gasto en atención médica, en medicamentos, la incapacidad de miles de familias para acceder a cuidado sanitario de calidad, en términos sociales. En materia de política de salud, la injerencia de la Hacienda central sobre las instituciones de salud afecta la gobernanza del sector, limita el desarrollo de investigaciones, el poder de trazar políticas urgentes de salud pública, además de otros costos que los especialistas en la materia seguramente expondrán en estos días.

Por lo pronto, las afectaciones en el sistema de salud empiezan a ser notorias en términos de atención (o falta de la misma), en prácticamente todo el país, donde la promesa de mejora en el sistema de atención médica a los ciudadanos falla sexenio tras sexenio.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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